La infanta Cristina fue imputada por delito fiscal

La imputación se debe al sumario del "caso Nóos", en referencia a una fundación sin ánimo de lucro con ese nombre presidida por Urdangarin, a la que supuestamente fueron desviados 6,1 millones de euros de fondos públicos entre 2004 y 2007.

Tres magistrados de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca (islas Baleares, Mediterráneo), confirmaron hoy la imputación de Cristina de Borbón por dos delitos fiscales, pero retiraron la de blanqueo de capital.

El tribunal considera que detrás de Aizoon, empresa propiedad de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin al 50 %, hay "un matrimonio que abusa de una sociedad para obtener beneficios fiscales y al mismo tiempo para modificar su régimen económico" de separación de bienes a gananciales.

En su imputación, el juez instructor del caso, José Castro, mantenía la hipótesis de que la sociedad Aizoon era una pantalla para eludir pagos a la Hacienda española.

Con la decisión de hoy, la Audiencia provincial de Palma de Mallorca abre la posibilidad de que las partes personadas en el sumario formulen acusación contra la infanta Cristina como cooperadora necesaria de un delito fiscal. Será entonces cuando el juez decida si sentar o no en el banquillo a la hermana del rey Felipe VI.

Si las partes mantienen las posiciones que han sostenido durante la fase de instrucción, ni la Fiscalía ni las abogacías públicas acusarán a la hermana del monarca español y únicamente un sindicato minoritario formularía la acusación contra ella.

El fiscal que llevó la instrucción, Pedro Horrach, mantuvo hoy que, a su parecer, no hay indicios de que la infanta Cristina haya cometido algún delito en el caso Nóos y afirmó: "No sé si la infanta tendrá que ir a juicio".

Los abogados de Cristina de Borbón expresaron su "sorpresa" porque la Audiencia de Palma de Mallorca mantenga su imputación por fraude fiscal, pero advirtieron de que la doctrina del Tribunal Supremo (TS) podría impedir que se la juzgue si sólo la acusación popular mantiene cargos contra ella.

Se referían a la llamada "doctrina Botín", que le fue aplicada al expresidente del Grupo Santander, que reconoce que la acusación popular no está legitimada para acusar si no lo hace la Fiscalía, aunque será el juez instructor quien deberá decidirlo ahora.

Los letrados defendieron que no existe "fundamento" para mantener imputada a la infanta por fraude fiscal, pero celebraron que la Audiencia haya estimado su tesis de que se la exonere del delito de blanqueo de capitales, el más grave que se le imputaba.

Tras conocer la noticia, la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, expresó el respeto del Ejecutivo a las decisiones judiciales y, en relación con la postura de la Abogacía del Estado, afirmó que será la propia Agencia Tributaria y su servicio jurídico la que decida su posición procesal.

En ese contexto, el juez Castro deberá dictar un auto de apertura de juicio oral, donde definirá qué personas irán a juicio y cuáles no, y tendrá que pronunciarse de nuevo sobre la infanta, explicaron a Efe fuentes jurídicas.

En el sumario están imputadas veinte personas, entre ellas, Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres.

La Audiencia de Palma de Mallorca acordó hoy además añadir el delito de blanqueo de capitales a las imputaciones que pesan sobre Iñaki Urdangarin en el caso Nóos, igual que a Diego Torres y a la mujer de éste, Ana María Tejeiro.