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Las cuentas salieron mal

El cambio del régimen previsional de los "cincuentones" amenaza la meta del gobierno de bajar el déficit fiscal al 2,5% del PBI al fin del período
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06 de octubre de 2017 a las 05:00

El error de cálculo del gobierno sobre el costo multimillonario de habilitar a los llamados “cincuentones” a cambiar de régimen previsional amenaza agravar las deficitarias cuentas públicas. Las comisiones de la Cámara de Diputados que estudian el proyecto de ley del Poder Ejecutivo han quedado descolocadas al comprobarse que el número de eventuales beneficiarios es el doble de lo previsto y que también se duplica el costo de la iniciativa, a US$ 4.100 millones o más en dos décadas. El gobierno aceptó los reclamos de afiliados a las AFAP que tenían 50 años o más al 1º de abril de 2016. Argumentaron que su jubilación bajo el sistema de cuentas personales de ahorro sería inferior a la que podrían percibir en el sistema de reparto del Banco de Previsión Social (BPS), lo cual no estará claro hasta el momento de jubilarse.

El texto enviado al Parlamento se basó en cálculos del BPS del año pasado, que concluyeron que la posibilidad del cambio abarcaría a unas 30.000 personas, que luego subieron a 44.000, con un costo estimado en US$ 2.100 millones. Pero se ha comprobado ahora que, bajo los términos del proyecto, hasta unas 80.000 personas podrían acogerse a la reforma, imponiéndole a los gobiernos aportar sumas siderales al BPS para solventarla. El exdirector de la OPP, Ariel Davrieux, le advirtió a los legisladores que en pocos años pueden sumarse al cambio trabajadores activos que hoy son cuarentones, lo que haría trepar el costo total de la reforma a US$ 7 mil millones. Su estimación estuvo en línea con la afirmación de Sebastián Peaguda, presidente de la Asociación Nacional de AFAP, que bajo el texto del proyecto hay otros grupos de personas que quedarían en condiciones de optar por salir del régimen previsional mixto. También la estatal República AFAP alertó sobre el gravoso impacto financiero que la reforma tendría para el país.

El gobierno no avanza en sus intentos por bajar el déficit fiscal para situarlo al fin del período en la meta oficial del 2,5% del PIB. El peso del cambio en el régimen previsional alejaría aún más ese objetivo, principal pesadilla macroeconómica de la administración Vázquez porque pone en peligro el mantenimiento del vital grado inversor. Las calificadoras de riesgo siguen atentamente la evolución de todos los indicadores y no pasarán por alto una ley que comprometería la estabilidad fiscal. Davrieux estimó que el proyecto actual supone “una solución potencialmente cara, imposible de pagar y que, además, ponga en dificultad la credibilidad financiera del país”.

Es comprensible que algunas personas afiliadas a las AFAP en determinado momento de su vida laboral y en medio de la transición de sistemas, busquen pasar a otro sistema que estiman les aportaría mejores remuneraciones al momento del retiro. Pero por un lado, es inadmisible que, para atender sus reclamos, los gruesos errores oficiales de cálculo pongan en peligro la estructura financiera en los próximos años. Y por otro, detrás del impulso gubernamental a la iniciativa subyace la vieja hostilidad del Frente Amplio a la reforma previsional que creó las AFAP en 1996, que beneficia a la gran mayoría de los trabajadores y que era el único camino para evitar que en 10 años colapsara el sistema de reparto del BPS por imposibilidad de seguirlo financiando. Las AFAP eliminaron ese riesgo. Y si hay grupos que pueden beneficiarse cambiando de sistema, es pertinente atenderlos pero haciendo bien las cuentas para evitar un insostenible ahogo financiero a todo el país.

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