La "injusticia" con Rousseff y la decisión política del gobierno

Con su paso lento, el senador José Mujica avanzaba en la tarde de ayer por el edificio anexo del Palacio Legislativo y, con cada paso, decía que "sí"; que aprobaba la respuesta oficial del gobierno uruguayo al proceso de destitución de Dilma Rousseff.

"Bien, bien, bien", repitió el expresidente que se detuvo en su caminata hacia el ascensor para recordar que Rousseff había sido una pieza clave para el funcionamiento del Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM) razón por la cual, a su juicio, el pueblo uruguayo debía esta agradecido con ella.

Antes de terminar la conversación, Mujica sacó dos hojas de su bolsillo que estaban dobladas en cuatro. "Gobierno de Uruguay se pronuncia sobre destitución de presidenta de Brasil, Dilma Rousseff", se titulaba el texto. Mujica fue con su dedo hacia la última línea de ese comunicado: "Más allá de la legalidad invocada, el Gobierno uruguayo considera una profunda injusticia dicha destitución". Levantó la vista y dijo: "ésta frase es típica de Tabaré". Y siguió caminando.

Para esa hora de la tarde la cancillería uruguaya ya había difundido ese comunicado en el que no se mencionaba ni una sola vez el nombre de Michel Temer ni se decía palabra alguna acerca de la legalidad o legitimidad del nuevo gobierno de Brasil, cuando varios países de la región ya se habían expresado de forma contundente.

En cambio, el gobierno uruguayo hablaba de "legalidad invocada" y valoraba como una "profunda injusticia" el proceso de destitución de la expresidenta.

El comunicado de prensa que la cancillería uruguaya colgó en su página web se terminó de confeccionar en la mañana de ayer, con algunos cambios sustanciales respecto al diseño que había ensayado la diplomacia uruguaya.

De hecho, algunos jerarcas en el Palacio Santos defendían la posición de que Uruguay debía expresar un mensaje institucional que honrara la tradición de un país que históricamente ha respetado el principio de no intervención y la autodeterminación de los pueblos. Hay quienes argumentaban en la cancillería que Uruguay debía mantener una posición moderada porque es lo que correspondía y por el bien de la relación. En última instancia, no había nada que "reconocer".

Sin embargo, El Observador pudo constatar que en el correr de la mañana de ayer algo cambió. Y la decisión política puso el acento en lo que el Ejecutivo consideraba que era una situación injusta para una vieja "amiga" de éste gobierno.

Algunas horas después, el ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, salía por la puerta de atrás del edificio anexo del Palacio Legislativo con el objetivo deliberado de eludir a los medios de prensa que lo esperaban para conocer la opinión oficial del gobierno en torno al reconocimiento del nuevo gobierno de Brasil.

Nin Novoa había acudido a la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado para informar a ese cuerpo sobre la inminente firma de un Tratado de Libre Comercio de "última generación" con Chile. No fue el canciller quien informó que Uruguay reconocía a Michel Temer como nuevo presidente de Brasil, sino que fue uno de los líderes de la oposición quien ofició de vocero circunstancial del gobierno.

El senador del Partido Nacional, Jorge Larrañaga, dijo a los medios que Nin Novoa había asegurado en comisión que el gobierno reconocía a Michel Temer como el actual presidente de Brasil. Además, el líder de Alianza Nacional señaló que el canciller manifestó que las opiniones del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, respecto a la ilegitimidad del gobierno de Temer fueron dichas "a título personal" y que no representan al gobierno uruguayo.

Puertas adentro las cosas no habían sido sencillas para Nin Novoa. Cuando los senadores le preguntaron al canciller si el gobierno reconocería la Presidencia de Temer, el ministro acudió en primer lugar al comunicado de su cartera. Y tuvo la voluntad de mantenerse aferrado a ese texto.

Pero ante la insistencia de los senadores, que le señalaban esa última línea que hablaba de la "injusticia" para con Rousseff, Nin Novoa hizo el "reconocimiento" que los legisladores esperaban.

La Alianza Progresista -grupo que integra el canciller Rodolfo Nin Novoa-, calificó de "golpe de Estado" a la destitución de la presidenta brasileña Dilma Rousseff ya que, consideró, implica una decisión que "viola claramente la democracia y la voluntad popular".

Integrantes del sector dijeron a El Observador que la redacción de la declaración concretada ayer a última hora no fue una tarea sencilla puesto que era evidente que el Poder Ejecutivo adoptaría luego una postura más moderada respecto a lo ocurrido en Brasil. No obstante, finalmente primó la opinión de que "una cosa es la fuerza política y otra el Ejecutivo" que integra Nin Novoa.

La declaración expresa "su más dura condena a la destitución de una Presidenta electa por millones de ciudadanos brasileros, en una decisión que viola claramente la democracia y la voluntad popular".