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La tormenta de la inseguridad
Las quejas del Frente Amplio ante los embates opositores no disimulan su responsabilidad por la tormenta política que lo asedia a raíz de la inseguridad pública. No es solo que la Policía, pese a su mejoramiento, siga corriendo de atrás a la ola delictiva. Las reuniones multipartidarias convocadas por el presidente Tabaré Vázquez para mejorar la seguridad ciudadana perdieron la oportunidad de hacerlo. Las decenas de propuestas de los representantes de los partidos de oposición para endurecer penas y otras medidas de combate a la delincuencia se aguaron en ocho proyectos de ley enviados por el Poder Ejecutivo al Parlamento, en su mayoría modestos y que hibernan adormecidos en las comisiones.
Si el gobierno hubiera aprovechado los encuentros con los cuatro partidos de oposición para impulsar consensuadas medidas más severas, habría dado una clara señal de combate más efectivo a la violencia delictiva y se hubiera evitado los pedidos de censura al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, y de eventual convocatoria a elecciones parlamentarias anticipadas. Este mecanismo está previsto en la Constitución, lo cual invalida la reacción frenteamplista ante los planteos opositores. Si el procedimiento es constitucional, ¿cómo es posible que sea fuente de inestabilidad institucional y de ataque a la democracia, como se argumentó en la declaración leída por el presidente del FA, Javier Miranda, con respaldo de toda la bancada legislativa? Y además esa convocatoria no depende de la oposición, ya que implica la censura de un ministro, su ratificación y su nueva censura por más de tres quintos de la Asamblea General. La oposición no tiene mayoría ni para censurar a un ministro ni para mantener su ratificación con más de tres quintos de los legisladores.
Es secundario que blancos y colorados aprovechen la inacción gubernamental para sacar rédito electoral, algo que forma parte del transitar político habitual en una democracia. Lo principal, en lo que hacen hincapié dirigentes de la oposición, es que el gobierno perdió la oportunidad de fortalecer la lucha contra la delincuencia mediante un acuerdo de todo el sistema político en las frustradas reuniones multipartidarias. En vez de convulsión hoy habría calma si se hubieran aprobado e implementado rápidamente medidas más efectivas contra la agravada crisis de inseguridad, que se ha convertido en la preocupación prioritaria de una población atemorizada que reclama más eficacia policial y judicial contra los malhechores.
La mayoría del Frente Amplio que domina en las dos cámaras legislativas descarta virtualmente que se apruebe la censura a Bonomi cuando sea interpelado o que prospere la realización de elecciones anticipadas. Pero aunque todo quede en agua de borrajas en el Parlamento, es insoslayable el agravamiento del estado de conmoción pública que se ha generado. Se evidencia en las marchas callejeras de protesta en varias zonas de Montevideo y en otras muchas ciudades y en los lamentos desesperanzados de las víctimas de las diarias rapiñas y copamientos, que muchas veces terminan en asesinatos.
El gobierno no supo responder a una crisis grave al degradar los resultados de los encuentros multipartidarios. Pero ahora ya no puede eludir su obligación de ser más activo contra la delincuencia y alejarse de las declamaciones sin fundamento del FA. Se requiere fortalecer más a la Policía, cuya estructura mejorada sigue siendo insuficiente, así como promover leyes que permitan a los jueces ser más estrictos con los delincuentes de cualquier edad. Y sigue pendiente complementar a la Policía con efectivos militares para patrullaje callejero, opción a la que recurren muchos otros países pero que parece ser anatema para el Frente Amplio.
