La prensa, el Estado y los Panamá Papers

Análisis del subeditor jefe de El Observador sobre los Panamá Papers
A partir del surgimiento de los Panama Papers son decenas las personas, muchas de ellas de elevado perfil público, que reclaman a viva voz a la prensa que investigue a los posibles evasores o lavadores de dinero.

En muchos casos lo hacen partiendo de la base de que quien posee una sociedad offshore es culpable o al menos sospechoso de cometer esos delitos, como si se tratara de una pantalla que indefectiblemente conduce a la ilegalidad.

Adjudican a los medios, la mayor parte de las veces, pereza investigativa o intencionalidad manifiesta para ocultar o proteger a personas con poder político o económico.

Pero en pocos casos se menciona al rol del Estado en este asunto, que es en definitiva quien tiene el poder y el interés directo en perseguir a los evasores y lavadores de dinero provenientes de actividades ilícitas, entre otras, la corrupción. ¿O no es acaso quién recauda los impuestos y el principal perjudicado si se esfuman los dineros públicos?

Es el Estado el que tiene las herramientas especializadas para hacerlo, a través de la Dirección General Impositiva, las unidades para el combate al lavado de activos y la propia Justicia como garante de que quienes están dentro de la legalidad no deban ser víctimas del linchamiento público. Y los anuncios oficiales indican que lo está haciendo, pero los reclamos populares o populacheros parecen enfocarse únicamente en los medios de información.

No me imagino a esas personas que hoy le exigen a la prensa ese rol de perseguir evasores pedirle mañana que garantice la salud y la seguridad pública.

Y los que reclaman son, en su mayoría, gente de izquierda que pide a empresas privadas –como son los medios de prensa–, que asuman el rol natural del Estado en este tema. Son las mismas personas que ideológicamente bregan para que el Estado esté presente, muchas veces de forma exclusiva, en todos los aspectos de la vida social y delegue la menor cantidad de tareas al sector privado.

Para la tranquilidad general, El Observador seguirá investigando las ilegalidades que puedan surgir de los Panamá Papers. Pero los medios no podemos ser los únicos, sino que el Estado debería ser el más interesado.


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