Las complicaciones judiciales de Cristina empiezan a preocupar a Macri

El gobierno argentino percibe que la situación puede perjudicarlo políticamente
Es "la" pregunta del momento. Es lo que todos quieren saber: ¿Cristina Fernández de Kirchner puede terminar presa?

La acumulación de causas penales, la revelación de escándalos de corrupción que involucran a sus exfuncionarios, la exhibición de los dólares con faja de la Reserva Federal en la caja de seguridad de su hija Florencia, todo ha contribuido a generar un clima en el que una situación que antes resultaba impensable hoy sea factible.

Es así que en todas las puntas del arco político se maneja la posibilidad de que la expresidenta termine entre rejas. Algunos lo manifiestan como expresión de deseo, como la diputada porteña Graciela Ocaña o la denunciante Margarita Stolbizer.

Otros lo están avisando como expresión de temor y como advertencia sobre la "persecución" o "cacería" contra Cristina. Entre quienes vienen agitando ese tema sobresalen el líder piquetero Luis D'Elía, la diputada Diana Conti y el exgobernador bonaerense Felipe Solá.

Y lo llamativo es la postura ambigua del gobierno. Escudado en el discurso "políticamente correcto" de respetar la separación de poderes del Estado, el macrismo ha tratado de mantenerse equidistante y hasta ajeno al tema que tiene en vilo al ámbito político.

"No lo imagino, ni lo pienso, no es un tema mío", respondió Macri en una entrevista televisiva, cuando le preguntaron si él creía que la expresidenta podría ir presa. Y dijo lo que se espera que un político en sus circunstancias diga: que no piensa interferir con la Justicia y que, pase lo que pase, no dependerá de él.

Pero algunas semanas antes, su propio ministro de Justicia, Germán Garavano, había mandado un mensaje a los ahora hiperactivos miembros del Poder Judicial.

"Hay que ser muy prudentes y no sobreactuar. Entiendo que hay hechos que nos irritan. Pero eso no justifica avanzar de modos alocados o políticos", había dicho Garavano, tras admitir que "nunca es bueno" que un exmandatario sea detenido.

Y resulta sugestiva la advertencia del ministro sobre "tener equilibrio para resolver sin presiones de la opinión pública" o "ser solventes con las pruebas y los procesos", así como de "no abusar de las detenciones porque lo pida una mayoría circunstancial".

Y, acaso su frase más fuerte, señaló que "estos procesos no deben ser venganzas".

Curiosamente, muchas de esas advertencias han terminado coincidiendo con los dichos de la propia Cristina Fernández y sus abogados, que han protestado por lo que entienden como "hostigamiento" y por medidas que vulneran los modos de los procesos para exponerla ante la opinión pública.

El contraataque Kirchnerista
Es en este contexto de agitación mediática y judicial, que queda algo opacado otro interrogante, acaso el más importante del momento: ¿a Macri le beneficiaría o le perjudicaría una prisión de Cristina?
Una primera interpretación superficial concluyó que al gobierno le conviene, porque eso acotaría las quejas por el ajuste económico.

Sin embargo, hay analistas convencidos de que Macri no ve con buenos ojos esta situación, de la misma manera que a Fernando de la Rúa no le agradó en su momento la prisión de Carlos Menem.

"Es claro que hay una persecución a nivel de la Justicia. Porque Macri no la quiere presa a Cristina. Quien la quiere presa es Héctor Magneto", arriesga el polémico Jorge Asís, al destacar el rol que está jugando la cobertura del multimedios Clarín.

Lo cierto es que, hasta ahora, el gobierno no ha dado señales de que la situación que atraviesa Cristina le entusiasme. De hecho, sus dirigentes se han pronunciado en contra de la acusación en la causa del "dólar futuro".

Por lo pronto, parece clara la opinión de la propia expresidenta. No por nada, en cada uno de sus descargos suele haber señales para el gobierno. La continua referencia a las revelaciones del Panamá Papers, por ejemplo, en un intento de comparación sobre el trato desigual de la Justicia –ensañamiento en un caso, displicencia y falta de voluntad investigativa, en el otro– dan un mensaje.

La percepción es que, en la medida en que la situación procesal de la propia Cristina se agrave, mayor será la fuerza con la que el kirchnerismo atacará a nivel político y mediático los flancos débiles del macrismo.

Por otra parte, la advertencia de Cristina tras la escandalosa detención del exsecretario de Obra Pública, José López, y sus bolsos con dólares, también tiene un mensaje entre líneas. Al remarcar que siempre que un funcionario corrupto recibe una coima es porque un empresario le dio el dinero, Cristina está recordando que las investigaciones actuales pueden derivar en un cuestionamiento generalizado al sistema de contrataciones estatales, del que quizá pocos puedan salir indemnes.

Victimizarse como estrategia
Las frases macristas que hacen hincapié en la independencia de poderes y en la necesidad de que la justicia avance lento y seguro no tienen, como puede parecer a primera vista, la intención de proteger a Cristina, sino que más bien funcionan como autodefensa.

El gobierno sabe que lo peor que le puede ocurrir es que se instale en la opinión pública la sensación de que Cristina es una perseguida política.

No por nada, la estrategia del kirchnerismo es una fuerte apuesta a la victimización. Prueba de ello es la advertencia de D'Elía sobre que la expresidenta irá presa "por decisión de Macri". O la comparación de Diana Conti entre la situación de Cristina y la que vivió Perón tras su derrocamiento en 1955.

Las 70 causas judiciales finalmente quedaron en la nada (...) fueron una arremetida por tirar abajo el peronismo, y sin embargo subsiste hasta hoy", dijo la diputada. Y el mensaje parece claro: así como una ofensiva judicial no pudo contra la fuerza del movimiento político fundado por el General, tampoco ahora la "persecución" podrá tirar abajo el proyecto kirchnerista.

Es cierto que ese argumento hoy no es fácil de sostener, dado el golpe anímico que sufrieron los militantes tras el escándalo de López. Por eso el gobierno prefiere que la situación actual se prolongue, que Cristina se desgaste más en atender los detalles procesales que en ocupar un rol de líder político.

Pero eso solo puede ocurrir con Cristina libre y trajinando juzgados. Una Cristina presa, en cambio, tendría un impacto en la opinión pública de tal magnitud que cambiaría todo el clima político.
Para empezar, nadie sabe qué tan grave puede ser la alteración de la paz social. Las manifestaciones en reclamo de su libertad podrían fácilmente derivar en disturbios de consecuencias impredecibles.

Y, en la evaluación estrictamente política, también hay temores fundados para el macrismo: encarar la elección legislativa de 2017 contra una Cristina libre pero desprestigiada y debilitada no es lo mismo que hacerlo contra una Cristina presa que, con la autoridad de todo perseguido político, denuncia los errores del nuevo gobierno.

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