La filtración de Panamá, el monstruo y la intimidad de todos

Los Panamá Papers también inciden en algo que hace tiempo fue un derecho: la intimidad

Ramón Fonseca Mora debe ser por estos días uno de los hombres más cuestionados del mundo, casi un monstruo. La empresa de la que es director y miembro fundador, Mossack Fonseca (MF), está en medio de un escándalo planetario luego de que millones de archivos con gestiones creando firmas off shore -una de las tareas a la que se dedica la compañía- fueron entregados por manos anónimas a un diario alemán que los compartió con un consorcio de periodistas que divulgó parte de esa lista en sus respectivos países.

Allí había, hay, personajes públicos y personas comunes y corrientes que a través de instrumentos financieros defraudaron o lavaron dinero. Pero también hay personajes públicos y personas comunes y corrientes que a través de instrumentos financieros obtenidos a través de MF crearon empresas para realizar inversiones o gestiones que son absolutamente legales.

Fonseca Mora dio la cara y habló para la prensa aunque ya sabemos cómo funciona cuando la opinión pública lincha mediáticamente al malo de la película: todo lo que diga no solo puede ser usado en su contra, sino que será una justificación para salvarse, aunque muchos no tengan idea de qué.

Dijo Fonseca Mora: “Nadie habla del hackeo (que sufrió su firma). No entendemos. El mundo acepta ya que la privacidad no es un derecho humano”.

Me resultó la afirmación más profunda de todo lo que emergió con los Panamá Papers, aún cuando Fonseca Mora esté involucrado en el escándalo. El affaire puntual refiere a cuestiones que tienen que ver con dinero, posibles jodas que se hacen con plata. Lo que el empresario plantea tiene que ver con algo inmaterial, un derecho humano fundamental que está desapareciendo casi que por consenso mundial.

El Panamagate induce a pensar que es a los más poderosos a quienes más beneficia este tipo de mecanismos que preservan la identidad de los inversores por una serie de razones, que van desde ocultar un delito a eludir la voracidad ideológica y confiscatoria de un gobierno autoritario.

Pero desde el 11 de setiembre de 2001 venimos asistiendo a lo contrario: los poderosos hacen lo que quieren con la intimidad de la gente.

En la lucha contra el terrorismo todos somos sospechosos y de eso nos enteramos porque un funcionario de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos robó información que demostraba cómo el más poderoso de los servicios de inteligencia del planeta se metía en la vida de cualquiera, dentro y fuera de fronteras.

La filtración de Edward Snowden, hecha con nombre y apellido (asunto clave para conocer las intenciones de la fuente informativa), revelaba asuntos que son violatorios de acuerdos internacionales y que protegen la intimidad como un derecho humano fundamental.

Una filtración bien diferente de la de los papeles de Panamá, donde la red de arrastre de la fuente anónima (cuyo interés se desconoce y por tanto no se puede valorar su intención) se llevó consigo datos particulares de gente que nada había hecho o al menos nadie ha demostrado que hayan hecho algo a pesar de que sus nombres circularon de boca en boca en alas del preconcepto.

Poderosos

Otro brazo del poder mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), le dobló el brazo a las naciones que no colaboraban con información que permitiese perseguir a evasores y otros malhechores.

En su momento el tributarista Juan Bonet dijo que en la pulseada con la OCDE Uruguay intentó “preservar garantías constitucionales” como el derecho a la privacidad, intimidad, y las garantías del debido proceso.
Cultores de una línea dura contra la OCDE, los catedráticos de Derecho tributario de la Universidad ORT, Alberto Varela y Gianni Gutiérrez, dijeron que esta organización “es un club de países ricos, que atraviesan una larga crisis y por ello están desesperados por cobrar más impuestos. Uruguay no es un país rico, ni está en crisis, por lo que esta presión le es totalmente ajena a sus intereses”.

Cuando el Parlamento analizaba el proyecto para crear un registro en la DGI sobre los portadores de acciones al portador, en línea con los reclamos de la OCDE, el abogado Fernando Jiménez de Aréchaga consideró que la iniciativa y ciertas potestades que tiene Impositiva son un “atentado muy grave” contra el derecho a la privacidad.

Las OCDE también lidia con otros gigantes como Apple o Facebook para que abran sus libros -o los celulares de sus clientes, incluso de uno terrorista como pasó recientemente- y paguen impuestos. La paradoja es que estas empresas, redes sociales, que luchan en los juzgados para que no se viole la intimidad de sus usuarios, son una de las principales vías en las que las personas exponen su vida privada al mundo sin límites ni pudor.

