La buena noticia que desnuda una falla

Uruguay tiene exigencia de audacia en inversión de infraestructura
Por Nelson Fernández

Es una historia de tres décadas que involucra a siete gobiernos, de cinco presidentes.
Un colorado socialdemócrata, un blanco liberal, un colorado liberal, un frenteamplista de izquierda socialista democrática, y otro frenteamplista tupamaro con definición marxista y maoísta.
Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle, Sanguinetti, Jorge Batlle, Tabaré Vázquez, José Mujica y Vázquez.

Uno logró la ley de forestación (Nº 15.939, 28 de diciembre de 1987) y de zonas francas (N° 15.921, 17 de diciembre 1987).
Otro (Lacalle) impulsó ese proceso, lo reafirmó y lo instrumentó.
Otro (Batlle) promulgó el tratado de promoción y protección de inversiones (12 de mayo de 2004) y autorizó la instalación de una gigantesca fábrica para aprovechar la materia prima generada (14 de febrero de 2005).

Otro (Vázquez) avaló la apertura de la planta e inicio de operaciones (8 de noviembre 2007), pese a enfrentar un severo conflicto con el país vecino.

Y otro (Mujica) autorizó a la primera planta a incrementar su capacidad productiva (2 de agosto de 2013) e inauguró la segunda planta (24 de junio de 2014).
Y ahora, el anterior, se embarca en autorizar la tercera planta tras el anuncio del inicio de negociaciones (13 de julio de 2016).

Y vendrá otro que seguirá ese camino y cortará la cinta de la nueva fábrica.
Uruguay da un ejemplo de estabilidad política, de continuidad de grandes líneas de acción económica con protección a la inversión extranjera y con respeto a las reglas de juego.
No todo ha sido tan lineal y hubo algunas dudas en el camino.
Pero que una empresa de primera línea como UPM decida instalar una segunda fábrica de la magnitud de la proyectada implica un espaldarazo de confianza que es impulso al Uruguay.

La decisión de la empresa está tomada.
Pero la decisión no es construir sí o sí una planta para procesar celulosa de mayor magnitud de la primera, que está en Fray Bentos, y superior aun a la de Montes del Plata en Conchillas. La decisión es hacerla siempre y cuando Uruguay dé garantías de inversiones en la infraestructura necesaria para el caso. Y obviamente también contar con los incentivos fiscales y de regulación apropiada para una instalación de esta magnitud.

No se trata de una presión caprichosa de un grupo empresarial que busca arrancar ventajas.
Una inversión así es de interés para otros países, como Argentina o Brasil. Uruguay no es el único lugar posible.

La buena noticia de la semana desnuda también un problema del país: el estado de muchas rutas es inapropiado para un "país productivo".

Y en logística, tras la reforma del puerto en los años 90 y en la década de 2000, hubo avances. Pero los operadores privados advierten hace tiempo sobre problemas significativos en la conducción política del puerto, con una incidencia sindical en la toma de decisiones que deriva en costos y trabas innecesarias, lo que se mezcla por una guerra no resuelta entre empresas del sector.
La realidad del déficit de infraestructura no toma al país por sorpresa.

El 9 de noviembre de 2010, el entonces presidente José Mujica envió al Parlamento el proyecto de ley de marco regulatorio aplicable al régimen de contratos de participación público privada (PPP).
"Uruguay presenta una dotación en infraestructura inferior a la que determinaría su desarrollo relativo", advirtió el gobierno en ese momento al dar los argumentos para convertir el proyecto en ley. Y destacó que "de acuerdo al Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, el país está en el puesto 78 en términos de infraestructura, mientras que el índice global de competitividad, que incluye las demás dimensiones de la competitividad, encuentra al país en el lugar 49".

Además prendía una luz amarilla: "Este atraso relativo refleja el riesgo que representa para el país que la dotación en infraestructura se transforme en un cuello de botella para continuar con el proceso de crecimiento económico sostenido de los últimos años, constituyéndose así un freno al fomento de la cohesión social y territorial, lo cual redunda en beneficio de toda la población".
Por eso, sostenía que era "necesario aumentar la inversión en infraestructura para maximizar las oportunidades de crecimiento del país, concretar el apoyo estratégico, que nuestro país sea un polo logístico para la región, y resolver algunas urgencias de carácter social como lo son hospitales, cárceles, escuelas, etcétera, evitando limitaciones al desarrollo".

Estaba claro. Vale la pena recordarlo.

El 19 de julio de 2011 fue promulgada la Ley Nº 18.786, pero las PPP se demoraron. Y todo se demoró.
Unos días antes de eso, el entonces presidente habló del caso en su audición radial semanal y lo hizo con tono dramático: "Si se espera un mayor crecimiento económico para sacar plata para invertir en rutas, no habrá crecimiento, porque no habrá cómo sacar la producción hacia sus puntos de venta".

Y agregó que "el país necesita(ba) por lo menos cuatro puntos del PBI para enfrentar la demanda de infraestructura", y en defensa de aquel frustrado impuesto a la tenencia de campos, dijo que se precisaba "reunir recursos para carreteras, puertos y ferrocarriles".
Fue enfático en alertar que "la marcha" del "proyecto productivo" se empezaba "a estrangular por el lado de la logística".

Fue en junio de 2011.

"Tenemos que reconstruir todo el sistema logístico, tenemos que reconstruir el tren y lo tenemos que hacer viable", dijo Mujica. Aseguró que si no se realizaban "inversiones formidables, tal vez US$ 300 o US$ 400 millones en el sistema vial", Uruguay "no estaría a la altura de las necesidades que reclama el país productivo".

Y bien. Pasaron cinco años y prácticamente solo pasó eso: cinco años.
Ahora hay un desafío y una oportunidad. Ahora el Estado tiene menos recursos y más demandas. Hay que ser más audaz y más eficiente.

UPM precisa un interlocutor de gobierno que coordine acciones y agilice trámites. El gobierno precisa que eso sea fluido y eficiente.Nada mejor que la planta se haga, y que se haga rápido.
Eso es bueno para el país y puede ser bueno políticamente si la cinta se corta en este período.
En aquel junio de 2011, el entonces jefe de Estado advirtió que Uruguay corría "el riesgo de sufrir un apagón logístico" y que ello "derivaría en un freno al crecimiento económico".
El país no puede esperar más.
No es por UPM. Es por Uruguay. l

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