La quiebra de Puerto Rico

El país caribeño sufre la mayor crisis de la historia de un territorio bajo jurisdicción de EEUU

Por Alberto Bensión

Es otro de los casos de texto de estos tiempos: un país que consume en forma prolongada por encima de sus ingresos inevitablemente termina por incumplir sus obligaciones. Grecia es el ejemplo reciente más conocido. Ahora hay uno más.

En el pasado mes de mayo Puerto Rico inició el mayor proceso de quiebra de la historia de Estados Unidos de un territorio bajo su jurisdicción. Es el desenlace de una crisis económica iniciada a comienzos de este siglo, que se aceleró hace poco más de una década.

En el 2005, Estados Unidos decidió eliminar la exoneración tributaria vigente por treinta años sobre las ganancias de sus empresas establecidas en Puerto Rico. En ese período, buena parte de la evolución de la economía de la isla se apoyó en este privilegio tributario. Por ello, inmediatamente después del levantamiento de esa exención, cuando las inversiones tendieron a reducirse, comenzó la recesión. Los sucesivos gobiernos no pudieron salir de ella y para peor, una crisis bancaria obligó al cierre de tres instituciones.

La deuda pública fue el recurso más fácil para escapar a la realidad. En 1999 la isla tenía una deuda de US$ 16.000 millones, calificada con grado de inversión. Para cubrir el déficit fiscal que se comenzó a generar desde entonces, Puerto Rico recurrió al endeudamiento, hasta el actual nivel de US$ 73.000 millones, que ya no tiene además el grado de inversión. En adición, el sistema provisional está desfinanciado, con un pasivo implícito de US$ 50.000 millones.

La deuda tiene la garantía pública pero fue emitida con distintas condiciones por dieciocho oficinas públicas, tanto para financiar gastos corrientes como obras de infraestructura, muchas de ellas dispendiosas y de muy baja rentabilidad social. Como territorio de Estados Unidos, los títulos de la deuda de Puerto Rico están exentos del impuesto a la renta, por lo que fueron muy atractivos para los inversionistas americanos.

Entretanto, la economía estaba cada vez peor. En la última década ella se contrajo en 14%, el empleo bajó una cuarta parte y la población se redujo en 10% como consecuencia de la emigración. En la actualidad, la tasa de desempleo es de 12%, contra el 4,4% de Estados Unidos, y 45% de la población está por debajo de la línea de pobreza.

En el 2015 el gobierno anunció que la deuda era impagable y pidió auxilio a Washington. Al tratarse de un estado libre asociado, Puerto Rico no pudo acogerse al Código de Bancarrotas estadounidense, como por ejemplo lo hizo Detroit en 2013. En junio del año pasado el Presidente Obama firmó una ley que creó la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), una entidad gubernamental puertorriqueña para impulsar la reestructura de la deuda, en caso de que no se llegue a un acuerdo voluntario con los acreedores, y supervisar el manejo futuro de las finanzas públicas, hasta alcanzar un superávit.

Como consecuencia, se inició la aplicación de un proceso de ajuste en el gasto público que alcanzó a los sueldos y también a los diversos programas con fines sociales. Pero entretanto se volvió evidente la imposibilidad de llegar a un acuerdo voluntario con los acreedores. Por ello el gobierno acaba de apelar al Título III de dicha ley para detener a las demandas de pago y dejar en manos de un tribunal la decisión sobre las condiciones de pago de la deuda.

Dada la heterogeneidad de la deuda pública, hay diferentes grupos de acreedores que tienen diferencias entre ellos sobre sus respectivas prioridades para reclamar sus derechos. Por ello es que fue imposible un acuerdo voluntario sobre la reestructura del conjunto de la deuda.

Al respecto, un principio de acuerdo anunciado pocos días después de la declaración de quiebra entre el gobierno y los acreedores del banco público de desarrollo, una parte muy menor de la deuda pública, dio una primera indicación sobre el costo que deberán pagar los acreedores. Éstos aceptaron cambiar sus bonos por otros nuevos al 55%, 60% o 75% de su valor nominal, dependiendo de su elección sobre el nivel de la tasa de interés y el marco de protección legal.

Hasta ahora este acuerdo contó con el consentimiento de 45% de la deuda del banco, que es de US$ 5.300 millones, pero de acuerdo a la ley es necesario alcanzar al menos dos tercios del total para su homologación. Como referencia, en estos días los bonos con vencimiento en el próximo mes de agosto se han negociado a 24,3% de su valor nominal.

En simultaneidad con la determinación de la quita de la deuda, la JSF tendrá que profundizar el programa de ajuste de estos últimos meses, para asegurar el futuro de las finanzas públicas. No menos importante es el reclamo de que el futuro desarrollo de la isla también requiere de reformas de fondo en la economía.

Todo proceso de incumplimiento de las obligaciones de una sociedad impone un costo muy importante para el futuro nivel de vida de la población. No obstante, Puerto Rico tiene un cierto punto a su favor para atenuar este ajuste.

Porque a diferencia de Grecia, donde el sacrificio de los acreedores ha sido mínimo, el tribunal en funciones seguramente habrá de determinar una quita importante en la deuda de la isla. Ello permitirá liberar una parte de los recursos que hasta ahora requería su servicio. Será decisiva entonces la prudencia con la que las autoridades manejen la nueva situación.