El Congreso estadounidense intentó aprobar sin éxito la llamada ley de Protección y Compartición en Ciberinteligencia que obligaba a Facebook, Google o Twitter a compartir información con el gobierno.

Difícil de perseguir

Interrogado por El Observador acerca de las afirmaciones de Fonseca Mora, el penalista Juan Fagúndez dijo que es un hecho que fue un delito el robo de esa información y revelación de información privilegiada. Dijo que luego de divulgada, el ciudadano cuya identidad fue expuesta, si considera que no es de interés público, podría accionar.

El exfiscal y exjuez Enrique Moller, que ahora desde el ámbito privado atiende casos de robos informáticos, dijo que estos asuntos se tornan complejos porque si al lado de la divulgación de los datos de un ciudadano intrascendente está el nombre de alguien que sí puede estar vinculado en algo ilícito, el magistrado de turno se concentrará en este, y el otro quedará en un segundo plano.

El artículo 297 del Código Penal dice que comete el delito de revelación de correspondencia epistolar, telegráfica o telefónica (un poco antiguo el texto), y “sin justa causa, comunica a los demás lo que ha llegado a su conocimiento”. Este delito será castigado con veinte a doscientas Unidades Reajustables de multa. Constituyen circunstancias agravantes de este delito, entre otras, que la revelación se efectué por medio de la prensa.

El artículo 300 dice que “el que, por medios fraudulentos, se enterare del contenido de documentos públicos o privados, que por su propia naturaleza debieran permanecer secretos, y que no constituyeran correspondencia, será castigado, siempre que del hecho resultaren perjuicios, con multa de veinte a cuatrocientas Unidades Reajustables”. Y el artículo 301 agrega: “El que, sin justa causa revelare el contenido de los documentos que se mencionan en el artículo precedente, que hubieren llegado a su conocimiento por los medios en él establecidos o en otra forma delictuosa, será castigado con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría”.

Moller dice que son delitos difíciles de perseguir y que “la intimidad de las personas pasa por un momento de gran fragilidad”.

Expuestos
El escritor estadounidense Nicholas Carr dijo a El País de Madrid que “no somos conscientes del alcance que tiene la violación de nuestra privacidad cuando estamos conectados”. Seguramente refiriéndose al usuario común de la red, sostuvo que “no se nos permite saber exactamente qué información sobre nosotros está siendo almacenada, compartida o usada para anuncios o para otros propósitos. Ese desequilibrio de poder nos deja abiertos a la manipulación y a la explotación. Y esto ocurre con compañías comerciales que nos crackean y con gobiernos que nos siguen la pista secretamente. En términos filosóficos, se está perdiendo un espacio privado en nuestras vidas, no somos tan libres para pensar de un modo distinto. Al estar expuestos, estamos permanentemente componiendo una imagen pública en vez de explorar nuestros pensamientos y sensaciones, lo cual nos hace menos interesantes. Pensamos demasiado en cómo nos ven los demás, podemos contar los ‘me gusta’, somos demasiado conscientes del atractivo de nuestra imagen pública, nos obsesionamos con ello y se produce un estrechamiento de nuestra identidad por estar constantemente exhibiéndonos”.

La revista Science publicó una investigación del Instituto Tecnológico de Massachusetts que demuestra que siguiendo cuatro o cinco transacciones comerciales que hace una persona por medios electrónicos se puede llegar a conocer su identidad.

El robo de información a MF provocó efectos políticos y reveló acciones corruptas, pero arrastró a la palestra pública a personas que no cometieron ningún delito y que no querían que un asunto íntimo fuera divulgado.

Podemos aplaudir que por efecto de estas filtraciones, hechas de manera presuntamente ilegal, caigan algunos corruptos, pero de algún modo será aceptar que el fin justifica los medios, y esto no implica un juicio de valor para quienes aceptaron las reglas ya que a veces los medios justifican el fin.

Pero no está de más saber que si por esas cosas de la vida estamos cerca cuando se desata un tiroteo informático entre poderes, nuestra intimidad puede recibir una bala perdida y seremos apenas un daño colateral. De la mano de la revolución tecnológica, un derecho humano fundamental se está desvaneciendo, cayendo como un velo que nos expone, seamos reyes o anónimos. La privacidad es hoy un mero obstáculo, una anécdota y asistimos impávidos, o activos, al fin de la intimidad tal como la concebíamos hasta ahora.


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