Justicia se compromete a poner en marcha nuevo CPP en julio de 2017

Las manos del presidente de la República, Tabaré Vázquez, y del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Pérez Manrique se encontraron a medio camino y se fundieron en un apretón que selló definitivamente la entrada en vigencia del nuevo Código del Proceso Penal (CPP) en Uruguay.

El 16 de julio de 2017 es el día acordado entre el gobierno y la Suprema Corte para que se ponga en marcha el nuevo código en todo el país, informaron en una declaración de prensa conjunta Vázquez y Pérez Manrique.

De esta manera se posterga en cinco meses y medio la entrada del nuevo CPP, dado que en el acuerdo entre el gobierno y los partidos de oposición se había fijado el 1 de febrero como fecha del inicio de la aplicación del nuevo Código del Proceso.

El presidente de la República detalló que se destinarán 474 millones de pesos. Unos 20 millones se gastarán este año para la capacitación de funcionarios, infraestructura y compra de tecnología. Mientras que en 2017 y 2018 se destinarán 166 y 188 millones respectivamente.

Por su parte, la Suprema Corte se comprometió a que el nuevo CPP entre en vigencia de forma inexorable el 16 de julio de 2017.

Pérez Manrique manifestó la "voluntad política" y el "compromiso institucional" de que el nuevo CPP empiece a funcionar "sí o sí" en la fecha fijada. De hecho, el presidente de la Suprema Corte anunció que pondrán un reloj digital en la página web de la Suprema Corte con una cuenta regresiva y que, al mismo tiempo, comenzarán a trabajar en aspectos educativos para que la población sepa qué esperar del nuevo Código del Proceso.

Vázquez dijo que este acuerdo constituye un "hito" y un "paso trascendental" en el manejo del derecho penal si se considera la cantidad de intentos fallidos que hubo en las últimas dos décadas para cambiar el Código del Proceso Penal. En este sentido, celebró los esfuerzos de todo el sistema político por poder acordar de forma "unánime" en este tema. En esta línea, Pérez Manrique dijo que sería significativo que los tres poderes del Estado recibieran con un gran acto la entrada en vigencia del nuevo CPP, tal como ocurrió en México el pasado 18 de junio, cuando ese país pasó a un sistema penal acusatorio.

Pérez Manrique valoró de forma positiva que el Poder Ejecutivo haya incluido en la Rendición de Cuentas todos los recursos que la Corte solicitó para la puesta en marcha del CPP. Sin embargo, volvió a subrayar que los recursos que el Estado emplea para la Justicia Civil, Familiar y Comercial -lo cual representa 80% de la actividad de la Justicia, según Pérez Manrique- son insuficientes. El presidente de la Suprema Corte recordó que ni en esta Rendición de Cuentas ni durante el 2015 se consideró este punto y expresó el deseo que el buen clima de diálogo que lograron con el Ejecutivo en el tema CPP se mantenga para otras cuestiones presupuestales en el futuro.

Implicancias

El presidente Vázquez dijo que el nuevo CPP implica "mejoras sustanciales" para la aplicación del derecho penal. En primer lugar se refirió a la contemplación de los derechos de quienes están imputados y de la víctima. En segundo lugar, dijo Vázquez, implica "poner al país en un lineamiento de cumplir con los planteos hechos por organismos internacionales". Finalmente, el mandatario se refirió al "acortamiento de los plazos" para la emisión de las sentencias. Por su parte, Pérez Manrique dijo que la mayoría de personas que estén privadas de libertad estarán con una sentencia de condena, pero en muchos casos la espera de esa sentencia de condena se hará en libertad.

"Esto es un factor que implica un cambio cultural que hay que explicarlo bien", dijo el presidente de la Suprema Corte.

Montevideo y Maldonado son los dos departamentos en donde el proceso de cambio está más adelantado, informó Pérez Manrique. En otros departamentos se requieren soluciones edilicias. Además, el magistrado dijo que harán un llamado público para dar ingreso y comenzar con la preparación de los defensores de oficio

El Código del Proceso Penal (CPP) que entrará en vigencia en poco más de un año establece un sistema oral, público y acusatorio, que implica que la tarea de dirigir las investigaciones y mantener contacto con la Policía quedará a cargo de los fiscales y dejará de ser función de los jueces. Por otra parte, el CPP introducirá importantes en cambios en cuanto a la regulación de la prisión preventiva, ya que en la mayoría de los casos la privación de libertad procederá al momento de la condena.