La confiscación

Nadie puede vivir por encima de sus recursos, sin pagar duramente el intento.

Por Dardo Gasparré

La discusión sobre la Rendición de Cuentas o, para hablar con más propiedad, sobre la repartija del cadáver del sector privado, es aburrida y obvia. Si el lector se toma el trabajo de leer las notas previas de esta columna verá que veníamos sosteniendo que al final del embudo solo habría más impuestos. No hacía falta nigromancia para llegar a esa conclusión. Una economía cerrada, con la consiguiente revaluación de la moneda y una alegre suba de salarios sistemática, solo terminaba donde se encuentra en este momento: mirándose el ombligo, como la estatua coreana de Buceo. Vuelto a la lógica económica el ingreso extraordinario de las commodities, queda la realidad de la mentira.

Como el populismo no puede retroceder, tiene que buscar a quién sacarle algo para repartirlo. Elemental. Entonces pergeña ahora la confiscación de patrimonios, en cuotas o post mortem, vía algún impuesto de emergencia, para seguir la ficción de bienestar. Para eso, el PIT-CNT intenta presionar al presidente Vázquez con su promesa electoral (al Frente Amplio) de llevar paulatinamente el presupuesto de educación al 6% del PIB. Nadie sabe por qué esa cifra garantiza una buena educación, pero suena bien, sobre todo como mecanismo de asegurar mejores salarios al gremialismo marxista en cuyas manos se encuentra la herramienta más importante de desarrollo con que cuenta Uruguay. Por supuesto, no se toma en cuenta que el presidente también prometió (a la ciudadanía) no aumentar ni agregar impuestos, detalle que se omite livianamente.

Caben algunas precisiones. La educación en manos de los gremios docentes no es lo mismo que la educación en manos de los educadores. No solo no son sinónimos, sino que son opuestos en la práctica. El marxismo educativo, que desprecia las pruebas PISA en nombre de quién sabe qué misterioso algoritmo que usa como cartabón de su tarea, que ha deteriorado la enseñanza hasta el borde del oscurantismo, quiere ahora más presupuesto para repartirse, como si el problema fuera económico. Una vez más el estatismo planificador central se atribuye la capacidad de hacerlo todo mucho mejor que cualquier otro sector, y luego, también la de determinar el modo en que sus resultados deben ser medidos y su costo financiado. Y cuando fracasa, sube la apuesta a su monopolio del fracaso y al asalto al presupuesto.

Porque si efectivamente la mágica cifra de 6% fuera tan importante para mejorar la educación, lo que debería preguntarse en este momento crítico es qué gasto hay que reducir para dedicar ese ahorro a aumentar el presupuesto respectivo. Pero el marxismo educativo no puede pensar de ese modo. Le conviene mucho más culpar por sus desatinos a un presupuesto de ¨apenas¨ el 4,5% del PIB, que se ve que no es suficiente para seguir usando la enseñanza como una fuente de trabajo y de ingresos y reparto, sin consentir analizar su propia gestión, que obviamente cree sagrada y más allá de cualquier evaluación o crítica.

Recurro aquí al máster en estupidez que ofrece Argentina a sus ciudadanos, del que me he beneficiado tantos años. En 1994 el Congreso argentino, supuestamente neoliberal, según el consabido apóstrofe dialéctico, aprobó por unanimidad una ley de Educación. Entre otras genialidades, la norma incorporaba a los sindicatos, vía el trágico Estatuto del Docente, como parte fundamental del sistema. También instauraba un gasto (perdón, inversión) de 6% del PIB, mágica cifra que garantizaba el conocimiento para todos. Después de 20 años, la educación argentina disputa mano a mano con la uruguaya en mediocridad, exclusión y falta de conocimientos.

Los geniales legisladores de la era Menem habían omitido considerar el hecho simple de que mientras en Argentina hacían falta 4 maestros por grado por año por ausentismo y prerrogativas, en Chile la cifra era 1,4 maestros por grado por año. Por supuesto, la educación chilena fue y es mucho mejor con menor costo.

La conclusión es simple: el problema no es la ideología. El problema es la planificación central del Estado en sociedad con el gremialismo ineficiente y retrógrado. Vale para Argentina, para Uruguay, para cualquier país.

Por eso la propuesta del senador Mieres es incompleta. Lo primero que debe analizarse, antes de legislar, es cual ha sido la performance del sistema estatal-gremial de planificación central. De lo contrario, se estaría doblando la apuesta a una fórmula perdedora, o sea, tirando la plata y las justas esperanzas de la sociedad. No es a un ministro o un funcionario al que hay que desplazar. Es todo un criterio de gestión que incluye al PIT-CNT, que se cree dueño de la educación cuando es apenas su secuestrador. La educación con el formato actual no funcionará con ningún nivel de presupuesto, como ocurre con cualquier otra cosa que hace el Estado con sus alter egos gremiales.

Estas consideraciones no son muy distintas para el Sistema de Cuidados, víctimas de prácticamente el mismo mecanismo perverso de gestión, o mejor dicho de digestión de dineros públicos.

Ambos temas son muy importantes para la sociedad, con todo derecho. Por eso se esgrimen como excusas para la confiscación de patrimonios, en la creencia de que ese apoderamiento no afectará la inversión, ni la calificación de deuda, ni las decisiones de radicación, en un momento donde muchas están retornando a Argentina, pasado el kirchnerismo suicida.

Lo que la sociedad debe aceptar es que para mejorar esas prestaciones esenciales hay que cambiar radicalmente el método de gestión y responsabilidades que ni el Estado ni los gremios son capaces de llevar adelante, como se ha probado hasta el agotamiento de la paciencia. Y si luego de ese imprescindible cambio se quisiera aún mejorar, primero hay que conseguir las inversiones, el crecimiento y los recursos legítimos, que solo vienen con una economía abierta, no con un gueto. Nadie puede vivir por encima de sus recursos, sin pagar duramente el intento.

Al borde de la desesperación por la pérdida evidente de su poder político y la de sus fáciles ingresos, el marxismo aprieta al presidente exigiéndole que cumpla sus compromisos. Olvida que el presidente tiene un compromiso más importante con toda la ciudadanía. Usa ahora la excusa del supuesto cierre comercial de Trump para inventar una emergencia, que no existe por ese lado, que justifique manotear el ahorro ajeno. Otra falsedad ideológica en quienes han descalificado a priori cualquier tratado comercial por mínimo e intrascendente que fuera. Para el Uruguay del marxismo, con o sin Trump el mundo es igual: un lugar peligroso y amenazador del que hay que protegerse, no una oportunidad.

Pero lo más grave y triste es que se intente volver a engañar a la ciudadanía haciéndole creer que con esta rapiña presupuestaria se mejorará la educación, único camino válido para el bienestar.