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La oposición dice que el Estado se "blindó" contra los trabajadores
Polémica por un artículo que otorga mayores plazos para pagar lo que se debe por juicios
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05 de octubre de 2015 a las 05:00
Un artículo del Presupuesto que le otorga mayores plazos al Estado para pagar fallos en su contra fue considerado desde la oposición como un "blindaje" público indebido que atenta contra el derecho de los trabajadores y una "revancha" contra la Justicia,
El artículo a estudio del Parlamento establece que cuando se produzca un fallo condenatorio contra el Estado en el marco de un reclamo de carácter laboral se deberá comunicar al Ministerio de Economía en un plazo de 10 días para que "efectúe las previsiones correspondientes" en el momento de proyectar el Presupuesto.
Durante la comparecencia de una delegación del equipo económico en la Comisión de Presupuesto de Diputados el martes 30, los legisladores blancos Jorge Gandini y Pablo Abdala y el colorado Conrado Rodríguez plantearon reparos de diversa índole a esa propuesta.
"En este artículo se genera un blindaje del Estado frente a las sentencias ejecutoriadas, inmutables de un poder independiente del Estado. (Los empleados estatales) tendrán que hacer un juicio mucho más largo y penoso para el que hay que tener más espalda, porque lo que se establece es un proceso mucho más complejo que, además, termina violando radicalmente la Constitución de la República. Depende de que el Parlamento vote para que se pueda cobrar una sentencia. ¡Eso es una barbaridad!", dijo Gandini durante la reunión.
En tanto, Abdala sostuvo que el proyecto del Ejecutivo implica "implícitamente, una acusación importante a la justicia; es prácticamente sostener que estamos en el marco del gobierno de los jueces, es decir que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y los jueces intervienen en la política salarial del gobierno".
"Si eso fuera así, el gobierno debería denunciarlo en todos sus términos, plantearlo como un hecho grave y asumir las consecuencias de su actitud. Ahí tendríamos un debate de otras dimensiones y de otra envergadura. Lo que deduzco es que, como el gobierno advierte que la justicia se mete en su política salarial, la respuesta es dilatar el pago y la cancelación de las obligaciones que devengan de las sentencias de condena. Es como una especie de revancha, de actitud reactiva", agregó.
"Eso de alguna manera provoca una denegatoria de justicia. Cuando hay una denegatoria de justicia, lo que se está violentando es el estado de derecho", sostuvo.
El frenteamplista Jorge Pozzi opinó que "todo es perfectible en esta vida" y que no se le puede achacar al gobierno del Frente Amplio que haga "cosas ex profeso" para perjudicar a los trabajadores, si tienen razón.
"A veces puede ser que haya un poco de exceso de celo en cómo queremos defender los intereses del Estado, un celo mucho más grande que la falta total de celo que hubo en otro momento para defender los intereses del Estado, y que también le costó plata a los contribuyentes; todos sabemos que algunas cosas de estas suceden", opinó.
Ante estos planteos, el subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, explicó que el artículo del Presupuesto establece que los gobiernos departamentales, entes autónomos y servicios descentralizados, industriales y comerciales del Estado "deberán realizar las previsiones correspondientes, en oportunidad de proyectar sus presupuestos, para atender al pago de las sentencias, laudos arbitrales y transaccionales homologados judicialmente".Consideró que el gobierno pretende generar los mecanismos necesarios para asegurar el pago de las sentencias previendo los recursos necesarios en las instancias presupuestales.
El artículo a estudio del Parlamento establece que cuando se produzca un fallo condenatorio contra el Estado en el marco de un reclamo de carácter laboral se deberá comunicar al Ministerio de Economía en un plazo de 10 días para que "efectúe las previsiones correspondientes" en el momento de proyectar el Presupuesto.
Durante la comparecencia de una delegación del equipo económico en la Comisión de Presupuesto de Diputados el martes 30, los legisladores blancos Jorge Gandini y Pablo Abdala y el colorado Conrado Rodríguez plantearon reparos de diversa índole a esa propuesta.
"En este artículo se genera un blindaje del Estado frente a las sentencias ejecutoriadas, inmutables de un poder independiente del Estado. (Los empleados estatales) tendrán que hacer un juicio mucho más largo y penoso para el que hay que tener más espalda, porque lo que se establece es un proceso mucho más complejo que, además, termina violando radicalmente la Constitución de la República. Depende de que el Parlamento vote para que se pueda cobrar una sentencia. ¡Eso es una barbaridad!", dijo Gandini durante la reunión.
En tanto, Abdala sostuvo que el proyecto del Ejecutivo implica "implícitamente, una acusación importante a la justicia; es prácticamente sostener que estamos en el marco del gobierno de los jueces, es decir que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y los jueces intervienen en la política salarial del gobierno".
"Si eso fuera así, el gobierno debería denunciarlo en todos sus términos, plantearlo como un hecho grave y asumir las consecuencias de su actitud. Ahí tendríamos un debate de otras dimensiones y de otra envergadura. Lo que deduzco es que, como el gobierno advierte que la justicia se mete en su política salarial, la respuesta es dilatar el pago y la cancelación de las obligaciones que devengan de las sentencias de condena. Es como una especie de revancha, de actitud reactiva", agregó.
"Exceso de celo"
El colorado Rodríguez consideró que la decisión de posponer el pago de los juicios que pierde el Estado "establece que haya algunos entenados, como los más de 290.000 funcionarios públicos, que no podrán, como es su legítimo derecho, reclamar por sus salarios ni cobrar en tiempo"."Eso de alguna manera provoca una denegatoria de justicia. Cuando hay una denegatoria de justicia, lo que se está violentando es el estado de derecho", sostuvo.
El frenteamplista Jorge Pozzi opinó que "todo es perfectible en esta vida" y que no se le puede achacar al gobierno del Frente Amplio que haga "cosas ex profeso" para perjudicar a los trabajadores, si tienen razón.
"A veces puede ser que haya un poco de exceso de celo en cómo queremos defender los intereses del Estado, un celo mucho más grande que la falta total de celo que hubo en otro momento para defender los intereses del Estado, y que también le costó plata a los contribuyentes; todos sabemos que algunas cosas de estas suceden", opinó.
Ante estos planteos, el subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, explicó que el artículo del Presupuesto establece que los gobiernos departamentales, entes autónomos y servicios descentralizados, industriales y comerciales del Estado "deberán realizar las previsiones correspondientes, en oportunidad de proyectar sus presupuestos, para atender al pago de las sentencias, laudos arbitrales y transaccionales homologados judicialmente".Consideró que el gobierno pretende generar los mecanismos necesarios para asegurar el pago de las sentencias previendo los recursos necesarios en las instancias presupuestales.
