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La mitad de los menores infractores no cumple con las penas alternativas
Para evitar estas fugas invisibles, el Sirpa prepara una reestructura en el modelo actual
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09 de noviembre de 2015 a las 05:00
Los organismos internacionales se quejan de que en Uruguay el encierro de los adolescentes infractores es excesivo. Desde hace años plantean que deben aplicarse con más frecuencia las medidas sustitutivas a la prisión, que van desde asistir a un taller de ajedrez o de pintura, participar de la carrera San Felipe y Santiago de Montevideo, hasta trabajar en una empresa constructora.
Sin embargo, la mitad de los adolescentes a los que se les impone el cumplimiento de estas penas alternativas no asiste. Se queda en la calle, en su casa o quién sabe dónde.
El martes 27 de octubre había 905 adolescentes bajo la órbita del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa). De ellos, 502 estaban presos y 403 en libertad, pero debían cumplir medidas impuestas por un juez. O deberían. En realidad, más de la mitad (205) no asistieron el 27 de octubre. Lejos de ser una excepción, este nivel de ausentismo es la norma.
El 7 de setiembre, por ejemplo, se presentaron 181 y brillaron por su ausencia 198. El promedio de inasistencias desmorona la credibilidad del sistema de justicia juvenil.
Ante esta situación, la presidenta del Sirpa, Gabriela Fulco, prepara una reestructura del sistema de medidas de privación de libertad, para extenderlo y mejorar el cumplimiento.
"Una de las líneas del trabajo del Sirpa es la mejora y la transformación del modelo actual de cumplimiento de medidas no privativas", dijo Fulco a El Observador.
"Consideramos que esto debe ser mejorado y por eso vamos hacia otro modelo", agregó.
Cuando un juez resuelve iniciar un proceso a un adolescente infractor tiene dos opciones: internarlo en un centro de privación de libertad o imponerle medidas no privativas de libertad por un determinado lapso.
En ese caso, también cuenta con dos opciones: derivarlo al Sirpa para que le apliquen medidas sustitutivas a la prisión (de ello se encarga el Programa de Medidas Socioeducativas No Privativas de Libertad y Mediación: Promesem), o derivarlo a alguna ONG que tiene convenio con el Sirpa.
El 27 de octubre, 118 menores asistieron al Promesem, pero 158 no. Además, 80 participaron de las medidas controladas por ONG, mientras que 47 no lo hicieron.
"Hay un popurrí de respuestas, por lo que nuestra idea es homogeneizar la respuesta", explicó Fulco.
Cuando los adolescentes no cumplen con las medidas impuestas por el juez, Promesem o la ONG a la que se lo deriva deben elevar un informe al juez, que evalúa la situación. Tras una audiencia con el adolescente, el magistrado puede ajustar la medida a la necesidad del adolescente o internarlo en un centro de privación de libertad.
El defensor de oficio de adolescentes Guillermo Payseé informó a El Observador que adolescentes privados de libertad suelen pedir, después de un tiempo de reclusión, el beneficio de la medida alternativa. "Algunos adolescentes que no cumplen con la medida han sido reintegrados a los centros de privación de libertad", dijo Payseé.
Una ley aprobada en la pasada legislatura aumentó las penas de los menores cuando la infracción sea considerada gravísima: homicidio, rapiña, secuestro.
En esos casos, deben cumplir al menos un año de reclusión. Por lo tanto, quienes gozan de las medidas alternativas son aquellos jóvenes que fueron procesados por otros delitos más leves, como lesiones o hurto, y los que, tras cumplir un año de reclusión pero que aún les quedan años o meses para cumplir la pena, obtienen el beneficio de las medidas alternativas.
Antes de su gestión, había más fugas por año que adolescentes internados. Entraban por una puerta y salían por otra a su antojo.
Las fugas volvieron a ser noticia luego de que asumió Fulco.
El fantasma de que los funcionarios abrían las puertas o hacían la vista gorda volvió con fuerza, principalmente luego de que se concretaran varias fugas tras el procesamiento de 26 funcionarios por tortura. La guerra entre el Sindicato Único del INAU y las autoridades del Sirpa fue manifiesta, aunque en las últimas semanas el diálogo se retomó.
Ante este escenario, el incumplimiento de los adolescentes de las medidas impuestas por los jueces es uno de los principales problemas que visualizan las autoridades. Tras controlar las fugas de los centros, llegó la hora de terminar con las fugas invisibles.
"Tal como lo establece la Convención de los Derechos del Niño, la prisión debe ser el último recurso. Nuestro país ha sido históricamente observado por los organismos de control de cumplimiento de los derechos humanos por el excesivo uso de la prisión", recuerda Fulco.
"Para ponernos en línea con lo que mandata la convención de los derechos del niño hemos decidido poner foco en la posibilidad de que el despliegue de las medidas se establezca sobre una base sólida de trabajo, en el que el cumplimiento de la medida sea efectiva", agregó.
En julio se formó la Comisión Asesora Intergubernamental del Sirpa, que está integrada por Ministerio de Desarrollo Social (Mides) e integrado por varios ministerios, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), la Secretaría Nacional de Deportes, Unicef, y la Oficina de la Coordinadora Residente IIN, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales (Anong).
En la sesión del martes pasado, los integrantes acordaron que "la implementación de un nuevo modelo de medidas alternativas es el tema principal de la comisión en los próximos seis meses", aseguró Fulco.
La primera medida que adoptará el Sirpa en este sentido es la finalización de los convenios con las ONG. "Están venciendo las fechas de los contratos en estos días", dijo Fulco, que pretende empezar a sepultar así las fugas invisibles.
