La mancha del líder popular

Luiz Inácio Lula da Silva fue indagado ayer en el marco de la investigación del megafraude de Petrobras, lo que contribuye a marchitar la estrella del expresidente
El caso Petrobras, investigado desde 2014, se refiere a un escándalo de corrupción en la mayor empresa de Brasil que generó pérdidas por más de US$ 2.000 millones, según los cálculos de la propia empresa. Alcanzó a legisladores y a empresarios. Y ahora a Luiz Inácio Lula da Silva, el dos veces presidente brasileño y líder histórico del Partido de los Trabajadores, aún en el poder. Ayer le allanaron su casa y debió declarar ante la Justicia. El otrora popularísimo mandatario vive hoy sus horas más bajas.

Un día después que la revista Istoé vinculara a Lula –como también a la presidenta, y su delfina, Dilma Rousseff– en el caso Petrobras, la Policía fue a buscar al exjefe de Estado a su domicilio. Le revisaron el hogar para investigar si es culpable de corrupción y lavado de dinero, y lo trasladaron luego a comparecer ante el juez.

Luego de declarar por más de tres horas en la comisaría del aeropuerto de Congonhas en San Pablo, Lula se dirigió a la sede de la dirección nacional del Partido de los Trabajadores (PT). Además de su casa, la Policía allanó otras residencias del exmandatario (como una casa de campo y un apartamento sobre la playa, que están a nombre de empresarios pero que se le atribuyen a Lula), la de sus familiares, la de algunos allegados y el Instituto Lula.

"Hay evidencias de que el expresidente Lula recibió valores oriundos del esquema Petrobras por medio del envío y reforma de un apartamento tríplex y de una finca en Atibaia, de entrega de muebles de lujo en las dos propiedades y de almacenaje de los bienes por una empresa de transporte", sostuvo en un comunicado la Fiscalía del estado de Paraná, a cargo de la investigación del megafraude a la petrolera. "Estamos analizando evidencias de que el expresidente y su familia recibieron ventajas para conseguir acciones dentro del gobierno. Eso aún es una hipótesis", dijo el fiscal Carlos Fernando dos Santos Lima, a cargo de la investigación.

El fiscal sostuvo que cerca de 30 millones de reales (unos US$ 8 millones) fueron pagados a Lula, que gobernó Brasil de 2003 a 2010, en forma de donaciones u honorarios por conferencias por grandes constructoras acusadas de corrupción en Petrobras.

Lula niega ser propietario del tríplex en un balneario del estado de San Pablo y de la finca. La Fiscalía sospecha que los predios fueron reformados por grandes constructoras brasileñas que a cambio obtenían contratos en la estatal Petrobras.

En cuanto al Instituto Lula, la Fiscalía aseguró que del total de recibidos por esa asociación en los últimos años, 60% provino de las cinco empresas más implicadas en las maniobras del caso Petrobras, que también fueron responsables por el 47% de los recursos que el exgobernante recibió por dar conferencias desde que fue sucedido por Dilma Rousseff en 2011.

"Es claro que donaciones pueden ser hechas por diversos motivos, pero tenemos que investigar si eso tiene alguna relación con los desvíos de Petrobras", añadió la Fiscalía.

La "Operación Lava Jato" (lavadero de autos) que desvió más de US$ 2.000 millones de Petrobras es considerada la mayor investigación anticorrupción de la historia de Brasil y ya ha enviado a prisión o amenaza con hacerlo a parlamentarios, gobernadores, exfuncionarios y algunos de los principales empresarios del país.

"Un prisionero"

Lula da Silva dirigió Brasil entre 2003 y 2010 –con una reelección en el medio–, y dejó al país en la cúspide mundial, queriendo jugar las grandes ligas, con una economía pujante y una realidad interna en la que cada vez había menos pobres y la clase media se expandía. Su popularidad estaba por las nubes.

En los años sucesivos todo decayó en el gigante sudamericano. Los indicadores económicos desbarrancaron, la inversión se alejó, las consultora de riesgo le dieron la espalda y en la actualidad vive una recesión casi sin precedentes. En ese contexto saltó el escándalo Petrobras que, poco a poco, se fue aproximando a la cúpula del Partido de los Trabajadores, a prominentes políticos (como el presidente de la Cámara de Diputados, José Cunha) y a altos empresarios.

Así el mal olor de este megafraude arribó a las orillas de Lula. Y Lula salió ayer a defenderse tras los allanamientos y la detención para declarar. El interrogatorio "ha servido más como circo mediático que como una investigación seria. Si el juez quiere tomarme declaración, sólo tiene que preguntar", dijo Lula. El expresidente acusó que lo sucedido ayer tiene móviles políticos, algo sobre lo cual la dirección del PT está convencida. "Han prendido fuego en mí, la lucha continúa", dijo Lula.

Para el antiguo mandatario, que aseguró sentirse como "un prisionero" durante su declaración, los motivos que lo llevaron a esa instancia responden a molestias de las élites por ayudar a los pobres. Entre todo esto, Lula agregó que no descarta presentarse como candidato a las elecciones presidenciales de 2018.

A la vez que le llegaba la solidaridad de la izquierda latinoamericana, Lula recibió el total respaldo de su amiga Dilma Roussef. La presidenta expresó su total desacuerdo con el interrogatorio de su predecesor y mentor político, y lo consideró innecesario luego que él había prestado testimonio de manera voluntaria días atrás.

Rousseff reiteró en un comunicado público que la investigación sobre corrupción, que ahora apunta al expresidente, debería continuar hasta que los responsables sean castigados, agregando que ella ha garantizado la independencia de los órganos a cargo del caso.

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