La competencia reduce los precios

El estudio de un programa realizado en República Dominicana arroja conclusiones interesantes, sobre todo para un país como Uruguay donde los monopolios juegan un rol preponderante
Por Juan Dubra y Juan Diego Ferber

Desde Adam Smith, los economistas han visto a la competencia como una forma de alcanzar la eficiencia económica.

Smith consideraba la competencia entre productores como una forma eliminar las ganancias excesivas, la sobreoferta y satisfacer la demanda. Por otro lado, la competencia ejerce presiones a la baja sobre los costos, reduce los períodos de inactividad y provee incentivos para la producción eficiente.

Aunque para los economistas es bastante obvio, algunas veces el argumento se descarta como algo muy teórico, y que no se aplica en realidad, o que cuantitativamente no es importante.

El problema en discusiones de este tipo es que es difícil proveer evidencia "limpia" del efecto: si en un mercado hay muchos competidores y precios bajos, puede ser por la competencia o porque como los costos de operar eran bajos, entraron muchas firmas y aún precios bajos podían cubrir los costos.

Dada la importancia de la pregunta empírica, hay varios trabajos que mostraron econométricamente que la competencia reduce los precios. Sin embargo, en general se han basado en modelos complejos que tienen que explicar tanto la fijación de precios por las firmas instaladas, como la decisión de entrar al mercado. Eso hace que la evidencia esté abierta a disputa, y que no sea tan fácil de entender para no iniciados.
Afortunadamente, acaba de salir del horno un trabajo de Matias Busso y Sebastian Galiani (ahora viceministro de economía en Argentina) que demuestra cabalmente el efecto de la competencia sobre los precios.

El estudio "The causal effect of competition on prices and quality: Evidence from a field experiment" se apoya en un intento por mejorar el programa "Solidaridad" de transferencias a la gente de menores ingresos en República Dominicana.

El resultado es importante en sí mismo (por ilustrar un tema básico) y porque se basa en un programa que acarrea lecciones directamente para Uruguay (Fernando Borraz, economista del Banco Central y docente en la Universidad de Montevideo y el dEcon de la UdelaR, con sus coautores tiene un estudio similar para nuestro país).

"Solidaridad" deposita dinero en la cuenta bancaria de las familias; no puede retirarse y únicamente puede ser utilizado con una tarjeta de débito que sólo es válida en las tiendas afiliadas a una "Red de abastecimiento social" (almacenes comunes que solicitan ingreso a esa red).

Por otro lado, la tarjeta tampoco permite la compra de determinados productos (alcohol o tabaco por ejemplo). El programa creció desde 200.000 familias en 2005 a 520.000 en 2011. Desde ese entonces, la cantidad ha crecido a un ritmo promedio del 3% anual.
Del lado de la oferta, para formar parte de la red (y poder aceptar la tarjeta del programa solidaridad) las tiendas deben seguir un proceso estandarizado: aplicar a un llamado del gobierno, someterse a una inspección para asegurarse de que tiene acceso a determinados servicios básicos y al teléfono (esencial para el uso de la tarjeta de débito) y, en caso de cumplir con los requisitos, ser aprobada por el gobierno.
Para las tiendas no es gratis adherirse a la red. Muchas trabajan en condiciones irregulares que deberían regularizar o requieren mejoras (como la compra de un generador o la conexión a la línea telefónica) para poder unirse al programa.

Como contrapartida, el 56% de las compras en los comercios adheridos se financian directamente con dinero del programa. Adicionalmente, como los beneficiarios también consumen por fuera del programa (pagando en efectivo o por otros medios) se estima que hasta un 96% de las ventas de las tiendas asociadas al programa podrían ser a beneficiarios del programa.

Dada la limitada movilidad de los beneficiarios, un 95% de ellos compra en una tienda afiliada al programa ubicada a menos de 10 cuadras de su hogar. No obstante, el 95% de los beneficiarios pudo identificar una tienda no perteneciente al programa dentro del mismo rango de 10 cuadras (las tiendas no afiliadas son casi idénticas a las que si lo están, salvando el hecho de que no pueden aceptar la tarjeta del programa).

Originalmente, para poder "controlar" lo que gastaba la gente (no alcohol y cigarros, por ejemplo) se ideó lo de la red de abastecimiento, pero como no se sabía qué beneficios tendría, pocas tiendas pidieron para ser parte del programa.

Para "prometerle" beneficios altos a las tiendas, se acordó que entrarían pocas por barrio (para que pudieran ser "caras" y sin competencia). Luego, cuando ya se verificó que era rentable, el gobierno dominicano decidió que podía abrir un poco la cancha para bajar precios y que mejorara el rango de productos ofrecidos en las tiendas de la red.

También era posible abrir la cancha, porque como establecimos, había tiendas fuera de la red cerca de aquellas que sí estaban en la red.

Los autores, trabajando junto a la agencia ejecutora del programa (el MIDES local) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), buscaron la forma de expandir la red de tiendas afiliadas para analizar esta cuestión.
Eligieron 72 distritos donde hubiera una demanda relativamente alta en cada tienda adherida y donde se pudiera, al menos a priori, aumentar el número de tiendas afiliadas a la red. En cada uno de esos barrios se eligió aleatoriamente si dejarían entrar a 0, 1, 2 o 3 tiendas.
En total 21 distritos fueron seleccionados para no incorporar ninguna tienda, mientras que a los restantes 51 se les adjudicó 1, 2 o 3. Al final esta aleatorización se cumplió exactamente en 38 distritos, mientras que en 28 de ellos se incorporaron menos tiendas de las asignadas (no había tantos interesados) y en 6 terminaron siendo más.

El análisis básico consistió en preguntarse si los precios en las tiendas ya instaladas bajaban en los distritos donde se decidió que entrarían tiendas.

La gran ventaja de este análisis es que la decisión de si dejar entrar a una tienda o no fue aleatoria, por lo que cualquier baja de precios se debió a la decisión de dejar entrar tiendas y aumentar la competencia.

Es importante notar que no se fijaron en las caídas de precios en aquellos barrios donde entraron tiendas (que podrían haber entrado por tener costos bajos, por ejemplo), sino en aquellos aleatorios donde habían decidido habilitar la entrada.
Para todas las muestras y modelos (se utilizaron varios) los investigadores encontraron una baja significativa y robusta en los precios. Para el modelo más simple, se estimó que hubo una caída de un 5,6% en los precios de las tiendas que ya estaban en la red en aquellos distritos donde se permitió la entrada.
Además al investigar el efecto sobre los precios en profundidad e imponer cierto nivel de estructura, se estimó la elasticidad precio de la entrada en 0,08. Esto implica que, si la competencia aumenta en un 1% (medido como el porcentaje de aumento en el número de firmas), los precios deberían caer en un 0,08%.

En lo que refiere a la calidad de los productos ofrecidos y del servicio brindado, no se encontró un efecto significativo para ninguno de los dos, lo cual indicaría que el efecto de la competencia se refleja puramente en los precios, y no en una caída de la calidad del servicio.

Es un trabajo interesante, bien ejecutado, y con una enseñanza básica relevante. Especialmente para nuestro país, donde se desconfía de la competencia, y los monopolios estatales juegan un rol preponderante: Uruguay está quinto entre 120 países en la respuesta promedio a "la competencia es mala, saca lo peor de la gente", versus "la competencia es buena, estimula a la gente a trabajar duro y a desarrollar ideas nuevas".

Los hallazgos también son relevantes para nuestros propios programas de transferencias usando la tarjeta Uruguay Social.