La difícil tarea de cobrar un juicio que el condenado se niega a pagar

Ganar un juicio civil y cobrar lo que ordena la Justicia es casi imposible cuando el condenado se niega a pagar, determina un trabajo del Centro de Estudios Judiciales de las Américas (CEJA), que relevó el funcionamiento de los juzgados civiles en Uruguay y será presentado en los próximos días.

El profesor de Derecho Procesal y vicepresidente del CEJA, Santiago Pereira Campos, explicó a El Observador que "si el condenado no quiere pagar, aunque haya sido condenado por la Justicia es casi imposible cobrarle y esto pasa no sólo cuando se gana un juicio al Estado sino también entre particulares". En esos casos "el proceso presenta altos índices de burocracia, ineficiencia y demora", concluye el informe.

Cuando el deudor no paga la condena judicial es necesario iniciar otro juicio denominado "de ejecución" al deudor. En ese juicio se buscan bienes que el condenado tenga para embargarlos y rematarlos a fin de que se cobre la deuda.

Pereira Campos añadió: "Primero es difícil encontrarle bienes al deudor para ejecutar esos bienes y si se le encuentran rematar un bien lleva diez años".

Los juzgados civiles tramitan casos de reparación patrimonial o juicios comerciales que excedan los $ 500 mil. Los que son contra el Estado se tramitan en los juzgados de Contencioso Administrativo y los que son entre particulares en los juzgados civiles. En Montevideo hay cuatro y 16 respectivamente.

El estudio realizado sobre el funcionamiento del Código General del Proceso (CGP) implementado en 1989 –por el cual los juicios civiles pasaron a tramitarse por audiencias orales y públicas como recién ahora se hará con el proceso penal– concluyó que el nuevo proceso "tuvo un impacto altamente positivo en el sistema de justicia, pero no tuvo la eficacia esperada en relación al cobro de los juicios ganados, que es lo que se llama proceso de ejecución".

A su vez, afirmó que la reforma que se implementó al CGP en 2013 con la aprobación de la ley 19.090 para mejorar ese proceso de cobro de las sentencias tampoco tuvo los resultados esperados.

Esa ley "tuvo entre sus objetivos fundamentales mejorar sustantivamente el proceso de ejecución mediante la regulación de diversos instrumentos (averiguación de bienes del deudor, embargo general de cuentas bancarias, simplificación de las etapas de la ejecución, etcétera)".

Si bien esos cambios han aportado mejoras, "son aún claramente insuficientes y el proceso de ejecución sigue siendo en Uruguay –como en casi todos los países de Iberoamérica– un problema endémico al que no se han logrado encontrar soluciones suficientemente adecuadas cuando el obligado no cumple voluntariamente la sentencia de condena (quizá porque en definitiva se pretenden buscar soluciones jurídicas a un problema ético)".

Aunque se implementó como medida el embargo general de cuentas bancarias y la averiguación de bienes del deudor, esos instrumentos no han dado resultados y el CEJA lo atribuye a "la falta de compromiso de ciertas instituciones (como los bancos), a dudas que plantea el marco normativo, a la falta de sistemas registrales eficientes y ciertas vacilaciones judiciales".

El estudio determinó también que en el ámbito judicial es muy poco lo que se logra conciliar para evitar el juicio posterior.

Si bien la conciliación logra buenos resultados a nivel del Ministerio de Trabajo para evitar juicios laborales –se acuerda en el 65% de los casos–, a nivel judicial los resultados son escasos. En los juzgados de conciliación de todo el país, sólo se logró acuerdo en el 24,6% en 2015, mientras que en el 75,4% la conciliación falló y se siguió adelante con el juicio.

A su vez si se compara Montevideo con interior, resulta que es más conciliador el interior. En esos juzgados se llegó al 30% de las conciliaciones mientras que en la capital solo se logró 19,5% de acuerdos de un total de 7.183 asuntos iniciados en 2015.

Según el trabajo, los jueces de Conciliación entrevistados coincidieron en que influye en el fracaso de esta instancia que los abogados que representan a las partes "frecuentemente entorpecen la búsqueda de un acuerdo". También afirmaron que "los organismos demandados del Estado no se encuentran dispuestos a conciliar".

El trabajo también destaca los bueno resultados de los Centros de Mediación del Poder Judicial en comparación con los juzgados de Conciliación donde se negocian cuestiones de vecindad, familia y civil. En ese caso, según los datos de 2015, se logró acordar en el 95,8% de los casos.

Los funcionarios judiciales realizaron una movilización frente a la Torre Ejecutiva para exigir al gobierno que un fiscal asuma competencia en el recurso de inconstitucionalidad que presentaron contra la última ley de Presupuesto que blindó al Ejecutivo para el caso de condena en juicios. Los judiciales mantienen un conflicto con el gobierno por el cobro del aumento salarial que le deben desde 2011, por la equiparación de salarios de los magistrados con los ministros, a lo que los administrativos están enganchados por ley. En protesta se formaron frente a la Torre Ejecutiva con caretas del presidente Tabaré Vázquez (ver foto en tapa). "Exigimos al Poder Ejecutivo la pronta designación de fiscal que entienda en la Acción de Inconstitucionalidad (...) El Poder Ejecutivo está 'sentado' sobre el expediente y no permite que siga su curso", expresaba la consigna.