La versión del hombre por el que el ministro Bonomi se enfrenta al Poder Judicial

Wallace es uno de los dos indagados por las armas y municiones incautadas la semana pasada en una vivienda del barrio Ituzaingó. El caso generó un cruce entre el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, y la Suprema Corte de Justicia por la actuación de la jueza María Elena Mainard, que liberó a los dos detenidos a la espera de recibir más pruebas.

“Pienso que al ministro (Bonomi) y al jefe de Policía (Mario Layera) le vendieron un paquete equivocado y después no quisieron dar marcha atrás”, dijo Wallace ayer a El Observador.

Según cuenta, cuando salió de la cárcel a mediados de 2014 un amigo suyo (un militar retirado de 49 años) le ofreció una casa para vivir a menos de una cuadra de su vivienda, en el barrio Ituzaingó. Allí comenzó un negocio de compra y venta de autos, chatarra y confección de artesanías, mucha de ellas realizadas en base a armamento en desuso.

En las dos casas, que fueron allanadas por orden de la jueza Mainard, la Policía incautó dos pistolas, municiones y cartuchos de diverso tipo. “Ya fui al juzgado y quedó establecido que no hay absolutamente nada. Si el ministro y el jefe de Policía miran las cosas de manera objetiva, se van a dar cuenta de que no hay un peligro para nadie”, dijo Wallace.

El expolicía sostiene que el arma incautada donde él vive es propiedad del dueño de la vivienda (un militar retirado que hace más de 20 años fue procesado sin prisión por tenencia irregular de un arma) no funciona y que él desconocía que estaba allí.

“Quedó establecido que él (su amigo) dijo que era suya y no por cubrirme, sino porque es la realidad”, sostuvo. La segunda pistola fue ubicada en la casa del militar retirado, que fue indagado y liberado junto con Wallace.

En cuanto a las municiones, dijo que muchas son para caza deportiva y otras “son cartuchos de balas distintas que se hacen para colección”.

Antecedentes

Uno de los principales argumentos manejados públicamente por Bonomi para cuestionar la actuación de la jueza Mainard es que dejó en libertad a los detenidos a pesar de que “había antecedentes en uno de ellos del año 1971 y del 2009 por homicidio”.

Según Bonomi, en función de la ley de armas que entró en vigencia en agosto del año pasado, una persona que tiene armas en forma irregular puede ser penada con una multa de hasta 1.000 Unidades Reajustables ($ 805.000) si no posee antecedentes penales “y si los tiene puede ir a prisión”.

Consultado sobre sus antecedentes, Wallace no oculta que ha tenido problemas judiciales. En 1971, siendo policía de Inteligencia, fue procesado por su participación en el secuestro de Carlos Maeso (quien luego fue canciller entre 1982 y 1985) junto a otros dos funcionarios policiales y dos particulares. Pero rápidamente aclara que tiempo después fue absuelto por la Justicia.

En 1980, tras alejarse de la Policía, pasó a la actividad privada y fue procesado por un caso de cheques sin fondos derivados de “un negocio comercial”.

Y en octubre de 2009 Wallace fue a prisión por matar de un disparo a un integrante de una banda que pretendió ingresar a la barraca de hierros que tenía en el barrio Colón. Por ese expediente permaneció en el Penal de Libertad hasta junio del año pasado.