Justicia uruguaya espera fallo sobre Lázaro Báez y su contador

La compra del campo está bajo sospecha porque Pérez Gadín es indagado en Argentina, junto con Báez, por evasión fiscal y lavado de dinero. En caso de que el juez Casanello los procese por un delito que sea precedente del de blanqueamiento de capitales, la Justicia de Uruguay puede pedir el embargo del campo El Entrevero como pedida cautelar.

El fiscal argentino que acusó a Báez y a Pérez Gadín, Guillermo Marijuán, aseguró ayer que el juez Casanello "va a dictar el procesamiento, posiblemente con prisión preventiva, o sin prisión preventiva, y a partir de ahí, las defensas tendrán los recursos procesales para revisar esa decisión", informa el diario La Nación.

El delito por el que se procese a Báez y Pérez Gadín condicionará a la Justicia uruguaya. Ambos fueron acusados por el fiscal Marijuán de lavar US$ 5 millones provenientes de la evasión fiscal de la constructora Austral Construcciones a través de la financiera SGI, conocida como La Rosadita, en la que Pérez Gadín y el hijo de Báez, Martín, contaron millones de dólares, reveló canal 13.

Sin embargo, el delito de evasión fiscal, por el que se acusa a Báez y Pérez Gadín en Argentina, no es precedente de lavado de dinero en Uruguay. Eso significa que la Justicia uruguaya no puede procesar a Báez y Pérez Gadín por lavado de dinero si se los enjuicia en Argentina por evasión fiscal.

Las autoridades antilavado de Uruguay han expresado su preocupación por la no tipificación como delito de la evasión impositiva, como exigen los organismos internacionales. "Uruguay tiene riesgos serios de lavado de activos provenientes de la evasión fiscal. Hemos sido la plaza regional para ese tipo de fondos", reconoció en abril de 2015 Daniel Espinosa, entonces gerente de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central, la unidad encargada de denunciar en la Justicia a los lavadores de dinero. Por su parte, Carlos Díaz, secretario nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, ha expresado la necesidad de que se incluya la evasión fiscal como delito precedente antes de 2019, cuando Uruguay será evaluado sobre su sistema antilavado por el Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales (GAFI).

Ante ese retraso en la legislación nacional, la jueza Adriana de los Santos necesita que se pruebe en Argentina que el dinero con que se compró el campo El Entrevero proviene de un ilícito incluido en la ley 18.494, que establece las formas de lavado de dinero. El artículo 8 de esta ley menciona 22 delitos (entre ellos la estafa y los delitos contra la administración pública) a partir de los que se lava dinero, pero no incluye la evasión fiscal.

Si Báez o Pérez Gadín son procesados en Argentina por alguno de los 22 delitos mencionados en la ley 18.494, la Justicia de Uruguay podría avanzar y embargar el campo que costó US$ 14 millones. Hasta ahora, los únicos que declararon ante la Justicia por la compra de este campo fueron el escribano y el agente inmobiliario que participaron del negocio. Ambos fueron sancionados por el Ministerio de Economía por no haber alertado al Banco Central de que se trataba de una operación sospechosa de lavado: el escribano fue sancionado en US$ 276.035 y el agente inmobiliario en US$ 88.934.

En diciembre de 2013, luego de confirmar con documentos que Pérez Gadín compró el campo El Entrevero en US$ 14 millones, El Observador entrevistó a José Sbattella, entonces presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina, la encargada de investigar lavado de dinero. En esa entrevista, Sbatella reconoció que los millones utilizados para comprar el campo salieron de "la obra pública".

Las empresas de Báez, con Austral Construcciones a la cabeza, ganaron licitaciones públicas entre 2005 y 2015, durante la década kirchnerista, por US$ 870 millones, informó el Ministerio de Planificación al juez federal Claudio Bonadío, que investigó la relación entre Báez y Néstor Kirchner y Cristina Fernández, hasta que fue separado de la causa.

Bonadío consiguió documentos que prueban que entre 2010 y 2011 empresas de Báez pagaron miles de noches de uso de habitaciones en los tres hoteles del matrimonio presidencial. La mayoría de esas habitaciones no eran ocupadas por lo que Bonadío.

Lázaro Báez fue detenido el martes en el aeropuerto de San Fernando por orden del juez Sebastián Casanello, quien tomó la medida ante la posibilidad de que el empresario kirchnerista se fugara del país. También fue detenido su contador, Daniel Pérez Gadín. Tanto Báez, como su hijo Martín, y Pérez Gadín se negaron ayer a responder las preguntas de Casanello.

Lázaro Báez y Pérez Gadín quedaron ayer detenidos en una cárcel bonaerense. Ambos pidieron la excarcelación, pero el juez se las negó, como recomendó el fiscal Guillermo Marijuán, que acusó a Báez y Pérez Gadín de evasión fiscal y lavado de dinero.

"En el escrito que presentó su defensa, Lázaro Báez aseguró que se disponía a comprar un campo con los fajos de billetes que se vio contar a su hijo Martín y el contador Daniel Pérez Gadín, en el video difundido por el noticiero Telenoche" de canal 13, informó ayer Clarín.

"Casanello y Marijuán también participaron en las indagatorias a los excontadores de SGI, César Gustavo Fernández y Walter Zanot, que aparecían en el video de La Rosadita y se negaron a declarar, a la vez que el extitular de la financiera SGI Federico Elaskar respondió preguntas sobre unos reportes de operaciones sospechosas", agregó el portal argentino.