El presidente de la Suprema Corte de Justicia,
Jorge Chediak, le explicaba a un grupo de periodistas que el Poder Judicial necesita US$ 4 millones el próximo año para pagar las cuentas básicas (ANTEL, UTE, OSE) y "poder funcionar con un mínimo de dignidad", cuando apareció el senador blanco Luis Lacalle Pou en la sala. "Acá estamos llorando", le dijo Ckediak al senador. "Ya lo veo, deje un poquito de lágrimas para los demás", retrucó Lacalle Pou.
Intergremial del sistema judicial
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Dirigentes sindicales: Diego Pardo (actuario), Luis Ferrari (defensor de oficio), Ricardo Míguez (juez) y Carlos Fessler (funcionario judicial)
Dirigentes sindicales: Diego Pardo (actuario), Luis Ferrari (defensor de oficio), Ricardo Míguez (juez) y Carlos Fessler (funcionario judicial)
Gentileza del Colegio de Abogados del Uruguay
El seminario titulado "El Poder Judicial y su futuro inmediato" que se realizó ayer en la sede del
Colegio de Abogados del Uruguay (CAU) fue un coro de lamentos. Chediak, el presidente del CAU, Eugenio Xavier de Mello, representantes de los gremios de jueces, defensores de oficio, funcionarios judiciales y actuarios, y los senadores de la oposición Lacalle Pou, Pedro Bordaberry y Pablo Mieres se quejaron del bajo presupuesto que le otorga el presupuesto quinquenal al Poder Judicial y manifestaron su preocupación por el debilitamiento del sistema republicano. Por su parte, el senador Rafael Michelini (Frente Amplio) llegó tarde a la cita, cuando los demás legisladores estaban cerrando su participación. "¿Lo dejamos solo?", preguntó Bordaberry. Lacalle Pou y Mieres se levantaron de sus sillas sin responder y solo en la mesa quedó Michelini, quien explicó que "el divorcio" entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial se produjo durante el gobierno de José Mujica, cuando se inició el conflicto salarial.
Rafael Michelini
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Senador Rafael Michelini
Senador Rafael Michelini
Gentileza del Colegio de Abogados del Uruguay
El presupuesto quinquenal aprobado por la Cámara de Diputados, que está a estudio de la Cámara de Senadores, no destina fondos extra al Poder Judicial, lo que obliga a la Suprema Corte de Justicia a administrar los mismos recursos que el período pasado. Eso llevó a la Corte a formar un comité de crisis para diseñar una estrategia financiera de cara a los próximos años.
"Para poder funcionar con un mínimo de dignidad en el año 2016 necesitaríamos $ 50 millones una sola vez para el rubro inversiones, y $ 70 millones por año en los próximos cuatro años en el rubro gastos de funcionamientos. Nos cuesta creer que el Estado uruguayo no lo pueda disponer para el funcionamiento de una de las tres ramas del Estado", dijo Chediak. Sin esos fondos, "si hay un problema de humedad en el techo, ¿cómo hacés?", se preguntó el presidente de la Corte.
Chediak
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El presidente de la Corte, Jorge Chediak, y el presidente del Colegio de Abogados, Eugenio Xavier de Mello
El presidente de la Corte, Jorge Chediak, y el presidente del Colegio de Abogados, Eugenio Xavier de Mello
Gentileza del Colegio de Abogados del Uruguay
En duda está la ejecución de la reforma procesal penal, aprobado en el Parlamento por unanimidad en diciembre de 2014, que entrará en vigencia en enero de 2017. El nuevo
Código del Proceso Penal establece un modelo acusatorio, en el que el fiscal dirige la investigación y el juez resuelve, en el que, además, las audiencias son orales y públicas. Sin embargo, el gobierno resolvió postergar la implementación de las audiencias orales y públicas porque requieren necesariamente la presencia del juez, el fiscal y un defensor, lo que implica aumentar la cantidad de personal. Chediak explicó que el gobierno pretende que el nuevo código se aplique "por pedazos". "Un código es una organización lógico jurídica; está pensado para implementarse todo o nada", sentenció.
"Si la reforma procesal penal no se aplica bien, crea desprestigio en las instituciones y en la democracia. Las leyes que no se aplican bien desprestigian el sistema, como dijo Albert Einstein", aseguró Chediak. "Es imposible la implementación de la reforma de la reforma (en alusión a un modelo sin audiencias públicas y orales) sin fondos presupuestales, sin refuerzos", expresó el presidente de la Corte.
Lo político sobre lo jurídico
Luego, en la mesa de legisladores, Lacalle Pou aseguró que detrás de este freno al código "hay una decisión política" y aclaró que no comparte "la aplicación parcial del código". "Vamos rumbo a no aplicarlo", expresó. Como Bordaberry, recordó las palabras de Mujica, quien aseguró que "lo político está por encima de lo jurídico". A su vez, Mieres destacó que "es una barbaridad la ausencia de diálogo entre la Corte y el presidente Tabaré Vázquez", que negó una segunda reunión a la Corte, lo que catalogó como "un ninguneo total".
Michelini, solo, recordó que el aumento salarial generado por enganche a los actores del Poder Judicial al comienzo del gobierno de Mujica causó "una catarata de desencuentros". Los diversos gremios iniciaron un juicio para cobrar lo adeudado desde 2011, producto de ese enganche. El gobierno está a la espera del fallo de la Corte. Si favorece a los gremios, "nos tendremos que remangar", dijo Michelini. l