El fiscal de Corte, Jorge Díaz, jugó fuerte al trasladar al fiscal Ricardo Chiecchi a consecuencia de los "errores inexcusables" que cometió en 2011 durante la instrucción en Rivera del caso del hombre que abusó sexualmente de su hija.
Para el máximo jerarca del Ministerio Público, esa situación deja en claro que es necesario actualizar la ley orgánica que regula el trabajo de los fiscales para, entre otras cosas, que el fiscal de Corte pueda dictar instrucciones generales de política criminal.
Díaz, en la conferencia de prensa que dio el lunes, dijo que desde 2010 unos 140 fiscales han concurrido a cursos sobre cómo indagar casos de abuso sexual dictados por Unicef. "Se capacita, se capacita, se capacita, se capacita y se siguen cometiendo errores u horrores", afirmó.
Por eso, sostuvo que para evitar que en el futuro se registren casos como el de Rivera, es fundamental que se reforme la ley orgánica del Ministerio Público de forma tal que el fiscal de Corte puede dictar instrucciones generales. Un proyecto al respecto está a estudio de la Comisión y Constitución Legislación del Senado.
Díaz entiende que lo ocurrido con Chiecchi hace que se deba "abogar fuertemente" por la aprobación de ese proyecto y que se establezca "claramente" la posibilidad de dictar instrucciones generales para "priorizar" ciertos delitos, tal es el caso de los ilícitos de carácter sexual.
La posibilidad de que el fiscal de Corte pueda dar instrucciones generales genera polémica, sobre todo teniendo en cuenta que desde julio del año próximo pasarán a dirigir las investigaciones penales, en función de la reforma del Código del Proceso Penal que está en proceso de aplicación.
Si bien la Asociación de Fiscales en su momento se pronunció a favor de la instrucciones generales, al comparecer el pasado 5 de julio ante la Comisión de Constitución del Senado, el presidente de la gremial, Gustavo Zubía, expresó que el proyecto de reforma del estatuto de los fiscales busca "funcionarizar" dado que el proyecto les quita la condición de magistrados.
A la semana siguiente, Díaz concurrió a la misma comisión legislativa y le respondió. "La primera sorpresa que me llevé es que el verbo "funcionarizar" no existe en la Real Academia Española y que los fiscales hablen en lunfardo en una comisión parlamentaria, me parece algo poco feliz", dijo el fiscal de Corte, aunque sin mencionar a Zubía.
"Si por 'funcionarizar' entendemos transformar a los fiscales en funcionarios públicos –porque parece ser lo que se encuentra escondido detrás–, debemos dejar claro desde ya que, desde el punto de vista jurídico, es absolutamente incuestionable que los fiscales son funcionarios públicos", sostuvo Díaz.
La iniciativa de establecer las instrucciones generales también genera debate a nivel político. Por ejemplo, el senador colorado Pedro Bordaberry dijo en la Comisión de Constitución y Legislación:"Que una instrucción general diga que todos estos delitos, de ahora en adelante, no se van a perseguir. En definitiva, quien debería decir que todos estos delitos no se van a perseguir somos nosotros acá en el Parlamento y eso no se aclara. Sé que es una zona gris, pero hay que tratar de que existan los menos grises posibles".
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