La ruta del dinero K y su vinculación con Uruguay

Tanto Báez (padre) como Pérez Gadín están en la mira de la Justicia uruguaya porque el segundo es el presidente de una sociedad anónima que compró en 2011 el campo El Entrevero, en José Ignacio (Maldonado) por US$ 14 millones, como revelan documentos a los que accedió El Observador en el año 2013.

La jueza uruguaya Adriana de los Santos investiga desde 2013 si la compra del campo se trató de una operación para lavar dinero. Para ello, necesita saber si ese dinero es de origen ilícito. Por esa razón, la indagatoria de este miércoles en Argentina es fundamental para la Justicia uruguaya.

En caso de que el juez Casanello procese a Báez o a Pérez Gadín en Argentina, la Justicia de Uruguay puede pedir el embargo del campo El Entrevero como medida cautelar. Si eso sucede, puede ser una medida histórica por el valor del campo.

El fiscal argentino que acusó a Báez y a Pérez Gadín, Guillermo Marijuan, aseguró este martes que el juez Casanello "va a dictar el procesamiento y a partir de ahí, las defensas tendrán los recursos procesales para revisar esa decisión", informa el diario La Nación. El delito por el que se procese a Báez y Pérez Gadín condicionará a la Justicia uruguaya.

Ambos fueron acusados por el fiscal Marijuán de lavar US$ 5 millones provenientes de la evasión fiscal de la constructora Austral Construcciones, a través de la financiera SGI, conocida como "La Rosadita". Sin embargo, el delito de evasión fiscal no es precedente de lavado de dinero en Uruguay. Esto significa que la Justicia uruguaya no puede procesar a Báez y Pérez Gadín por lavado de dinero si se los procesa en Argentina por evasión fiscal y lavado de dinero.

Para que la Justicia uruguaya pueda procesarlos, y eventualmente embargar el campo y otros bienes propiedad del grupo empresarial, la jueza necesita que se pruebe que el dinero proviene de un ilícito incluido en la ley 18.494. El artículo 8 de esta ley menciona 22 delitos (entre ellos la estafa y los delitos contra la administración pública) a partir de los que se lava dinero, pero no incluye a la evasión fiscal. Los evasores fiscales están protegidos por ley en Uruguay. En caso de ser procesados, la Justicia no los puede procesar por lavado ni embargar sus bienes.

Por la compra del campo El Entrevero, el Ministerio de Economía sancionó al escribano y al agente inmobiliario por incumplir los controles antilavado. Ambos fueron además indagados por la jueza De Los Santos.

"Los millones son de obras pública"

En diciembre de 2013, luego de confirmar con documentos que Pérez Gadín compró el campo El Entrevero en US$ 14 millones, El Observador entrevistó a José Sbatella, entonces presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina, la encargada de investigar lavado de dinero.

En esa entrevista, Sbatella reconoció que los millones utilizados para comprar el campo El Entrevero salieron de "la obra pública".

Las empresas de Báez, con Austral Construcciones a la cabeza, ganaron licitaciones públicas entre 2005 y 2015, durante la década kirchnerista, por US$ 870 millones. La Justicia argentina investiga si hubo sobreprecios.

Sin embargo, el juez federal Claudio Bonadío -que investigaba la relación entre Báez, Néstor Kirchner y Cristina Fernández- fue separado de la causa. Bonadío consiguió documentos que prueban que entre 2010 y 2011, empresas de Báez alquilaron 1.000 habitaciones en los tres hoteles del matrimonio presidencial. La mayoría de estas habitaciones no eran ocupadas por lo que el Bonadío sospecha que, mediante alquileres de habitaciones, volvía a los Kirchner el dinero que Báez ganaba con las licitaciones públicas.

Pérez Gadín, el presidente de la sociedad anónima que compró el campo El Entrevero, fue gerente del hotel Alto Calafate, propiedad de Cristina Fernández de Kirchner.