La nueva frontera del gasto público

El proyecto de Rendición de Cuentas que el ministro de Economía, Danilo Astori, presentó el miércoles regirá solo hasta el año próximo. Entonces se reabrirá la discusión sobre el gasto público para 2019 y 2020. En suma: compra tiempo, para ver cómo evolucionan las cosas, repletas de claroscuros.

El gobierno está obligado a convencer a una bancada de legisladores remisa y dividida. Tabaré Vázquez ya no puede actuar como un César, como ocurrió en su primera presidencia, cuando sus decisiones eran aceptadas casi sin chistar.

El nuevo proyecto restituye gastos que se habían suspendido en 2016, y ofrece un poco más de dinero para el sistema público de enseñanza. Los beneficiarios serán los docentes, desde primaria a la Universidad de la República, y una parte de los funcionarios judiciales.

No es poca cosa para un gobierno con poco margen, como un portaaviones en una bañera, y sufre un déficit pertinaz y cada vez más caro. La economía, que creció a un promedio anual de 5,75% durante la primera década frenteamplista, ahora va más lento. El contexto regional es confuso y el desempleo trepó 40% en los últimos cinco años.

El "gasto social", que incluye enseñanza, salud, programas asistenciales y –sobre todo– seguridad social, pasó del 19,5% del producto bruto (PIB) en 2005 al 26,5% en 2016. Año a año el gobierno debe transferir partidas cada vez mayores al Banco de Previsión Social, cuyo déficit aumenta de manera explosiva. Entre 2008 y 2016 el número de jubilados y pensionistas creció 23%, en tanto las prestaciones aumentan en términos reales, de la mano de los salarios.

No está lejos el día en que deban endurecerse las condiciones para acceder a una jubilación, que son relativamente benignas.

Las partidas extras para la enseñanza y la seguridad social serán financiadas por una mayor actividad económica, que significa más recaudación, y con más impuestos sobre los juegos de azar y las importaciones.

El incremento de la tasa consular, un recargo que pagan los bienes de consumo importados, equivale a más proteccionismo y aislamiento económico. Su contracara es una mayor dependencia de Argentina, Brasil y México, cuyos bienes tributan mucho menos.

Significa artículos más costosos para los consumidores de un país ya muy caro, y es otro paso en la dirección equivocada, aunque se haga en nombre de una buena causa. El paradigma de un país pequeño, abierto y eficiente cada día se aleja más, como se vuelve cierta la conciencia de nuestros miedos y de nuestra invencible mediocridad.

La nueva Rendición de Cuentas no agrandaría el déficit fiscal, otro frente potencialmente explosivo. Desde hace cinco años el Estado uruguayo vive por encima de sus posibilidades. El gran salto se dio en 2014, un año electoral, y se mantiene hasta ahora.

El déficit fiscal –gastar más de lo que ingresa– es una tentación irresistible para casi todos los gobiernos. Que el agujero lo arregle el que viene. En política el largo plazo no existe.

Uruguay ingresó al club de los países con grandes déficits fiscales en 1962, un año de elecciones. Desde la apertura democrática solo hubo superávit en 1992 y equilibrio en las cuentas públicas en 2007. El déficit de 2016, que alcanzó al 4% del PIB, fue el más grave en 27 años.

La clave está en cómo se cubre el agujero. Entre las décadas de 1950 y 1980 los gobiernos uruguayos lo financiaron básicamente con inflación. Imprimían muchos billetes nuevos, con los que pagaban a los funcionarios públicos, a los jubilados y a los proveedores.

El aumento de la cantidad de dinero muy por encima de la cantidad de bienes y servicios provocaba inflación, que a su vez licuaba el poder adquisitivo de salarios y pasividades y aceleraba la lucha por aumentos. Y así sucesivamente, cada vez más alto y más rápido.

En 1990 se inició un programa de disciplina monetaria, que para 1998 devolvió la inflación a un dígito, después de casi medio siglo de dos y tres dígitos.

Los ingresos fiscales como proporción del PIB crecieron mucho en América Latina a partir de 1990. La presión impositiva es muy elevada en Uruguay: alrededor del 28% del PIB; aunque todavía está por debajo de Brasil y Argentina. Claro que ese cálculo no incluye las tarifas públicas inusitadamente altas de Uruguay, que son otra vía de recaudación. La presión fiscal es todavía más alta en los países de la OCDE, pero ellos son muy ricos.

El gobierno cubre su déficit con un poco de inflación y un creciente endeudamiento. La deuda pública como porcentaje del PIB aumentó más de 35% desde 2013. Y seguirá creciendo. El miércoles Astori alertó sobre el riesgo del "círculo vicioso": más déficit, más deuda, más déficit. Si la brecha no se cierra, el ajuste deberá hacerse mediante una fuerte reducción de gastos y más impuestos. Cuanto más tarde, más doloroso.