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La “kaída” en manos de la justicia
El nuevo escándalo en la monstruosa maraña de la corrupción K estrecha el cerco sobre Cristina Fernández de Kirchner y deja en manos de los jueces decidir si la expresidenta argentina termina o no en la cárcel, junto con varios de quienes fueran sus ministros y otras personas de su entorno. El novelesco arresto del exsecretario de Obras Públicas, José López, cuando trasegaba bolsas con casi US$ 9 millones en efectivo, agregó otro lapidario eslabón a la cadena de gigantescos negociados, fraudes y lavado de dinero que apunta directamente al extinto Néstor Kirchner y a su cónyuge y sucesora. La denuncia de un vecino por movimientos sospechosos en la madrugada permitió a la Policía detener a López cuando intentaba esconder las bolsas en una residencia religiosa ocupada por tres monjas nonagenarias, a 50 kilómetros de Buenos Aires. Un desencajado López primero dijo, ingenuamente y a los gritos, que el dinero era una donación para las ancianas monjas. Después intentó infructuosamente sobornar a los policías, que lo despojaron de un fusil de guerra que tenía consigo.
La madeja empezó a desentrañarse en abril con Leonardo Fariña, “valijero” encargado del trasiego internacional clandestino de millones de dólares. Después de dos años en la cárcel se acogió a la figura legal del “arrepentido” y, a cambio de ser liberado, contó al juez todo el entramado con lujo de detalles. Dijo que los Kirchner y sus amigos se robaron el equivalente a un año del Producto Interno Bruto. Cayó Lázaro Báez, que de empleado municipal pasó a poderoso empresario multimillonario con el manejo de los negociados armados por Néstor Kirchner y hoy encarcelado a la espera de sentencia. Se le han encontrado hasta ahora decenas de estancias y otras propiedades valiosas en diferentes puntos del país. En las múltiples instancias que se procesan en la Justicia están también encausados los exministros de Planificación, Julio de Vido, jefe directo de López, y de Economía, Axel Kicillof; el expresidente del Banco Central, Alejandro Vanoli; los exsecretarios de Transporte, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, el exvicepresidente Amado Boudou y la encarcelada dirigente jujeña Milagro Sala, junto con algunos empresarios y otras figuras del entorno K.
La propia Cristina tiene dos causas abiertas ante la Justicia. Una es por la venta fraudulenta de dólares a futuro por Kicillof y Vanoli. La otra, que la involucra en forma directa, es por lavado de dinero a través de las cadenas hoteleras que posee en su bastión provincial de Santa Cruz. El enjuiciamiento de los cómplices está en plena marcha, ahora que actúan libremente jueces que durante la década kirchnerista andaban con pies de plomo debido a las presiones y amenazas del gobierno de entonces. Falta la “kaída” de Cristina, acusada de haber mantenido la trama delictiva armada por su marido. Se especula que el gobierno del presidente Macri puede preferir que Cristina no termine en la cárcel, para evitar convertirla en mártir ante los partidarios que aún le quedan. Pero el gobierno actual debe abstenerse de intervenir en el tema. Corresponde, en cambio, que sean los jueces y los fiscales que manejan las múltiples causas quienes lleguen a fondo, castiguen a quienes desvalijaron el país durante largos años para acumular grandes fortunas a expensas de la pobreza de millones de argentinos y den el ejemplo de transparencia que Macri le ha prometido a la población.
