La solución final para los jubilados

Es una obviedad que el presidente Vázquez tiene razón cuando dice que, si no se hacen cambios de fondo en el sistema jubilatorio, este va camino a la quiebra. En realidad, está actuarialmente en quiebra. Esto no es algo novedoso en los sistemas de reparto estatales en todo el mundo. Empezando por Argentina, cuyo sistema tiene un doble beneficio: un alto y paralizante costo para los trabajadores activos y una estafa para los aportantes a la hora de recibir algún magro resultado.

El sistema previsional nunca comienza como "de reparto". Siempre se inicia con un esquema de cuentas individuales virtuales nominadas, con aportes que realizan los trabajadores directamente o indirectamente vía las empresas que los contratan. En ese modelo, el fondo acumulado no pertenece al Estado, sino a los futuros jubilados, y es manejado técnicamente con independencia del presupuesto nacional. Hasta que el estado mete su mano monstruosa en la bolsa, con un paquete de medidas de latrocinio disfrazadas de solidaridad.

Solo a título enumerativo, no taxativo, se detallan algunas de estas rapiñas. La principal es el apoderamiento directo de los fondos, con la promesa de que el estado se hará cargo de las erogaciones futuras. Con lo cual, de un plumazo, el mecanismo deja de ser actuarial y pasa a ser de reparto, que es un eufemismo para convertir un ahorro en un impuesto. Luego hay variantes intermedias. Crear subsidios o dádivas con cargo a esos fondos. Como ocurre en Argentina con la Asignación universal por hijo, o con el subsidio al gas envasado, o con las pensiones por invalidez que terminaron convirtiendo en discapacitados a cientos de miles.

Otro modo de latrocinio es la incorporación de jubilaciones privilegiadas, o sea sectores que se jubilan mucho antes que el límite legal general, o con montos que no guardan relación con los años/aportes realizados. En el caso de Argentina, paradigma en tantas aberraciones, se jubilaron en la última década 3 millones de personas que no habían realizado ningún aporte, o habían aportado escasamente. Y el más simple, directo y eficaz método de rapiña es la inflación, el arma letal contra las clases más bajas en el mundo.

El mote "de reparto" tiende a querer transformar en una limosna lo que es un derecho jurídico tan válido como el de propiedad o el de cualquier inversor. Es un modo de licuar el derecho de las personas. Si el sistema no cierra en sí mismo, no debería implementarse en su propio origen. No hay derecho basado en la irrealidad. Seguramente Uruguay está libre de estos excesos, se supone. Pero no está libre del error de creer que el futuro mágicamente proveerá la cantidad de trabajadores activos que hace falta para mantener la relación de limosna para con los pasivos. O de ignorar que la edad de la población aumenta. O, para ser más técnicos, de no entender que el empleo no crecerá con rigidez laboral y demandas gremiales asfixiantes.

Si se ignoran esas realidades, el sistema de reparto ajusta siempre por muerte o por default.

Cuando en 1993 quiebra Suecia, (no el sistema de pensiones sino el sistema económico socialista) se reformula el modelo previsional. La edad de retiro deja de ser fija - cada uno se retira cuando quiere y la variable es el monto - se crea un sistema de cuentas nominadas virtuales, el fondo de jubilación pasa a ser manejado por los jubilados con el estado actuando como contralor, se le da gran fortaleza a las equivalentes a las AFAP. Existe un monto mínimo jubilatorio, pero la diferencia entre ese valor y las cuentas individuales son cubiertas desde el presupuesto del estado, no desde el fondo. Por eso el fondo de pensiones sueco es el más grande del mundo.

Uruguay se enfrenta ahora a la misma situación. La solución más a manos es elevar los generosos 60 años de límite a 65 años, o más. Depende de los avances de la medicina. Eso crea otro problema instantáneo: en un modelo que no genera empleo por deliberado desconocimiento de la ley de oferta y demanda, prolongar la edad de retiro crea automáticamente desempleo en el otro extremo. Con lo que lo que se denomina Participación o Actividad tenderá a bajar aún más y el desempleo a aumentar en una franja que ya parece acostumbrada y hasta decidida a no trabajar nunca. La discusión sobre los cincuentones o sobre la caja militar es por eso apenas un granito de arena en el desierto. Todo ello, sin incluir la robótica o la tecnología en la ecuación.

El vetusto socialismo oriental, (que sin embargo es considerado de avanzada aún por los más liberales) impide pensar. Cuando ya no esté el ministro Danilo Astori, el último dique de la racionalidad económica, la repetición ad infinitum del ciclo descrito hará estallar no sólo el sistema previsional y la edad de retiro podrá ir elevándose hasta los 100 años, los aportes subiendo hasta ahogar la economía o los haberes transformándose en pensiones por vejez.

Lo mejor que tiene el sistema de las AFAP es que mantienen alejado razonablemente al estado, el gran depredador de fondos y derechos. Ese sistema debería ser incentivado, desgravado y fomentado. Simultáneamente, si la necesidad ideológica o partidaria requiere defender el modelo estatal, éste debe parecerse al modelo privado, con impedimento constitucional al estado de meter la mano en cualquiera de esas dos latas. El estado es, finalmente, el mayor enemigo del sistema público previsional. Y del privado también.

Esto debe ser complementado por la incorporación al sistema estatal del esquema de cuentas individuales con cálculo permanente y automático del valor jubilatorio y la posibilidad de retirarse con el monto jubilatorio actuarial a la edad que el interesado decida y por el haber que ese cálculo determine. Si se cree conveniente crear una pensión mínima, la diferencia debe salir del presupuesto nacional, no del fondo que pertenece a los jubilados. Esto no tiene denominación ideológica. Se llama seriedad y derechos. En esa línea de pensamiento se podría hablar de una reforma. Prorrogar la edad de retiro es un parche precario, no una reforma.

Por supuesto que el gremialismo trotskista que controla al Frente Amplio, al Gobierno y a Uruguay y que usa a los países nórdicos como ejemplo del paraíso socialista, nunca permitirá adoptar los modelos de esos países cuando no convengan a su ideología arcaica y fracasada. Su reacción será aumentar el gasto, la deuda y los impuestos para seguir enterrándolos en la tumba anónima del "sistema de reparto".

Nada más peligroso que financiar un sistema jubilatorio deficitario con impuestos adicionales o con más deuda, como terminará siendo el caso. La advertencia del presidente debe ser leída en todas sus implicaciones. La quiebra de un sistema previsional estatal, es el prolegómeno de la quiebra del país.