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Las claves del conflicto entre el gobierno y el Poder Judicial
El conflicto inició en 2010 cuando con la ley de Presupuesto se incrementaron los sueldos de los ministros de Estado, que están equiparados con los de la Suprema Corte de Justicia (SCJ). Eso significaba que, al subir el de los ministros de Estado, también se debían aumentar los salarios de los ministros de la SCJ, algo que no sucedió. A su vez, todos los salarios de los funcionarios del Poder Judicial están enganchados a los de los ministros de la SCJ y también se deberían haber aumentado.
Por qué comenzó
El Poder Ejecutivo intentó enmendar el proyecto que votó el Parlamento a través de una ley interpretativa, y luego repitió el procedimiento en la ley de Rendición de Cuentas para "desenganchar" los aumentos, pero ambas normas fueron declaradas inconstitucionales.
A raíz del conflicto, los juzgados estuvieron paralizados en varias oportunidades, especialmente en 2014.
Por cuánto es el reclamo
Los funcionarios del Poder Judicial reclamaban un aumento de 26% del salario desde 2011 porque la ley de Presupuesto votada en 2010 comenzó a regir el 1 de enero de ese año. El incremento reclamado por la SCJ es de 21,6%. La oferta del gobierno era de 8%.
Fallos
Un fallo judicial de marzo de 2015 le dio la razón a 3.800 funcionarios judiciales sobre el 26% reclamado. En la sentencia de primera instancia la Justicia condenó al Estado a pagar lo adeudado desde diciembre de 2012, cuando los funcionarios presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra la ley interpretativa de la ley de presupuesto.
La Suprema Corte de Justicia apeló ese fallo, por considerar que el porcentaje no era 26% sino 21,6%. El gobierno también lo había recurrido. En marzo de 2015, el Tribunal de Apelaciones ratificó el reclamo de los funcionarios judiciales.
Propuestas
En el caso de los magistrados, el Poder Ejecutivo acordó a finales del año pasado una solución al conflicto. El acuerdo, planteó que en el caso de los jueces se pague 14% de aumento en dos cuotas (no el 21% reclamado) y 50% de las diferencias acumuladas en tres cuotas anuales. Una vez aprobada, la propuesta se transformó en un proyecto de ley que fue votado en el Senado este miércoles.
En el caso de los funcionarios judiciales y actuarios, la propuesta ascendía a 15% del 21,6% reclamado. Ese porcentaje se divide en dos: un retroactivo al año para el período que va de 2012 a 2015, que se quiere pagar en tres cuotas anuales, y otro de diciembre de 2015 en el que se propone que los judiciales cobren un incremento de 7,75%, a cuenta del aumento del 15%. Para completar el 15%, se les ofreció pagar 4% en 2017 y el otro 4% en 2018.
Rechazos
La propuesta del Poder Ejecutivo fue rechazada este miércoles en la asamblea de la Asociación de Actuarios, informó a El Observador Diego Pardo, presidente del gremio.
