Las batallas de Bonomi

El rostro más visible del combate a la violencia en Uruguay es el de Eduardo Bonomi, ministro del Interior desde hace seis años, quien de alguna forma encarna la explosión del delito y la sicosis social que oscila entre la desesperación, el conformismo y el odio.

El martes el presidente Tabaré Vázquez recibió a líderes de la oposición para discutir sobre seguridad pública y dijo estar dispuesto a introducir un "cambio de rumbo" en las políticas oficiales. Pero también señaló que Bonomi permanecerá en su cargo.

¿Quién es ese hombre, que ha tenido tanto peso político en los once años de gobierno del Frente Amplio?

Eduardo Bonomi Varela nació en Montevideo en 1948, e ingresó a la guerrilla del MLN-Tupamaros en 1970, cuando era estudiante de Veterinaria y un promisorio mediocampista de Wanderers. Fue apresado en 1972, durante la debacle del MLN, y estuvo en la cárcel hasta marzo de 1985, acusado de delitos de sangre.

Luego lideró empresas cooperativas de pesca que acabaron en quiebra. Promovió la acción política legal de los tupamaros en el seno del Frente Amplio, cuando otros militantes seguían aferrados al imaginario guerrillero. Fue dirigente del MPP desde que se creó en 1989. Redactó algunos documentos más bien soporíferos sobre la forma de arribar "al socialismo y la liberación nacional", una suerte de Paraíso Terrenal.

En 2005, al iniciarse el primer gobierno frenteamplista, asumió como ministro de Trabajo y Seguridad Social. Contribuyó a reimplantar los Consejos de Salarios, mecanismo de negociación colectiva utilizado esporádicamente desde 1943, promovió los aumentos salariales y dio vida a los alicaídos sindicatos.

Hombre de confianza y amigo de José Mujica, fue su jefe de campaña electoral en 2009 y ministro del Interior desde el 1º de marzo de 2010, con Jorge Vázquez, hermano de Tabaré, como viceministro. Ambos fueron ratificados en 2015.

"El Bicho", como le llaman sus amigos, está casado con Susana Pereyra, diputada del MPP desde 2010 al presente. Residieron muchos años en una cooperativa de viviendas en la periferia de Montevideo, y luego se mudaron a una casa en el balneario Parque del Plata.

En Uruguay se ha vuelto broma reclamar la renuncia de Bonomi ante cualquier contratiempo. Lo insultan hasta en latín. No hay familia que no haya sido tocada directamente por la delincuencia. Muchos hurtos, si no incluyen documentos, ya ni se denuncian. Las rapiñas crecen sin pausa desde la apertura democrática, hace 31 años, lo que convierte en socios del fracaso a los tres partidos que han gobernado. (Los regímenes autoritarios, que recortan derechos y establecen una cultura de la delación, suelen ser muy eficaces para combatir el delito).

Los dirigentes políticos hablan mucho, con argumentos que van desde la "mano dura" hasta "cambiar las estructuras", cosa que nadie sabe bien qué es y menos aún cómo se hace. La oposición y la bancada oficialista exhiben una demagogia vergonzante. Sobreabundan los diagnósticos y la corrección política, y son desoladoramente escasos quienes arriesgan caminos concretos y están dispuestos a pagar el precio. Uno de ellos fue Bonomi, un hombre más bien rudo, con un pasado pistola en mano en el MLN. Su designación significó el cierre de la etapa "naif" del gobierno del Frente Amplio en materia de seguridad que representaron los socialistas José Díaz y Daisy Tourné.

Sin complejos, sabiendo que nadie se lo agradecería, Bonomi tomó su trabajo con realismo, como centro de su vida personal y como función social de primera importancia. Combatió la corrupción, mejoró el sistema carcelario y obtuvo un amplio presupuesto para la seguridad, que se invirtió en mejores salarios, más y mejor equipamiento y una mayor formación policial.

Es muy probable que el auge de la delincuencia en Uruguay hoy tenga menos que ver con la Policía que con otros agujeros del sistema: la justicia, la enseñanza pública, los programas de asistencia social, la ausencia de liderazgos, la crisis de paradigmas y de autoridad. La sociedad uruguaya luce paralizada y timorata para ejercer la autoridad legítima. Ya ha tolerado, casi impávida, otros descalabros graves, como la suciedad en Montevideo, el aumento de las personas que viven en las calles, el caos y las bravuconadas en el tránsito, o la implosión del sistema público de enseñanza.

La batalla por la seguridad pública es crítica. Si el Estado central al fin pierde el control, tarde o temprano llegará un tiempo de tendencias autoritarias, gatillo fácil y oscurantismo.