La universidad del delito: entre el doctorado y el examen de ingreso

En todo caso, la frase da a entender que cuando salga puede llegar a provocar un daño mayor. Y como en Uruguay no hay pena de muerte ni cadena perpetua y más del 70% de los presos tienen menos de 35 años, en algún momento van a salir en libertad. Y como la reincidencia supera el 50%, la noria delictiva no se detendrá.

Pero hay otra visión o interpretación de esa frase sobre la universidad del delito que en general la población no atina a mensurar y que, de alguna forma, queda reflejada en esta historia relatada por Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario de cárceles: "Un día vino un preso y me dijo: 'Yo soy chorro, mi padre fue chorro y mi abuelo fue chorro. Ahora tengo a mi mujer sola afuera viviendo con mis ocho hijos". Aún a riesgo de "estigmatizar" el futuro de esos niños, la pregunta que se hace Petit luce pertinente:

"Si el bisabuelo fue chorro, el abuelo fue chorro, el padre fue chorro, ¿qué suponemos que van a ser esos chiquilines?".

Ver: El cerrojo de la seguridad pública: la cárcel
10.000 niños

Un 84% de las reclusas y un 66% de los reclusos tienen hijos. Más de 10 mil niños uruguayos tienen a su madre o a su padre en una prisión, según el censo de cárceles.

Aunque la presión sobre los políticos en torno a la seguridad moldea el discurso más que los datos estadísticos, hay algunas cifras oficiales vinculadas a los niños uruguayos que dan para reflexionar. Un 35% de los menores de 4 años sufre algún tipo de déficit alimentario que en algunos casos produce anemia. Entre los usuarios de INDA, esas cifras trepan por encima del 60%

La izquierda terminó por aceptar un discurso que le era ajeno acerca de que hay delincuentes irrecuperables y que la pobreza nada tiene que ver con su actividad. Pero esta postura, presuntamente más realista y menos soñadora, niega datos científicos que vinculan la pobreza a la delincuencia: los niños que sufrieron deficiencia de hierro en los primeros años de vida tienen más riesgo de ser depresivos y de adoptar conductas delictivas en su adolescencia temprana. Son datos científicos, no interpretaciones sociológicas o temores populares.

Por esa razón Petit está centrando su atención no solo en las cárceles sino en lo que pasa fuera de ellas, tratando de hacer un seguimiento sobre la familia del preso.

El sociólogo Luis Eduardo Morás, que ha investigado la situación de encierro de adolescentes y adultos, dijo al blog Sala de Prensa que un "producto perverso del desmesurado crecimiento del sistema carcelario en Uruguay, es que cada vez hay más niños que tienen familiares privados de libertad. De los 10.000 presos adultos que hay en el país, el 64% tiene hijos (el censo mostró cifras mayores) y ahí se genera un circuito de reproducción de la violencia porque muchos de esos niños, sin haber cometido ningún delito, sin estar presos, tampoco son libres, porque ya les cae un estigma de tener un familiar preso y, por lo tanto, la vida comunitaria se le hace mucho más difícil. Hay que cortar ese circuito y la única forma de hacerlo es una mirada integral de los problemas con la integración de distintos agentes y actores de la sociedad uruguaya".

Para el sociólogo es evidente que se da una "trasmisión generacional o familiar de prácticas delictivas", sobre todo en algunos delitos como el narcotráfico y una extensión de una cultura carcelaria al exterior de la sociedad.

De los más de 10 mil presos que hay en las prisiones, un 43% creció en un hogar monoparental. Unos 2.500 parecen no tener a nadie en la vida: uno de cada cuatro presos no recibe ni una visita.

Solidaridad para la reinserción

Inés Bausero, de la Dirección Nacional de Atención al Liberado (ex Patronato de Encarcelados y Liberados), dijo a El Observador que entre las 1.970 personas que atendieron en 2015 hay casos muy variados. Allí se les da asesoramiento a liberados y familiares de presos (se les tramita la cedula, el carné de salud, entre otras cosas) y se les intenta conseguir trabajo a través de convenios que tienen con organismos públicos y unas pocas empresas privadas.

"Hay experiencias positivas, donde nos dicen que los liberados son excelentes trabajadores. Lo que pasa es que muchos de ellos no tienen una cultura de trabajo detrás. Nos encontramos con gente que luego de pasar por la cárcel no tiene qué hacer y recién cuenta con 20 años". Reconoció que la sociedad tiene "temores fundados" y otros "infundados" sobre la relación con exconvictos, pero que si no se apela a la solidaridad, a hacerle un seguimiento a esos liberados ­"a aguantarle la cabeza como a veces se la aguantamos a un compañeros de trabajo"- las cosas solo van a empeorar.

Según datos oficiales, solo un 10% de los liberados busca apoyo, de alguna manera, en esta repartición.

