Vivo: En sesión histórica, Senado vota el impeachment de Rousseff

Su suerte ya estaba echada hace tiempo, pero ayer recibió casi la última confirmación cuando, tras su defensa en el Congreso el lunes, los senadores brasileños comenzaron, uno a uno, a relatar en diez minutos por qué Dilma Rousseff debía quedarse en el Palacio de la Alvorada, donde reside el jefe de Estado y que siguió siendo su casa durante los meses del impeachment, y regresar al Palacio de Planalto, sede del Ejecutivo en Brasilia, o irse definitivamente para su casa.

Casi a las cinco de la tarde de ayer se llegó al número de 54 senadores que expresaron su voluntad de que Rousseff se fuera del gobierno, según el diario brasileño Folha de São Paulo. Esa cifra era el mínimo necesario para destituir a la mandataria, dos tercios de los 81 legisladores que componen la Cámara Alta de ese país.

Entre lágrimas, gritos y referencias a Dios, el Senado brasileño se adentró ayer en el debate final antes de votar hoy si destituye a Rousseff.

"Fue Dios quien hizo que, en el mismo momento, varias personas percibieran lo que sucedía en el país", añadió esta abogada en sus argumentos para probar que la primera mujer en presidir Brasil violó la Constitución al manipular las cuentas públicas y que por eso debe dejar la presidencia.

Pero el abogado defensor de la presidenta, el exministro José Eduardo Cardozo, destacó que una destitución de Rousseff sería "una pena de muerte política".

Tan dramático ha sido este juicio en Brasil que, durante la sesión de ayer, tanto el abogado de defensa como el de la acusación, lloraron.

La presidenta brasileña se defendió el lunes durante más de 14 horas, en una sesión histórica en la que que reiteró su inocencia y afirmó ser víctima de un "golpe" para reemplazarla hasta fines de 2018.

"No acepten un golpe que en vez de solucionar, agravará la crisis brasileña", pidió Rousseff al pleno de 81 senadores, convertidos en una especie de Gran Jurado.

La sesión sacó a la luz los problemas que afectan a la sociedad brasileña: una crisis económica galopante y una corrupción endémica.

Rousseff fue suspendida de su cargo el 12 de mayo y asumió de forma interina su exvicepresidente Michel Temer. Este político conservador, de 75 años y enemigo acérrimo de Dilma, será formalmente el nuevo presidente de Brasil.

El impeachment cerrará cuatro ciclos en el poder del emblemático Partido de Trabajadores (PT), referencia regional de la izquierda. Un final trágico para esta organización nacida en los años 80 por movimientos sindicales liderados por Lula y conocido en el mundo por exitosos programas sociales que lograron a sacar a millones de la pobreza.

Pero los escándalos salpican a toda la clase política y a la élite brasileña. En este juicio político emergieron más que nunca las interrogantes sobre la legitimidad que puede tener este Senado para emitir un veredicto, cuando tiene a más de la mitad de sus miembros involucrados o investigados por casos de corrupción.

La lucha de Rousseff fue casi en solitario. De la amplia coalición que heredó, uno a uno la fueron abandonando. Y su popularidad apenas alcanza el 13%.

Dilma Rousseff insiste en que es víctima de un "golpe de Estado" y que está en juego la democracia de Brasil, pero sus opositores dicen tener las cartas para destituirla, ya que según ellos, la presidenta "violó la Constitución" al manipular las cuentas públicas.

La mandataria es acusada de maquillar las cuentas públicas, un cargo muy técnico que formaba parte de una denuncia más amplia, que no fue aceptada porque abarcaba el primer mandato de Rousseff, que terminó en 2014.

La acusación afirma que, bajo responsabilidad de Rousseff, el gobierno maquilló las cuentas públicas a través de "pedaladas" fiscales (como se denomina en portugués a una "bicicleteada" de dinero), un mecanismo usado por el Tesoro Nacional para retardar el traspaso de dinero a bancos públicos y privados y a grandes administraciones.

Rousseff también está acusada de dictar tres decretos y ampliar gastos sin aprobación legislativa, ignorando las metas fiscales aprobadas previamente por el Congreso, una estrategia contable que según la defensa, fue utilizada anteriormente por varios gobiernos.

La denuncia original incluía denuncias de corrupción relacionadas con el fraude a Petrobras, que fueron excluidas por el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, que se centró en las faltas fiscales.

La abogada acusadora, Janaína Paschoal, estimó que el argumento de que Rousseff "está siendo apartada por un problemita de contabilidad" deja abierta la duda "razonable para que se piense que hay un golpe". Pero, insistió, "el pueblo brasileño fue víctima de un fraude". "El impeachment es un remedio constitucional al que necesitamos recurrir cuando la situación se revela especialmente grave", dijo.

Ya hace algunos meses, después de suspendida y cuando su condena ya parecía escrita, Rousseff propuso llamar a un referéndum para adelantar las elecciones, como parte de una reforma política. La opción ya fue rechazada por Temer.

Salvo un milagro, Rousseff será destituida y saldrá de la residencia presidencial de Alvorada, donde estuvo prácticamente execrada los últimos meses, y partirá a Porto Alegre, donde viven su hija y nietos.