Las dos caras de un dólar a $ 36

Reducir el conflicto entre los productores agropecuarios y el gobierno a una cuestión netamente de coyuntura económica, es una simplificación excesiva. Una explicación satisfactoria exige incorporar además elementos estructurales, decisiones de política económica perjudiciales para el sector, una cultura hostil al agro y en particular a sus productores en algunos sectores de la fuerza política en el gobierno, y una comunicación política que a falta de señales y acciones que atiendan las necesidades específicas de estos agentes, fueron acumulando un malestar que trasciende lo estrictamente coyuntural.

Sin embargo, es innegable que detrás de la baja rentabilidad –incluso números rojos en algunos rubros del agro– hay elementos de coyuntura que son innegables. La caída del tipo de cambio respecto a mercados de referencia tiene mucho que ver con ese escenario. Y no es un problema sencillo de resolver. No alcanza con que el Banco Central (BCU) salga a comprar dólares para llevarlo, como reclaman algunos productores, a $36 en su cotización. La recuperación de los niveles de competitividad no va a ser –ni debería– un proceso rápido y desarticulado del resto de las políticas y realidades de la economía.

Entendamos qué hay detrás del dólar en sus niveles actuales. Diferentes expertos estiman un atraso cambiario importante. Pero como señaló en una entrevista con Búsqueda la semana pasada la economista Florencia Carriquiry de Deloitte, "eso no implica que (la cotización del dólar) tiene que subir 30%". Hay varios elementos a tener en cuenta para entender la cuestión cambiaria, las limitaciones de la política económica y sobre todo, los efectos secundarios de atender a los reclamos legítimos de un sector en problemas.

Hay dos elementos que han presionado a la baja el tipo de cambio en la plaza local en los últimos tiempos. Por un lado, la coyuntura internacional propicia el ingreso de capitales a economías emergentes como la uruguaya. Eso se percibe en la baja de las tasas de interés en dólares de los títulos uruguayos en el último año, producto de un fuerte incremento de la demanda. De este modo, Uruguay acompaña una ola de apreciaciones de las monedas domésticas de muchas economías.

El segundo elemento lleva a que ese problema que tienen hoy varios países emergentes se vea potenciado en Uruguay. Un déficit fiscal alto obliga al gobierno a emitir un importante volumen de deuda, lo que implica fomentar aun más el ingreso de capitales. Otros países como Brasil y en especial, Argentina, sufren de manera más pronunciada que Uruguay los problemas del atraso cambiario. Eso tampoco ayuda porque genera una falsa sensación de equilibrio. Los sectores que dependen del comercio con la región no sienten el peso de un dólar barato sino todo lo contrario. El turismo, por ejemplo, disfruta de su mejor temporada histórica, ajeno a los problemas que aquejan al agro.

Ir en contra de las tendencias globales no es una tarea sencilla para la política económica. El esfuerzo del gobierno debería centrarse en reducir las vulnerabilidades que llevan a potenciar ese fenómeno. Eso implica reducir el déficit fiscal, un desafío que el propio gobierno estableció como prioritario al principio de su gestión, pero en el que ha fallado hasta el momento.

Algunos productores agrícolas e incluso directivos de gremiales del sector han apuntado a las políticas sociales como las culpables de la brecha fiscal. Sin embargo, no parece estar ahí el problema. Los niveles de gasto en transferencias a las familias –sin contar jubilaciones y pasividades–, educación y salud, no parecen desproporcionados. En cambio, la pérdida de eficiencia de las empresas públicas, el incremento en el número de funcionarios en el Estado y un sistema de previsión social que requiere cambios que aseguren su sostenibilidad, deberían estar en el centro del reclamo.

Pero no solo hay limitantes en materia de políticas públicas. También el combate al atraso cambiario tiene que tener en cuenta algunos elementos vinculados con los tiempos. Sería sano para la economía uruguaya contar con un dólar más alto. Sin embargo, una depreciación brusca de la moneda uruguaya podría traer aparejados problemas para algunos sectores de la economía.

Uno de los motores del crecimiento en el último año ha sido el consumo de los hogares. Un dólar bajo permitió recuperar niveles de confianza de las familias uruguayas cercanos al optimismo y logró derribar algunas restricciones al gasto que redundaron en una aceleración del crecimiento económico.

El dólar bajo también permitió consolidar niveles de inflación en línea con el rango objetivo del gobierno luego de años de permanentes desviaciones. En el año en que vuelven a reunirse los Consejos de Salario para negociar los próximos aumentos, un incremento de los niveles de inflación implicaría un piso más alto para la suba salarial y eso podría generar un revés en los avances contra el aumento de precios que condicionaría aun más las posibilidades ya limitadas de reducir el atraso cambiario.

Todo esto lleva a que la suba del dólar deba ser un proceso delicado y bien señalizado que tenga en cuenta las expectativas de todos los agentes económicos.

La respuesta del gobierno a las manifestaciones del sector agrícola pueden venir por el lado de alivios puntuales en algunas tarifas públicas, pero la capacidad de dar soluciones a las problemáticas de rentabilidad –en particular en pequeñas extensiones– es muy reducida. Eso no exime al gobierno de responsabilidades. Tampoco es un llamado a la resignación. El gobierno debe recuperar la confianza perdida de los productores agrícolas a partir de la presentación de una agenda creíble de reducción de los desequilibrios fiscales y atender situaciones de crisis puntuales en algunos sectores con medidas paliativas, en el entendido de que el costo social de un sector agrícola hundido es alto y sus consecuencias se extienden a otros sectores. Pero los productores, a la vez, deben controlar sus expectativas y contemplar las múltiples problemáticas y desafíos de la economía uruguaya.