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Las complejidades del régimen de participación público privada

El gobierno espera destinar US$ 740 millones a la inversión en rutas a través del instrumento en los próximos cinco años
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15 de mayo de 2016 a las 05:00
Como todos los estudios y evaluaciones sobre las necesidades de inversión en materia vial coinciden, no existe el espacio fiscal necesario para que el país gaste lo necesario para solucionar el problema.

Por eso el gobierno está jugado a la acción de privados en el marco de la ley 18.786 que en 2011 creó la figura de los proyectos de participación público privados (PPP). De hecho, de acuerdo a las cifras que maneja el propio gobierno, para cumplir el plan trazado en los próximos cinco años debería invertirse más en rutas por esta vía que por el presupuesto del MTOP.

El ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, dijo que "se están madurando los llamados y que se pretende comenzar antes de fin de año para luego hacerlos de manera escalonada en el correr del 2017. Es un desafío importante que rondará los US$ 740 millones de inversión en cinco años".

Pero ¿es tan fácil la concreción de este mecanismo? Por ahora solo se ha concretado una PPP para la construcción de una cárcel y se gestiona la segunda de ocho previstas. Esta primera incluye: un by pass en Nueva Palmira con una doble vía en los primeros 1,6,kilómetros y un nuevo puente sobre el arroyo Sauce; en la ruta 21, ampliación de banquinas y refuerzo en mezcla asfáltica; en la ruta 24 ampliación de plataforma, base estabilizada y pavimento de hormigón en 45 kilómetros; en camino de los Argentinos, obra adicional de recapado y mantenimiento. El plazo de contrato es a 24 años por un monto total de US$ 340 millones.

Ya se hizo el llamado a licitación y fue elegida una constructora, pero aun así el proceso está lejos de concluir. El régimen de PPP es complejo entre otras cosas por el financiamiento.

"El concesionario necesita financiar la obra y los agentes que están en mejores condiciones de financiar este tipo de proyectos son las AFAP, ya que estos negocios son en moneda nacional y a largo plazo, los bancos no tienen fondos con ese perfil: 80% de los depósitos está en dólares y la mayoría a la vista", explicó el economista Alfonso Capurro de la consultora CPA Ferrere.

"La etapa inicial de estos proyectos encierra un nivel de riesgo alto para el perfil conservador de un fondo de pensión que gestiona el ahorro de los futuros jubilados.

El concesionario necesita dinero para comenzar la obra, y ahí los bancos tienen un rol importante porque pueden prestar fondos mientras dura la construcción (dos o tres años); pero tanto un banco como una AFAP solicitan garantías para asegurarse el repago, porque el riesgo en la fase de la construcción puede ser elevado en algunos proyectos", añadió.

En relación a este punto mencionado por Capurro se puede recordar lo que ocurrió con otras grandes obras, como la regasificadora, que en plena construcción sufrió diversos inconvenientes.

El garante no es el Estado sino el concesionario y son sus garantías financieras las que cubren los riesgos. O sea que es el mercado financiero (las AFAP, por ejemplo) el que financia al concesionario de la obra, pero lo que está financiando no es solo la construcción sino también el repago que se obtiene durante los 20 años que dura el contrato.

En ese lapso la empresa se tiene que hacer cargo del mantenimiento de la ruta (pavimento, drenajes, señalización, banquinas, etc) y asegurar que la carretera cumpla estándares de calidad, porque si no es así se puede comprometer total o parcialmente el repago de los fondos que el agente financiador invirtió en el proyecto".

Se trata de toda una ingeniería económico-financiera bastante más compleja que apretar los labios y repetir PPP.

Según fuentes oficiales, un kilómetro de ruta requiere US$ 1.000 al año para mantenimiento
Capurro dijo que el hecho de hacerlo de esta forma y por vía de la Corporación para el Desarrollo (de la cual depende la Corporación Vial del Uruguay, figura pública de derecho privado que se encarga de las obras), es una ventaja para el Estado a efectos fiscales. En vez de hacer todo el gasto de una vez lo diversifica en varios años (ver infografía).

"Bajo el régimen de PPP es una contabilidad patrimonial, si los riesgos caen sobre el privado lo que contabilizo como gasto es el repago durante 20 años", explicó el experto. Dijo que por estos plazos extensos las PPP están limitadas para que un gobierno no comprometa las finanzas del siguiente.
Para el exministro de Transporte, Lucio Cáceres, las PPP no son más que "una obra pública financiada; las definen como PPP pero no es así. Se le dice a un contratista que haga la carretera y que se cobre en muchas cuotas en un largo período y mientras tanto, debe hacer el mantenimiento. Eso es una obra pública financiada, sería PPP si cobraran el total de lo invertido vía peaje, y eso no es posible". l

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