Sin embargo, la mitad de los adolescentes a los que se les impone el cumplimiento de estas penas alternativas no asiste. Se queda en la calle, en su casa o quién sabe dónde.
El martes 27 de octubre había 905 adolescentes bajo la órbita del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa). De ellos, 502 estaban presos y 403 en libertad, pero debían cumplir medidas impuestas por un juez. O deberían. En realidad, más de la mitad (205) no asistieron el 27 de octubre. Lejos de ser una excepción, este nivel de ausentismo es la norma.
El 7 de setiembre, por ejemplo, se presentaron 181 y brillaron por su ausencia 198. El promedio de inasistencias desmorona la credibilidad del sistema de justicia juvenil.
Ante esta situación, la presidenta del Sirpa, Gabriela Fulco, prepara una reestructura del sistema de medidas de privación de libertad, para extenderlo y mejorar el cumplimiento.
"Una de las líneas del trabajo del Sirpa es la mejora y la transformación del modelo actual de cumplimiento de medidas no privativas", dijo Fulco a El Observador.
"Consideramos que esto debe ser mejorado y por eso vamos hacia otro modelo", agregó.
Cuando un juez resuelve iniciar un proceso a un adolescente infractor tiene dos opciones: internarlo en un centro de privación de libertad o imponerle medidas no privativas de libertad por un determinado lapso.
En ese caso, también cuenta con dos opciones: derivarlo al Sirpa para que le apliquen medidas sustitutivas a la prisión (de ello se encarga el Programa de Medidas Socioeducativas No Privativas de Libertad y Mediación: Promesem), o derivarlo a alguna ONG que tiene convenio con el Sirpa.
El 27 de octubre, 118 menores asistieron al Promesem, pero 158 no. Además, 80 participaron de las medidas controladas por ONG, mientras que 47 no lo hicieron.
"Hay un popurrí de respuestas, por lo que nuestra idea es homogeneizar la respuesta", explicó Fulco.
Cuando los adolescentes no cumplen con las medidas impuestas por el juez, Promesem o la ONG a la que se lo deriva deben elevar un informe al juez, que evalúa la situación. Tras una audiencia con el adolescente, el magistrado puede ajustar la medida a la necesidad del adolescente o internarlo en un centro de privación de libertad.
El defensor de oficio de adolescentes Guillermo Payseé informó a El Observador que adolescentes privados de libertad suelen pedir, después de un tiempo de reclusión, el beneficio de la medida alternativa. "Algunos adolescentes que no cumplen con la medida han sido reintegrados a los centros de privación de libertad", dijo Payseé.
Una ley aprobada en la pasada legislatura aumentó las penas de los menores cuando la infracción sea considerada gravísima: homicidio, rapiña, secuestro.
En esos casos, deben cumplir al menos un año de reclusión. Por lo tanto, quienes gozan de las medidas alternativas son aquellos jóvenes que fueron procesados por otros delitos más leves, como lesiones o hurto, y los que, tras cumplir un año de reclusión pero que aún les quedan años o meses para cumplir la pena, obtienen el beneficio de las medidas alternativas.
De las fugas a las inasistencias
Las fugas de menores de los centros de privación de libertad fueron el karma del sistema durante décadas. En 2009 hubo 1.187, en 2010, 767; en 2011, 250; en 2012, 39; y en 2013, 25. La caída de la cantidad de fugas responde a una política emprendida por el anterior presidente del Sirpa, Ruben Villaverde, quien se planteó como principal objetivo al comienzo de su gestión, desde fines de 2011, la reducción de los escapes.Antes de su gestión, había más fugas por año que adolescentes internados. Entraban por una puerta y salían por otra a su antojo.
Las fugas volvieron a ser noticia luego de que asumió Fulco.
El fantasma de que los funcionarios abrían las puertas o hacían la vista gorda volvió con fuerza, principalmente luego de que se concretaran varias fugas tras el procesamiento de 26 funcionarios por tortura. La guerra entre el Sindicato Único del INAU y las autoridades del Sirpa fue manifiesta, aunque en las últimas semanas el diálogo se retomó.
Ante este escenario, el incumplimiento de los adolescentes de las medidas impuestas por los jueces es uno de los principales problemas que visualizan las autoridades. Tras controlar las fugas de los centros, llegó la hora de terminar con las fugas invisibles.
La prioridad
"Tal como lo establece la Convención de los Derechos del Niño, la prisión debe ser el último recurso. Nuestro país ha sido históricamente observado por los organismos de control de cumplimiento de los derechos humanos por el excesivo uso de la prisión", recuerda Fulco.
"Para ponernos en línea con lo que mandata la convención de los derechos del niño hemos decidido poner foco en la posibilidad de que el despliegue de las medidas se establezca sobre una base sólida de trabajo, en el que el cumplimiento de la medida sea efectiva", agregó.
En julio se formó la Comisión Asesora Intergubernamental del Sirpa, que está integrada por Ministerio de Desarrollo Social (Mides) e integrado por varios ministerios, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), la Secretaría Nacional de Deportes, Unicef, y la Oficina de la Coordinadora Residente IIN, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales (Anong).
En la sesión del martes pasado, los integrantes acordaron que "la implementación de un nuevo modelo de medidas alternativas es el tema principal de la comisión en los próximos seis meses", aseguró Fulco.
La primera medida que adoptará el Sirpa en este sentido es la finalización de los convenios con las ONG. "Están venciendo las fechas de los contratos en estos días", dijo Fulco, que pretende empezar a sepultar así las fugas invisibles.
