La justicia en zona de riesgo

El funcionamiento independiente y eficaz de los tres poderes del Estado entra en zona de riesgo cuando uno de esos pilares depende del ánimo gubernamental

El funcionamiento independiente y eficaz de los tres poderes del Estado, base del estado de derecho, entra en zona de riesgo cuando uno de esos pilares depende del ánimo gubernamental para cubrir sus necesidades mínimas porque se le retacean recursos. Es la situación que enfrenta el Poder Judicial, según declaró el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Ricardo Pérez Manrique, a El Observador TV y como ya había hecho su antecesor en el cargo, Jorge Chediak. Pérez Manrique informó que la Justicia se convertirá inevitablemente en deudor moroso de la Intendencia de Montevideo porque no puede pagarle facturas por servicios y que trata de ahorrar hasta en los gastos de papel y de luz. Más grave aun fue su anuncio de que procura una reunión con el Poder Ejecutivo para volver a pedir partidas para solventar gastos operativos, ya que de lo contrario “no llegamos a fin de año”.

El peligro se generó cuando el Poder Judicial fue ignorado por el Ejecutivo en la confección del presupuesto para los dos próximos años, en medio de un ambiente de confrontación entre ambos poderes. Ya bajo la administración Mujica se había atacado a la SCJ por descontento partidario con seis fallos de inconstitucionalidad contra leyes defectuosas aprobadas durante el gobierno anterior. Y ahora, como reiteró Pérez Manrique, se le mantuvo a la Justicia el mismo presupuesto que en 2010. Este curso ignoró no solo cinco años de inflación sino también la necesidad de poner en plena vigencia el nuevo Código del Proceso Penal (CPP), urgencia apremiante para sacar a Uruguay de la prehistoria jurídica. Entre tanto, el sector frenteamplista que lidera el ministro de Economía, Danilo Astori, acusa a la SCJ de violar la Constitución en una controversia salarial de confusa pertinencia. Al margen de estos factores, nada justifica el desierto presupuestal a que se condena el funcionamiento de la Justicia.

La situación no solo victimiza al CPP, aprobado luego de seis años de trabajosa gestación, tres en la comisión de expertos que lo redactó y otros tantos en una absurda siesta legislativa. El reemplazo de nuestro medieval sistema inquisitorio por uno acusatorio, más moderno, estaba proyectado para 2017. Pero se ha resuelto hacerlo en forma solo parcial, por falta de recursos para las instalaciones físicas que requerirán los juicios orales y públicos. Y ahora se le niegan al Poder Judicial hasta las partidas indispensables para que la estructura actual funcione en los próximos 10 meses, pese a que los fondos requeridos son una fracción ínfima de los casi US$ 900 millones destinados para apuntalar a ANCAP, entre capitalización y aumento de la deuda pública, así como de otros gastos cuestionables.

Hace poco tiempo un estudio de la Intelligence Unit de The Economist destacó a Uruguay como la única democracia plena en América Latina, entre 20 que existen en el mundo. Pero el cimiento de la democracia es la operación aceitada y sin trabas de la división de poderes, como garantía de transparencia y vigencia de los derechos y libertades. Ese requisito, así como la distinción otorgada a nuestro país por el prestigioso semanario británico, se oscurecen cuando el funcionamiento de uno de ellos depende de tener éxito en ir con la mano extendida a rogarle a otro que no le escatime recursos indispensables para cumplir su misión de impartir justicia en forma equilibrada y eficiente.


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