El vicepresidente Raúl Sendic presentó esta semana sus descargos ante el juez que indaga supuestas irregularidades en ANCAP bajo su presidencia en el período pasado. En su presentación sostiene que pudo cometer errores pero no delitos. Esta denuncia surgió luego de la investigación parlamentaria de este asunto, donde quedó expuesta una pérdida de US$ 800 millones a raíz de desacertadas decisiones empresariales y varios emprendimientos ruinosos.
Pero ese no es el foco de este análisis.
El trámite judicial es el fruto de una investigación parlamentaria que el propio Sendic apoyó en favor de la transparencia. Y ese gesto vale. Una a favor entre tanta marea adversa.
Pero esa decisión del vice fue reprobada y luego reprochada por el expresidente José Mujica cuando recordó, luego de la investigación, que él había recomendado que el
Frente Amplio votara en contra.
Desde el punto de vista político razón tenía el exmandatario. A lo largo de varias semanas desfilaron los principales actores y gobernantes por el
Parlamento, donde la oposición fue martillando contra estados financieros del todo frágiles. A la vera de ese camino surgieron gastos en publicidad y subsidios difíciles de explicar.
Todo eso terminó mal para Sendic. Esa
investigación se llevó puesta sus aspiraciones presidenciales, que la ausencia del título universitario que decía tener, terminó por dinamitar.
Y frente a las últimas propuestas de investigación legislativa –los negocios con Venezuela y la adjudicación de la Regasificadora–el gobierno trató de protegerse con el escudo defensivo de la mayoría parlamentaria que ya no tiene. En ambos episodios el diputado Gonzalo Mujica votó a favor de indagar. En el caso de Venezuela el Frente Amplio pudo bloquear la investigadora gracias a la Unión Popular, pero en el segundo perdió y se tendrá que fumar otra vez el desfile de gobernantes y la consiguiente denuncia penal.
Y sí. Las investigaciones parlamentarias son malas para la salud de los gobiernos. Significan semanas de declaraciones adversas, donde el oficialismo juega a la defensiva con las sospechas en contra. Y es verdad que poco tienen que ver con la Justicia porque en el origen están los juegos de poder. Los gobiernos solo apoyan su conformación cuando leen que la oscuridad tiene más costo que la transparencia. Y a veces ese cálculo también falla.
Pero atrás de los intereses políticos de cualquier tipo, esas comisiones investigadoras parlamentarias abren ventanas indiscretas para que la ciudadanía escrute y se forme opinión. En alguna parte siempre está La chica del tren.
La que controla y castiga es esa mirada, la del público, que cuando sabe tiene poder. El poder de inhibir conductas inapropiadas, el de castigar con su opinión y voto.
La gente informada es más sabia, más exigente y con mayor fundamento para reclamar lo que es suyo: el derecho a que los gobernantes sean honestos, transparentes y eficientes. l