Las propuestas blancas de seguridad ya existen

El Código Penal ya establece como agravante la condición de trabajador de la víctima o el uso de viviendas para traficar
No hay caso. Ante la falta de respuestas efectivas en lo preventivo y también en lo represivo para detener el empuje de violencia que se registra en el país desde hace décadas, la pulsión punitiva es tan potente en los gobernantes, que busca caminos insospechados para ser liberada.

Los dirigentes políticos siguen sin perder el pudor de pedir penas cada vez más severas como forma de combatir la inseguridad y lo pueden hacer porque, aunque saben que la evidencia histórica los deja mal parados, aún tienen crédito con esa prédica entre un electorado lleno de temores y de impotencia. Ya que no atinamos a encontrar una solución de fondo, deben pensar, al menos calmemos a la barra que pide palo y palo.

Pero esta vez se pasaron de la raya, patinaron mal y dejaron expuesto uno de los argumentos más potentes que se haya registrado últimamente contra el llamado "populismo punitivo".

"Cuando la víctima sea una persona que estuviera desempeñando tareas propias de su trabajo (taximetristas, trabajadores del transporte colectivo, comerciantes, empleados del comercio, repartidores, distribuidores de mercaderías, cobradores, etcétera) el homicidio se considerará especialmente agravado", dice una de las propuestas sobre seguridad presentadas por el Partido Nacional.

Vaya uno a saber dónde y por qué se produjo la patinada de proponer algo que ya está previsto en el ordenamiento jurídico.

En el año 2000, durante el gobierno colorado y luego de una serie de rapiñas sangrientas a transportistas (una seguidilla de delitos siempre es un buen argumento para el populismo punitivo) el Parlamento aprobó la ley 17.243 que incorporó al artículo 47 del Código Penal, en su inciso 18, el siguiente agravante para todos los delitos: "(Actividad laboral de la víctima). Cuando se prevalezca de la actividad laboral que esté desempeñando la víctima en el momento de cometerse el delito".

Lo que proponen los blancos podría ser cuestionado por muchas razones (en una rapiña a un comercio es agravante matar al comerciante pero no a la embarazada y al nene que esperan a ser atendidos), pero la más contundente de todas es que ya existe. O sea que aunque se aprobó ese agravante, ese aumento de las sanciones, las cosas, a estar por la propuesta de los blancos, no mejoraron, pero aún así se vuelve a plantear. Difícil jugar una carta mayor arriba de ese argumento que revela cómo aumentar las penas no mejoró la situación.

Pero aún si aquella ley del año 2000 no se hubiese aprobado, el artículo 312 del Código Penal ya fija agravantes que hacen oneroso el fijar la condición de trabajador de la víctima (supuestamente de una rapiña fatal), a saber: es agravante el homicidio perpetrado "inmediatamente después de haber cometido otro delito, para asegurar el resultado, o por no haber podido conseguir el fin propuesto".

Narcotizados por la violencia


No conformes con esto, los blancos propusieron además agravar penas vinculadas al narcotráfico. El Parlamento ya había hecho el bochorno de tipificar como homicidio el tráfico de pasta base de cocaína, algo que no ha podido aplicarse.

"No es posible acreditar que sea pasta base libre o fumable como lo pide la ley, y entonces no se tiene el elemento material del tipo penal y la ley se torna inaplicable", dijo en su momento el fiscal penal Gilberto Rodríguez.

Ahora se propone aumentar las penas a todo el que participa del narcotráfico, poniendo en un mismo nivel al financista de la droga, al que tiene el contacto con los productores, al lavador del dinero y a la generalmente empobrecida "mula" que se traga cápsulas de cocaína arriesgando su vida por un puñado de billetes.

También ponen en el mismo plano a las mujeres de zonas pobres que, como lo ha constatado la Policía en varios casos, mantienen a su familia pasando pasta base. Todos en la misma bolsa.
Y rematan con otra patinada jurídica. "La utilización del hogar como expendio o boca de drogas será agravante especial de los delitos de narcotráfico", dice otra de las propuestas nacionalistas.

Alguien debería avisarles a los asesores blancos o a los legisladores, no sé, a alguien, que el Código Penal ya establece como agravante de cualquier delito que el sujeto que lo perpetrase "se mantuviere en un edificio o en algún otro lugar destinado a habitación". Otra vez, quieren agravar los agravantes que ya existen.

La violencia mete miedo, sí, pero legislar para los asustados no es un buen método. De lo contrario, si propuestas tan desesperadas como desprolijas cobran fuerza, terminaremos teniendo un Estado de Derecho donde, cuando la maraña de normas lo permite, se aplica la ley pero en el que la Justicia no existe.


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