"NOS VEMOS EN LOS TRIBUNALES, ¡LA SEGURIDAD DE NUESTRO PAÍS ESTÁ EN JUEGO!". Esas palabras (así, en mayúscula) fueron las utilizadas por el presidente estadounidense Donald Trump en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter este jueves apenas conocida la decisión de la corte de apelaciones de San Francisco de mantener la suspensión del decreto que prohibía la entrada en el país norteamericano de refugiados y emigrantes de siete países de mayoría musulmana.
Luego de esto, Trump calificó en un tuit de "vergonzosa" la decisión ratificada por la corte y citó algunos extractos de un artículo en el sitio Lawfare -un blog sobre temas legales y de seguridad- que hizo referencia al fallo unánime del jueves del tribunal federal de apelaciones en San Francisco.
A continuación, algunas claves para entender este litigio que mantiene en tensión presidente de Estados Unidos con el Poder Judicial estadounidenses:
En Estados Unidos, el presidente recibe la potestad desde el Parlamento para emitir decretos -órdenes ejecutivas-, dirigidos a oficiales y agencias del gobierno federal de Estados Unidos, que tienen toda la fuerza de la ley cuando se basan en la autoridad derivada de un estatuto o de la propia Constitución.
Donald Trump lleva emitidas desde su asunción 11 órdenes ejecutivas. Entre ellas se encuentra el decreto migratorio, que contemplaba una prohibición de 120 días al ingreso en el país de cualquier refugiado (prohibición por tiempo indefinido si era de Siria), que entró en vigencia el 27 de enero y el 3 de febrero fue suspendido por el juez federal de Seattle, James Robart.
La medida fue duramente criticada dentro y fuera del país y ciudadanos y grupos a favor de los inmigrantes se manifestaron en varios aeropuertos, donde personas quedaban detenidas y luego eran deportadas en medio del caos.
Luego del escándalo suscitado en la arena pública luego de anunciada la orden migratoria, que tuvo al expresidente Barack Obama, distintas empresas de Silicon Valley y la mayoría de la opinión pública como principales opositores; el prestigioso juez federal de Seattle, James Robart, acaparó toda la atención al frenar su efecto.
La demanda por la inconstitucionalidad del decreto había sido presentada por los estados de Washington y Minnesota y ante esta Robart se pronunció decididamente a implementar el bloqueo que constitucionalmente le corresponde al Poder Judicial y lo hizo extensible a todo el territorio de Estados Unidos.
"Una implementación parcial socavaría el imperativo constitucional de un Reglamento de Naturalización uniforme, y la instrucción del Congreso de que las leyes migratorias en EEUU deben aplicarse de forma vigorosa y uniforme", dijo en la sesión de su fallo, en donde señaló que el "rol del Poder Judicial se limita a asegurar que las acciones de los otros dos poderes son conforme a la ley y, más importante, a la Constitución".
James Robart se ganó el inmediato odio de Trump quien, como suele hacer, se descargó dedicando al juez varios tuits.
El pasado 5 de febrero la suspensión emitida por el juez federal fue apelada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El pedido -firmado por Trump, el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, y el secretario de Estado, Rex Tillerson- refería a un restablecimiento inmediato de la orden migratoria que impidió el ingreso de refugiados y la emisión de visas para ciudadanos procedentes de Siria, Irak, Irán, Yemen, Libia, Sudán y Somalia.
Entonces actuó la corte federal, que rechazó la solicitud del gobierno en una primera instancia. "Esperaremos a revisar la orden escrita del tribunal y determinaremos los próximos pasos a seguir", dijo al New York Times, Nicole Navas, vocera del Departamento de Justicia de EEUU.
Luego de dos días de deliberación en que las partes presentaron sus argumentos, la corte de apelaciones del Noveno Circuito de San Francisco falló este jueves a favor de los estados denunciantes y en contra de la orden ejecutiva. El panel integrado por un juez nombrado por el presidente Jimmy Carter, otro designado por George W. Bush y otro nombrado por Barack Obama fue el encargado de dirimir en esta instancia, debido a que el tribunal de apelaciones de San Francisco es el que tiene jurisdicción sobre todos los estados del oeste (a los que pertenecen Washington y Minnesota).
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