La costosa falta de controles

La falta de controles efectivos en organismos del Estados, tanto en manejo financiero como en cumplimiento de normas, es una debilidad recurrente en el sector público que pagan el bolsillo de los contribuyentes y su calidad de vida. Un caso reciente se produjo en ALUR, una de las muchas empresas deficitarias de ANCAP que comprometen la endeble salud del ente petrolero. Por un indefendible descuido interno, ALUR pagó con US$ 100 mil una factura de un proveedor que era, en realidad, por $ 100 mil. O sea que la empresa despilfarró dinero del Estado al desembolsar casi 30 veces más que lo requerido.

Abundan otros ejemplos. Es incomprensible que el Fonasa haya sido estafado en millones de pesos en un fraude generado en el Banco de Previsión Social (BPS), sin que los mandos de esa institución advirtieran la inscripción de empresas y empleados inexistentes en una maniobra que, créase o no, navegó impunemente por sus dependencias durante seis años y que se conocía internamente desde hacía seis meses. El descalabro del Fondes durante la administración anterior costó decenas de millones de dólares volcados desaprensivamente en empresas que, por inviables, estaban condenadas de antemano al fracaso. Ocurrió con el empecinamiento del expresidente José Mujica con Alas Uruguay, luego de su desprolijo manejo del cierre de Pluna, y con los aportes a otras cooperativas que cerraron prontamente o que no pueden devolver los préstamos recibidos del Banco República. Y está aún fresco el recuerdo de los subsidios que entregaba el Ministerio de Desarrollo Social bajo el Plan de Emergencia, injustificados en muchos casos y sin cumplimiento de las contrapartidas a que estaban obligados sus beneficiarios, todo por incompetencia controladora.

La falta de capacidad inspectiva, por otra parte, convierte en ficciones normas que no se cumplen, tanto a nivel nacional como municipal. El disparate marihuanero implantado por Mujica limita a seis plantas de cannabis los cultivos hogareños, ilusión imposible a menos que un voluminoso cuerpo de inspectores concurra asiduamente a cada una de los miles de viviendas autorizadas. Igualmente en el limbo están los prometidos controles y sanciones a los residentes de Montevideo que tiren basura fuera de los contenedores o a los hurgadores que la desparramen, así como las restricciones a los paseos callejeros con perros. Pese a la obligación de sacarlos con correa y embozalados para evitar los frecuentes ataques a personas, es usual ver caninos de gran porte caminando sueltos y sin bozal por las aceras, alejados de sus dueños. Y las abundantes veredas rotas, riesgo de accidente para personas mayores, sobreviven por toda la ciudad sin que la intendencia multe a los residentes o a los organismos estatales que incumplen la obligación de arreglarlas.

Las acciones judiciales iniciadas en los casos de descontrol financiero, como ALUR, Fonasa-BPS y otros, equivalen al flaco consuelo tardío de investigar después que el barco naufragó. Y en las instancias de tantas normas incumplidas, es como fijarse un crucero marítimo sin tener un barco para navegarlo. Cualquiera de estos cursos en una empresa privada conducen a su cierre. Pero en el sector público sobreviven año tras año, bajo la premisa de que el buen uso del dinero de los contribuyentes y el bienestar de la población son temas secundarios a la inacción estatal.