La defensa del grado inversor

Pero esa empresa, pese a mantener a Uruguay en el primer eslabón del grado inversor, con perspectiva estable de su deuda externa, señaló como otros factores que requieren mejoramiento nuestro “débil historial” en cumplimiento de metas fiscales, el alto nivel de deuda pública y la rigidez presupuestal que dificulta reducir gastos. Standard & Poor’s tuvo juicios parecidos en su última evaluación, que revisará en las próximas semanas, al dejar a Uruguay en el segundo nivel del grado inversor. Esto significa que, aunque esa empresa le bajara un escalón, el país igual quedaría dentro de la categoría de los países confiables.

Esa condición es esencial para atraer los inversores externos que Uruguay necesita apremiantemente y para acceder al crédito con tasas de interés más bajas que los países considerados más riesgosos. La perdimos en 2002 en medio del desastre financiero de ese año, pero logramos recuperarlo pocos años después, convirtiéndonos en uno de los 12 países que la tiene, entre 29 de la región. Es indispensable defenderla para que no se nos escape de nuevo, responsabilidad que recae directamente sobre un gobierno que ha incurrido en desvíos en el manejo fiscal para financiarse. Es inconveniente el incremento del 10% en los últimos tres años de la deuda pública en moneda extranjera, punto que las calificadoras toman en cuenta. Y es ominoso que Fitch anticipe una posible profundización del ajuste fiscal del 1º de enero, a través de impuestos y tarifas, como vía para bajar el déficit del 3,8% del Producto Interno Bruto al 2,5% prometido por el ministro de Economía, Danilo Astori.

Esta perspectiva de mayor ajuste fiscal no les quita demasiado el sueño a las calificadoras de riesgo, o a los organismos multilaterales, preocupadas fundamentalmente por el bottom line de las cuentas públicas y la confiabilidad de la deuda. Fitch advirtió, sin embargo, que nuevas medidas de ajuste fiscal amenazan frenar una recuperación del consumo interno. La observación de la calificadora refleja lo que el gobierno no ha hecho pero debe hacer para impedir mayor deterioro de la calidad de vida de la población. Como opción a evitar la suba del endeudamiento para que no aumente el déficit fiscal, la administración Vázquez impuso a los consumidores mayores impuestos y tarifas arbitrarias por los servicios públicos. Pero como la capacidad contributiva de la gente y las empresas está al límite y endeudarse más es arriesgar mayor déficit, a Astori y su equipo solo les queda como camino lógico imponer un rígido control restrictivo en el nuevo presupuesto de este año, a menos que acepten poner en peligro el grado inversor que tanto nos costó recuperar.

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