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La incierta baja del gasto
Los anuncios del gobierno de que se mantendrá el gasto público en obras de infraestructura, educación, vivienda y otros programas sociales profundiza la incertidumbre sobre la promesa oficial de ahorrar para salir del complicado panorama financiero actual. Es obvio que tampoco se recurrirá a bajar salarios del sector público, como hacen los países que imponen un ajuste fiscal serio. Quedan los gastos corrientes, como viajes, equipamiento, alquileres y otros menores. Durante la administración Mujica alcanzaron al 1% del Producto Interno Bruto, lo que aporta cierto margen de ahorro, aunque poco relevante y solo si se imponen controles estrictos. Ya fallaron en el reciente viaje dispendioso del vicepresidentre Raúl Sendic y 11 legisladores a la reunión en África de la Unión Interparlamentaria, uno de los muchos organismos superfluos que pululan en la burocracia internacional y donde hubiera bastado la presencia de un único delegado.
El Estado puede recurrir también a demorar pagos de deudas a proveedores, que representan alrededor del 1% del PIB. Durante el gobierno anterior se pagaban hasta con tres meses de mora. Hoy están al día. Pero volver a demorarlos solo sería una mejora temporal de caja y no un ahorro real. El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García, acaba de asegurar que se mantendrá el gasto de US$ 12.000 millones en las necesarias obras de infraestructura, especialmente en materia vial, que se proyecta solventar en una tercera parte con inversión del sector privado. Pero este gasto en realidad ya se ha reducido. En los últimos 12 meses ha caído al 3% del PIB, un punto y medio por debajo de lo previamente asignado.
Todos estos factores acotan agudamente el margen para reducir el gasto estatal, tema sobre el que se esperan los detalles que acaba de prometer el ministro de Economía, Danilo Astori. Pero se agudizan dudas fundadas de que Astori pueda cumplir su compromiso de bajar el preocupante déficit fiscal de cerca del 4% del PIB en la actualidad a 2,5% para el fin del período quinquenal. La recaudación fiscal viene en declive por impacto de menor actividad, que cerró 2015 con un modesto crecimiento del 1%, la mitad de la meta del 2% que el gobierno ya había ajustado a la baja. Con menos ingresos por actividad y escaso margen de reducción del gasto por su rigidez y por los compromisos del gobierno de mantenerlo intocado en sectores de aguda incidencia, no sería de extrañar que se recurriera a más aumentos de impuestos para generar recursos.
Es un curso indeseable pero que el presidente Tabaré Vázquez se ha cuidado de mantener abierto. Ha prometido no crear nuevos tributos pero nunca dijo que no se incrementarían los ya existentes durante su período. En realidad ya se ha recurrido a ese expediente en varios rubros, como el tabaco, actividades productivas y, en forma indirecta, a través del artificial nivel elevado de las tarifas por servicios públicos. Pero impuestos más altos conducen inevitablemente a menor consumo y menor competitividad por aumento de costos, lo que amenaza incidir en los ya crecientes niveles de desempleo y en agravar la escasa capacidad exportadora. El gobierno tiene que ser extremadamente cuidadoso en el manejo de la estructura tributaria si quiere evitar el peligro de vestir a un santo desvistiendo a otro y de desmejorar aun más las condiciones de vida de una población que ya viene castigada.
