La Policía coteja si 50 barrabravas participaron en diversos delitos

El operativo en proceso no tiene necesariamente relación con los hechos de violencia ocurridos el sábado 14 en el partido entre Cerro y Peñarol en el estado Tróccoli, sino que se remonta a comienzos de 2014.

En noviembre del año pasado el juez Homero Da Costa puso el grito en el cielo cuando El Observador público una nota según la cual la Justicia “tiene en su poder pruebas que demuestran que dirigentes de fútbol le vendieron armas a barrabravas de un club. Desde hace tiempo el gobierno decidió realizar acciones de Inteligencia en el seno de las hinchadas que, según fuentes oficialistas, empiezan a dar resultados”.

La filtración “perjudica la investigación”, dijo Da costa y agregó: “Esta investigación, si hubiera seguido su trámite normal, tenía para un año y medio o dos más. Ahora no sé qué va a pasar”.

¿Y qué pasó? La investigación siguió, con la Policía cada vez más metida en la dinámica de las barras.

En una primera línea de investigación –que es permanente– y en una segunda –que surge con cada partido– trabajan agentes del servicio de Inteligencia policial desde hace meses.

Pero las autoridades del Ministerio del Interior, con apoyo en la experiencia de países de la región, trabajan sobre la base de que las barras son canales por donde circula el tráfico de armas y de drogas.

En noviembre, el juez Da Costa no quiso confirmar ni desmentir, la vinculación de dirigentes de fútbol y empresarios relacionados con el accionar de las barras, en algún caso claramente delictivo, y en otros aún por confirmar la gravedad de tales relaciones.

El tema de la violencia en el fútbol ha generado desencuentros entre la Policía y los jueces, aunque todo indica que en el megacaso que Da Costa tiene en sus manos –y que el juez ha intentado minimizar su dimensión– la coordinación fue aceitada.

Pero con cada episodio esos roces surgen. Tras los incidentes del fin de semana el juez Gabriel Ohanian dijo, en tono de queja, que la Policía no le había informado de heridos, y que por eso derivó el asunto al Tribunal de Faltas.

En filas policiales se empieza a constatar una cierta ansiedad para cerrar el operativo que, empujado fuertemente por el uso de intervenciones telefónicas, desborda el tema del fútbol e ingresa en el de “crimen organizado”.

Las fuentes dijeron que la Policía analiza los videos que tanto los medios como los propios barras subieron a la web. Unas 50 caras están siendo cotejadas con información que ya tenía la Policía.

Según la ley, la Policía no puede llevar registros de personas que no estuvieron procesadas. No obstante, es un hecho incontrastable que ninguna operación de Inteligencia se puede realizar si no hay un seguimiento de determinados sospechosos.

Nadie va a reconocerlo, pero la Policía tiene un registro de violentos que maneja en reserva.

¿Tienen alguna relación esas caras con los operativos que se hicieron estos días en Cerro Norte (a pocas cuadras del Tróccoli) donde se incautaron armas poderosas pertenecientes a grupos de narcos? Se está por ver, fue la respuesta oficial. La Policía ya desistió de pedir colaboración a los clubes. Aún hoy recuerdan que en uno de los casos en que se indagaban hechos similares se le preguntó al presidente de Nacional, Eduardo Ache, si había “aprietes” de parte de los barrabravas, a lo que respondió que no entendía el término, y preguntó a qué se estaban refiriendo sus interrogadores.