La cultura "tumbera" que adquieren los presos -en la jerga carcelaria basta con algunas palabras para funcionar- y su bajo nivel educativo -hay presos que en algún momento estuvieron alfabetizados pero se olvidaron de cómo leer y escribir- atentan contra la reinserción.

Gustavo Belarra, subdirector del Instituto Nacional de Rehabilitación (ex Dirección de Cárceles), dijo a El País que la mayoría de los presos pertenecen a "un contexto de crianza y de vida de fragmentación, de cierta complejidad, de trayectorias educativas interrumpidas, acceso temprano al mercado de empleo en general no calificado o semicalificado, con un corte de situaciones de vulnerabilidad o de riesgo social, que muchas veces está asociado a la comisión del delito".

El 50% de los reclusos dijo que nunca tuvo trabajo estable y un 35% no realiza en prisión ninguna de las labores que se le ofrecen para que acorte la pena o adopte una cultura laboral.

Primarios cada vez más violentos

Un 48% de los presos son primarios, lo que por un lado plantea un universo interesante para trabajar buscando evitar la reincidencia, pero por otro los testimonios de trabajadores de cárceles revelan que esos primarios son cada vez más violentos.

El universo y las condiciones carcelarias no les hacen las cosas fáciles a los primarios. "Cuando cayó por primera vez era chiquito y flaquito, y desde el primer día tuvo que tratar de conseguir algún corte carcelario porque sino le iban a hacer la vida imposible", contó a El Observador el familiar de un preso que terminó luego cayendo varias veces. "Esa situación hacía que cada vez que alguien trataba de llevárselo por delante él no tuviera otra que reaccionar con violencia y así pasaba sancionado", concluyó.

Las autoridades reconocen que hay profesionales del delito a los que será muy difícil rehabilitar. La izquierda parece poner mucho énfasis en este aspecto como para balancear el histórico discurso que vinculaba la delincuencia a la pobreza.

Para los involucrados en el tema, una cosa es ese discurso como definidor de algo generalizado y otra negar la realidad: no todos los pobres son delincuentes pero la abrumadora mayoría de los delincuentes provienen de hogares pobres.

Petit considera que atacar las causas sociales de la violencia no eliminará la delincuencia, pero impactará en algunos casos y reducirá los índices de violencia en otros.

Penar

Para el fiscal Eduardo Zubía, los índices de reincidencia -que según el oficialismo se ubica en un 50% pero que la oposición eleva hasta 70%- están confirmando que la cárcel efectivamente es la universidad del delito en el sentido más directo de la expresión.

La carrera delictiva de buena parte de los presos le da la razón: comienzan con arrebatos o hurtos siendo adolescentes y luego pasan a la rapiña, aunque las últimas estadísticas indicarían que esta carrera delictiva se ha acelerado y agravado ya que la mitad de las casi 20 mil rapiñas que se cometen son protagonizadas por menores.

La participación de menores de edad en el delito es un capítulo aparte, aunque las condiciones de encierro que existen en el INAU y sus características son casi un calco de lo que pasa con las cárceles de mayores. Hay unos mil menores de edad sometidos a la Justicia penal de niños y adolescentes.

La posición de Zubía de penar más severamente al reincidente fue asumida por el gobierno: el ministro del Interior, Eduardo Bonomi está impulsando un aumento de las sanciones para quienes reincidan con la posibilidad incluso de quitarles la patria potestad de sus hijos.

"Cuando existe delincuencia habitual con alguien que está preso, sale en libertad y vuelve a caer preso y tiene hijos chicos, ahí es uno de los lugares donde más se reproduce el delito. La idea es que en esos casos el Estado se haga cargo de la patria potestad", dijo el ministro.

Cifras que han sido controvertidas desde el oficialismo indican que reincide un 70% de los liberados bajo el amparo de la Ley de humanización de la Situación Carcelaria, vigente desde 2005, que prevé la posibilidad de otorgar la libertad a los presos que cumplan las dos terceras parte de su condena y reciban el certificado de buena conducta.

El excomisionado parlamentario Álvaro Garcé reconoció que los reincidentes delinquen con mayor violencia que cuando fueron a prisión por primera vez.

¿Podrá la dirigencia política lograr un consenso o pegar un giro lo suficientemente radical como para invertir en prisiones y erradicar este sistema desde sus raíces? En su trabajo "Crimen y orden social en la sociedad contemporánea", David Garland, profesor de sociología en la New York University e investigador sobre el encierro, dio una definición que luce desalentadora: "La generación de las políticas públicas se ha vuelto profundamente politizada y populista. Las medidas de política pública se construyen de una manera que parece valorar, sobre todo, el beneficio político y la reacción de la opinión pública por encima del punto de vista de los expertos y las investigaciones".

Ver también en esta serie: En 2015, 170 personas fueron procesadas por intentar ingresar droga a las cárceles