La confiabilidad de las encuestas

Las empresas encuestadoras enfrentan la necesidad de asegurar la confiabilidad de sus conclusiones, luego de sus traspiés en las predicciones electorales del domingo. Ese día acertaron con la definición presidencial en el balotaje, pero erraron al descartar la mayoría parlamentaria del Frente Amplio sobre la base de porcentajes de votación que no se cumplieron en el escrutinio. Si bien fueron pequeñas las diferencias entre las predicciones porcentuales de votos y los resultados, bastaron para echar por tierra las categóricas afirmaciones a la hora 20:30 de que el Frente Amplio no mantendría su mayoría en el Poder Legislativo. La reacción oficial ha sido regular el funcionamiento del sector mediante una ley a ser aprobada en la próxima legislatura. Esta posición del Frente Amplio es dictada en parte por el propósito de mejorar la solidez de los informes de opinión pública y en parte por la disconformidad con los vaticinios. Anteriormente, el senador colorado José Amorín Batlle también había sugerido en marzo una ley reguladora, luego de proyecciones adversas de votación de su partido en las internas.

Al reclamar que “hay que legislar sobre el tema para ir a un sistema que dé mayores garantías del que tenemos hoy”, el candidato oficialista a la vicepresidencia, Raúl Sendic, comparó el caso de las encuestadoras con las empresas internacionales calificadoras de riesgo, “que tienen sistemas certificados que dan garantías sobre los resultados de la evaluación”. Es un argumento cuestionable. Por un lado, ambos sectores trabajan sobre fuentes diferentes. Las encuestadoras se manejan con una materia prima relativamente intangible, como son las respuestas de segmentos parciales de la sociedad, cuya posición puede cambiar sobre la marcha o no ser reflejo exacto de la realidad final. Las calificadoras, en cambio, operan en base a datos financieros precisos en los países que audita, incluyendo deuda pública y de otros elementos estructurales de cada economía. Y aun así pueden caer en graves claudicaciones, como ocurrió en la crisis mundial de 2008, cuando asignaron alta calificación a bancos y grandes empresas que se derrumbaron como castillos de naipes.

Entre quienes dirigen las encuestadoras y en los partidos opositores hay opiniones divergentes sobre la conveniencia de que se introduzca o no algún sistema regulatorio, como existe en algunos países de Europa, imponiendo elementos específicos y formas de trabajo en las consultas. Pero esta regulación puede ser realizada internamente por cada una de las empresas, inclusive dando a conocer públicamente y en forma detallada la forma y alcance de sus métodos de sondeo, así sean cara a cara, telefónicos o a través de las redes informáticas de comunicación, e implementando, en las que sea necesario, los estándares más exigentes con que funcionan en este campo las principales encuestadoras de otros países.

Las empresas, por otra parte, son las principales interesadas en perfeccionar la solidez de sus conclusiones para mantener la confianza pública de la que depende su negocio. En este caso, será la ciudadanía, así como las instituciones públicas y privadas que contratan sus servicios, los encargados de establecer cuáles son las encuestadoras más confiables, ya sea sobre temas político-partidarios u otros de los muchos en que incursionan para establecer el ánimo de la opinión pública. l