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La Suprema Corte cierra juzgados de Paz y pide fondos al gobierno
Problemas para pagar los gastos de limpieza, dificultades para cubrir ciertos aportes al Banco de Previsión Social (BPS) por concepto de algunas obras y el agua al cuello para cumplir con el pago de servicios básicos como la energía eléctrica y el teléfono. Esos ejemplos muestran el panorama financiero del Poder Judicial, que ayer fue definido como "absolutamente deficitario" por el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Ricardo Pérez Manrique.
Ante esa realidad, la Justicia se ajusta el cinturón e intenta que cada moneda rinda al máximo. Por ejemplo, en las últimas semanas la SCJ suprimió, en el marco de una reestructura, 13 juzgados de Paz del interior del país cuyo peso presupuestal generado por gastos operativos y de personal no tenía correlación con su volumen de trabajo. Se trata de sedes que se encontraban en Paysandú, Soriano y Tacuarembó, Salto y Treinta y Tres y cuya eliminación permite al Poder Judicial ahorrar cerca de $ 4 millones al año que serán destinados a otras áreas.
"Es la cuarta Rendición de Cuentas en la que no recibimos un centésimo. En el Presupuesto Quinquenal no recibimos un centésimo y en esta Rendición de Cuentas recibimos fondos exclusivamente para implementar el Código de Proceso Penal", dijo Pérez Manrique ayer en rueda de prensa, luego de participar en la inauguración de una Cámara Gesell en el juzgado penal de la calle Bartolomé Mitre casi Buenos Aires, en la Ciudad Vieja, a metros del teatro Solís.
En noviembre del año pasado, durante la discusión parlamentaria del Presupuesto del actual gobierno, la SCJ advirtió que sin incremento en sus partidas el panorama para 2016 sería "incierto", según lo definió en ese momento la directora de la División Planeamiento y Presupuesto de la SCJ, Luz Gonet. Por esa razón, semanas después se conformó un comité de crisis que ha tenido como objeto evaluar de cerca la situación y proponer medidas consistentes básicamente en recortar determinados gastos.
Fondos para el Código
Los temas presupuestales han sido objeto de fricción entre el Poder Judicial y el gobierno en los últimos meses. A la falta de asignación de rubros en la actual administración de Tabaré Vázquez se suma el litigio salarial generado en la gestión de José Mujica (2010-2015), que es objeto de un reclamo de más de US$ 56 millones producto de haberes impagos a jueces, funcionarios y otros operadores judiciales.
En junio, días antes de que el Poder Ejecutivo enviara el proyecto de Rendición de Cuentas al Parlamento, Vázquez recibió a Pérez Manrique en la Torre Ejecutiva y acordaron que se le otorgará una partida especial de $ 424 millones al Poder Judicial para costear la puesta en funcionamiento a partir de julio de 2017 del nuevo Código del Proceso Penal (CPP), que establecerá un modelo oral, público y acusatorio, donde la tarea de dirigir las investigaciones quedará en manos de los fiscales.
Tras esa reunión, Pérez Manrique manifestó la "voluntad política" y el "compromiso institucional" de que el nuevo CPP empiece a funcionar "sí o sí" el 16 de julio del año próximo, y Vázquez dijo que el acuerdo implica un "hito" y un "paso trascendental" en el manejo del derecho penal si se considera la cantidad de intentos fallidos que hubo en las últimas para modificar el modelo procesal.
