Las idas y vueltas de Vázquez y la Corte por nuevo proceso penal

El nuevo CPP fue aprobado el año pasado y comenzará a regir en febrero de 2017. Instaura un sistema oral, acusatorio –donde la tarea de investigar quedará en manos de los fiscales– y con audiencias públicas, lo que requerirá una importante inversión en personal e infraestructura para todo el sistema judicial.

Tomando en cuenta lo complejo de la puesta en marcha del nuevo CPP y la inversión que requiere –estimaciones primarias indican que no será menor a los US$ 40 millones– los ministros de la SCJ, en acuerdo con el fiscal de Corte, Jorge Díaz, consideraron que lo mejor es comenzar a aplicar el sistema en Montevideo y Canelones para luego, en forma gradual y programada, hacerlo en el resto del país.

Para transmitirle esa posición y conocer la visión del Poder Ejecutivo, la SCJ formalizó ante la Presidencia de la República un pedido de entrevista a Vázquez. Pero el mandatario comunicó al presidente del máximo órgano del Poder Judicial, Jorge Chediak, que antes de concretar la reunión quiere conocer la opinión de la corporación sobre la constitucionalidad de la idea de aplicar el nuevo CPP en forma gradual.

En la nota, Vázquez recuerda que en la reunión que mantuvo con los ministros de la SCJ el pasado 19 de marzo el tema "no estuvo ausente" y los magistrados plantearon "criterios no coincidentes" sobre si es o no violatorio de la Constitución aplicar el nuevo CPP por zonas o regiones.

"En esa instancia tuvimos a bien solicitarle una definición técnica concreta, en orden al punto de discordia, es decir, sobre la posible inconstitucionalidad de una vigencia basada en la implantación gradual de la Norma Procesal Penal, ya que el discernimiento de esa cuestión determinaría la posterior decisión política del Poder Ejecutivo", dice la nota que Vázquez envió a Chediak el 27 de julio y que ayer divulgó la página web del Poder Judicial.

"En el entendido que estamos abordando una definición de interés común, una vez que nos comuniquen la opinión del Cuerpo en el sentido que fuere, estaremos en condiciones de conceder la entrevista solicitada para resolver lo que hubiere del caso", añadió Vázquez en la carta.

No se puede

Consultado ayer por El Observador, el ministro de la SCJ, Jorge Larrieux, explicó que "por razones obvias" la corporación no podrá expedirse sobre la constitucionalidad de aplicar el CPP en forma gradual como lo pretende Vázquez porque podría implicar un prejuzgamiento ante la posibilidad de que finalmente se tome ese camino, y alguien impugne el mecanismo al considerarlo contrario al derecho de igualdad previsto en la Carta Magna.

"Nuestra idea era hablar con el presidente para ver si a nivel político era bien recibida la idea de aplicar el CPP primero en Montevideo y Canelones para no elaborar una propuesta que luego no tenga apoyo, dado que se requerirá la aprobación de una ley", comentó Larrieux.

El magistrado dijo que ante el plateo de Vázquez, lo más factible es que la SCJ prepare y haga previsiones presupuestales de dos escenarios diferentes: uno con una aplicación gradual del CPP comenzando por Montevideo y Canelones y otro con una aplicación general en todo el país.

De hecho, el máximo órgano judicial comenzó hace algunas semanas a trabajar en el presupuesto que le presentará al Poder Ejecutivo, para lo que tiene plazo hasta el próximo 15 de agosto.