La salud fiscal en juego

Las próximas semanas mostrarán si el gobierno es capaz de tomar el rumbo que marca el manejo responsable de la economía o si, por el contrario, exprime la ya agotada capacidad contributiva de los hogares y las empresas para financiar mayor gasto

El optimismo oficial sobre el futuro de la economía no disipa las sombras que oscurecen la salud fiscal, como quedó en evidencia en la primera reunión del presidente Tabaré Vázquez con sus ministros para confeccionar el nuevo presupuesto. Es cierto que el país avizora un modesto crecimiento sostenido. Pero distan de estar aseguradas la “prudencia y mesura” prometidas por Vázquez, que conduzcan a reducir un déficit que ronda el 4% del Producto Interno Bruto. Este indicador, que pone en riesgo mantener el vital grado inversor y que exige tomar deuda para financiarlo, es la mayor pesadilla de la macroeconomía. Nada indica, sin embargo, una marcha segura hacia la meta gubernamental de bajarlo al 2,5% al fin del período.

Las señales van en sentido contrario. La recaudación aumentó en el primer cuatrimestre por impulso de mayores impuestos, especialmente en el IRPF que pagan los activos y su primo el IASS, con cargo a los pasivos, y por las desmesuradas tarifas por los servicios públicos que castigan sin excepción a toda la población. Pero los mayores ingresos no están acompañados por la necesaria contención del gasto público para poder bajar el déficit. A este panorama negativo se agregan las presiones desde el propio Frente Amplio y el sindicalismo del sector público para gastar todavía más, hasta en áreas que no lo justifican por falta de garantías de mejora, como son las averiadas estructuras de la educación y la salud.

Además de un excesivo gasto público en aumento, el gobierno enfrenta ahora los reclamos frenteamplistas y sindicales por mayores partidas en varios sectores. El Poder Ejecutivo no solo está obligado a resistirlos. Tiene también que acompasar el nuevo presupuesto en la Rendición de Cuentas a la meta de abatir el déficit y aliviar el peso de tributos directos e indirectos que ha deteriorado las condiciones de vida de la gran mayoría de los hogares y el funcionamiento del sector productivo. Pero no solo no se avizora ese alivio sino que el peso impositivo puede empeorar. El prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, al informar sobre el cónclave ministerial, no descartó nuevos impuestos sino que se limitó a decir que por ahora no se evalúa subirlos aun más. En buen romance, puede haber más impuestos, como reclaman algunos sectores del Frente Amplio, para evitar que mayor gasto público amenace disparar el déficit.

El bienestar de la gente, la capacidad de producción competitiva y la salud fiscal exigen un camino que está claramente delineado. Es esencial que no se aumenten los impuestos, y eventualmente se los reduzcan, así como que se adecuen las tarifas de servicios públicos a sus costos reales, eliminando las mayores contribuciones arbitrarias actuales a la caja estatal. Para hacerlo posible y crear perspectivas reales de menor déficit fiscal se necesita restringir el gasto público. Pero hasta ahora las perspectivas van en sentido contrario a lo que indican las normas más elementales de buena administración. Las próximas semanas mostrarán si el gobierno es capaz de tomar el rumbo que marca el manejo responsable de la economía o si, por el contrario, exprime la ya agotada capacidad contributiva de los hogares y las empresas para financiar mayor gasto. De la respuesta final a esta disyuntiva en la Rendición de Cuentas de junio depende que el gobierno equilibre la salud fiscal con el bienestar de los uruguayos, en vez de persistir en deteriorarlo.


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