La crisis energética complica la situación política de Venezuela

El gobierno puso en práctica un paquete de recortes para paliar la crisis
La tensión política volvió esta semana a subir el tono en Venezuela, donde la oposición salió otra vez a las calles para exigir la revocación del gobierno de Nicolás Maduro y, al mismo tiempo, la administración chavista adoptó medidas de restricciones energéticas que impedirán a los venezolanos contar con luz eléctrica durante cuatro horas por día. Estas medidas buscarán paliar una de las peores crisis energéticas que se han vivido en el país en los últimos años.

Luis Motta, ministro de Energía venezolano, explicó que la medida incluirá la suspensión de electricidad durante 40 días en 10 de los 24 estados, entre los que se encuentra la capital del país, donde se concentra la mayor parte de la población y el principal foco industrial venezolano. Los cortes estarán programados para el horario entre las 8 y las 12 de la noche.

Actualmente, Venezuela sufre apagones y racionamiento de agua en todas sus provincias, lo que aumenta las dificultades en la vida cotidiana de sus pobladores.

La medida se enmarca en un plan especial de ahorro de energía puesto en marcha por el gobierno de Maduro, que entre otras cosas incluye la reducción de la jornada laboral en el sector público del 40% y varios asuetos. Además, también se adelantará la hora 30 minutos el próximo 1 de mayo. El gobierno ha exigido también que los grandes centros comerciales y hoteles generen su propia energía con plantas eléctricas, lo que ha hecho que varios establecimientos cierren más temprano.

Según explicó Motta, el derroche de electricidad de la población impactó severamente en el embalse de la central hidroeléctrica de El Gurí, que provee el 70% de la energía del país. "Es una medida que es necesario tomar para preservar el agua que en este momento queda en el embalse Guri, motivado por la fuerte sequía y el fenómeno climático El Niño", aseguró el ministro.

El analista económico Luis Vicente León advirtió que este tipo de medidas afectan la productividad del país, que se encuentra sumido en una profunda crisis económica y que posee la inflación más alta del mundo (180%).

A su vez, Venezuela debió afrontar otro duro golpe: la Cervecería Polar, perteneciente al grupo empresarial más poderoso del país, dejará de vender cerveza dado que no posee los fondos necesarios para reponer el inventario y pagar a los proveedores, en el marco del control cambiario estatal que rige en el país. Esto afectará directamente a 10 mil puestos de trabajo e indirectamente a otros 300 mil, lo que supone un frente abierto para despidos y cierres de franquicia.

El accionista mayoritario del grupo Polar, el venezolano Lorenzo Mendoza, es acusado por Maduro de detener su producción como parte de una "guerra económica" de empresarios de derecha para desestabilizar a su gobierno.

Tensión política

A la crisis medioambiental se suma una situación política inestable, con una oposición que busca revocar el gobierno de Nicolás Maduro mediante un mecanismo constitucional. Para ello deberán recolectar cerca de 4 millones de firmas, pero la iniciativa se encuentra trunca debido a la negativa del Consejo Nacional Electoral (CNE) a entregar las planillas correspondientes. Los dirigentes opositores han criticado al organismo por su afinidad con el gobierno chavista y han denunciado que se les está impidiendo utilizar un instrumento permitido por la Constitución venezolana.

En ese sentido, varios legisladores se encadenaron al edificio del CNE el pasado jueves en protesta por la situación, a la vez que varios estudiantes univesitarios acompañaron al iniciar una huelga de hambre.


Fuente: AFP

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