La inclusión financiera, del absurdo al debate ideológico

A nivel de la academia, no hay dudas respecto a los beneficios sociales del desarrollo del sistema financiero
La inclusión financiera llegó a lo más alto de la agenda política. Una parte de la oposición cerró filas con el objetivo de tumbar la obligatoriedad del pago de sueldos a través del sistema financiero. Y la cuestión escaló hasta el punto en que los principales líderes de la oposición promoverán cambios constitucionales que aseguren la perpetuidad del efectivo como medio de pago aceptable para este tipo de transacciones.

A nivel de la academia, por más que se discute el rol del Estado en la implementación de políticas activas en este campo, hay un amplio consenso respecto a los beneficios sociales del desarrollo del sistema financiero, de la expansión de los medios electrónicos sobre los medios físicos de pago, de las capacidades y oportunidades ampliadas que obtienen las familias por tener acceso a los servicios que prestan los bancos y otras instituciones.

"Una sociedad con menos efectivo sería un lugar más justo y seguro", propone el economista estadounidense Kenneth Rogoff, académico de Harvard y autor del libro La maldición del dinero. Las recomendaciones de política de este experto –lejos de la simpatía de la izquierda a nivel internacional por ser uno de los ideólogos detrás de los planes de austeridad de los gobiernos de centro-derecha europeos–, pasan por un rol activo de los gobiernos en materia de regulación que promuevan un gradual proceso de reducción del efectivo, principalmente en las grandes transacciones.

Un mundo con menos efectivos dificulta el ingreso del dinero proveniente de ilícitos como el narcotráfico y la corrupción política dentro del curso de la economía, al tiempo que ayuda a combatir el trabajo en negro y la evasión fiscal.

Los medios electrónicos de pago, además, reducen los incentivos para el hurto y abren nuevas posibilidades de sofisticación de los intercambios de bienes y servicios a través de la web.

Más allá de algunas voces aisladas que criticaron el proceso de inclusión financiera como un todo, el centro del debate se dio en torno a la obligatoriedad del pago de sueldos a través de instrumentos electrónicos. Buena parte del Partido Colorado y el Partido Nacional coinciden en que se trata de una política equivocada, que el precio a pagar es muy alto para los objetivos que plantea. En ese sentido, los argumentos son distinta naturaleza: pragmática e ideológica.

A nivel práctico, se entiende que la política está mal implementada, que la falta de infraestructura en el interior del país genera un efecto contrario al que se busca, dificulta el cobro de su salario a los trabajadores y eso anula todos los eventuales efectos positivos que pueda tener la inclusión financiera. Otros argumentan que la extensión del uso de medios de pago electrónicos incrementa los costos para los comerciantes, que deben hacerse cargo del arrendamiento de POS y el pago de un porcentaje de las ventas a los sellos.

Estos perjuicios señalados no parecen ser suficientes –de por sí– para invalidar la obligatoriedad del pago de salarios como medida de impulso a la adopción de medios electrónicos de pago y reducción de los niveles de informalidad. El primer problema que se plantea en la argumentación sería más fácil y eficiente de solucionar con una extensión de la infraestructura financiera, en lugar de dar marcha atrás en una política que tiene beneficios sociales comprobados. El segundo, directamente, no se soluciona con el pago de sueldos en efectivo sino mediante el freno de un proceso de transición cultural y tecnológica que es la norma a nivel internacional. El comerciante no paga al sistema financiero por el sueldo que deposita sino por las ventas que realiza mediante tarjetas de débito o dinero electrónico.

Los argumentos de carácter ideológico –o "filosófico", como prefieren llamarlos algunos líderes de la oposición– versan sobre el derecho de las personas a pagar y cobrar de la manera en que prefieran. Se entiende que cualquier tipo de restricción en este sentido es una avasallamiento sobre las libertades económicas. Este es un planteo muy válido. Pero si ese es el argumento final de los partidarios del plebiscito, implica caer en los mismos vicios que identifica en el Frente Amplio –y la izquierda en general– cuando se opone a tratados de libre comercio esgrimiendo razones puramente de carácter ideológicas, o bloquean procesos de asociación entre el sector público y privado pese a la necesidad de servicios que hoy ni uno ni otro están dispuestos a proveer.

El proceso de inclusión financiera llevado a cabo por parte del gobierno ha sido gradual y ha tenido idas y vueltas, algunas incluso a instancias de la propia oposición, que planteó cambios que fueron incorporados por la vía parlamentaria.

Llevar a la Constitución, con la rigidez que eso implica, regulaciones sobre medios de pago, que están hoy sometidos a cambios vertiginosos con el surgimiento de nuevas tecnologías, puede ser un camino peligroso.

Si hay algo que criticarle a la inclusión financiera como política pública, no tiene que ver con su contenido sino con el lugar que ocupa hoy en la agenda del gobierno. Esta reforma fue presentada en diferentes oportunidades por las autoridades como la gran apuesta de esta administración –y la anterior– en el terreno de las transformaciones económicas. Y por más que la inclusión financiera implica un cambio favorable para la calidad de vida de los uruguayos, carece de la ambición y perspectiva necesarias en una economía que requiere de mucho más que dinero electrónico para modernizarse y alcanzar la capacidad competitiva que exige el desarrollo.

El gobierno ha cometido un error en este sentido y ahora, buena parte de la oposición tropieza con la misma piedra al centrar la atención en un tema que está muy lejos de ser prioritario.


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