La "herencia caótica" en los centros de reclusión de menores

Nuevo directorio buscó "desmarcarse" de gestión anterior

Problemas en la instalación eléctrica que generaron accidentes laborales, paredes de metal que se doblaban o rompían fácilmente, roturas en el sistema de agua caliente de uno de los centros que llevó a que los menores se bañaran durante 20 días con agua fría en invierno, y hacinamiento. Esas fueron algunas de las carencias detectadas al asumir el actual director del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), Eduardo Katz.

La situación de los centros de privación de libertad para menores de edad fue calificada por Katz como una "herencia caótica" debido a una crisis edilicia, de instituciones que fueron construidas hace más de un siglo y que "no solo no cumplen con los requisitos mínimos indispensables para un centro de máxima o mediana seguridad desde el punto de vista edilicio, sino que ni siquiera sirven para una casa habitación", manifestó en la Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda el miércoles.

En ese sentido, el diputado del Partido Nacional Jorge Gandini dijo que "llama poderosamente la atención", porque en reiteradas oportunidades aprobaron partidas millonarias excepcionales de dinero para la solución de esos problemas.

"Ese recurso, que está guardado en el presupuesto nacional para casos exclusivamente de emergencia, que no se usó para tornados, inundaciones, catástrofes, sí se utilizó para darle recursos al INAU. (...) Hoy se dice que en esa infraestructura que costó millones de dólares se violan los derechos humanos y que hay que gastar otros US$ 20 millones para hacer de vuelta lo que ya se hizo", dijo Gandini.

La herencia maldita

"Hemos heredado esta institución en una situación que definiría como caótica; no quiero exagerar sino que creo que me quedo corto", manifestó Katz. De esa manera no pueden asegurar la imposibilidad de fuga por parte de los menores, pero tampoco el respeto de sus derechos humano, señaló. "No es fácil estar todo el día gestionando una institución totalmente carenciada desde todo punto de vista, que adolece malas prácticas y de un deterioro de décadas", manifestó Katz.

Por otro lado, resaltó que hay "escaso capital humano", que es "totalmente insuficiente", lo que dificulta el trabajo. En los 18 centros de Montevideo, Canelones y la Zona Metropolitana trabajan con "personal mínimo" y en todo el sistema hay 1.600 trabajadores. A eso se suma que no cuentan con oficinas, por lo que reclaman mayor presupuesto, que en parte no va a ser dado porque partidas prometidas para 2017 –que se usarían para esos fines– fueron pospuestas para 2018.

Un relevamiento realizado por la Oficina Nacional de Servicio Civil para conocer cómo debería ser la estructura "ideal", reveló que para alcanzarla necesitaban incrementar el presupuesto 76%, lo que fue negado por el Ministerio de Economía y Finanzas en reiteradas ocasiones porque "seguía estando fuera de la realidad", dijo Katz.

"Los funcionarios están trabajando en situaciones complejas y con chicos violentos, y nosotros agregamos el condimento de que no tienen agua caliente para bañarse. Eso ha generado todo tipo de insucesos, hechos violentos y funcionarios golpeados", aseguró el director del Inisa.

Desde hace varios años los diferentes gobiernos han discutido qué hacer con los menores infractores, y la rehabilitación que asegure una posterior reinserción a la sociedad fue lo que primó. Es por eso que buscan priorizar las penas alternativas.

El 31 de diciembre de 2015, se creó el Inisa, que sustituye al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa) del INAU. La nueva institución pasó a tener jurisdicción en todo el país, a diferencia del Sirpa, que solo lo tenía en Montevideo, Canelones y la Zona Metropolitana. En la actualidad tratan con 700 jóvenes privados de libertad, 200 de los cuales cumplen medidas alternativas.

"Si a uno de nosotros se le ocurrió que podía cortar con una tijera la institución y sacar la parte del Sirpa y transformarla en Inisa –como pudimos haber pensado– no estaba en lo cierto", dijo Katz.

Por la crisis edilicia existente en las instituciones, las autoridades del entonces Sirpa les pidieron al Ministerio de Desarrollo Social y al INAU que realizaran una auditoría para evaluar la gestión anterior: las formas de contratación de empresas, las construcciones.

"Debíamos desmarcarnos. Cuando uno asume un cargo, asume una responsabilidad y si uno continúa con la responsabilidad anterior, sin desmarcarse, quiere decir que, de alguna forma, está aprobando lo que sucedió antes", dijo Katz. "Con estos chicos no pudo la madre ni el padre. Tampoco pudieron la maestra, la escuela ni los vecinos, pero nostros no podemos no poder, y todo esto se traduce en dinero", agregó.


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