Las víctimas de la Justicia

Inculpados sin razón, ahora piden resarcimiento al Estado

Tome entre sus manos una aguja y un hilo. Enhebre. Sostenga con una mano la aguja y con la otra presione su labio inferior y superior, y empiece a coser. Sienta una a una las puntadas en su boca. Aguante el dolor y seque con un trapo la sangre que chorrea. Consiga más hilo y enhebre de nuevo.

Elija uno de sus ojos. Mírese en un espejo y recuerde su imagen. Tome fuerza y apriete sus párpados, y clave la aguja con delicadeza. Sienta cómo el lagrimal funciona y goce de los últimos destellos de luz. Pídale a alguien que le haga el favor de hacer lo mismo en su otro ojo. Ya falta menos. Escuche sus gritos. Está a dos o tres puntadas de que todo termine y empiece el dolor más profundo, el de aguantar la oscuridad y el silencio por tiempo indefinido. Cuando haya finalizado, échese al piso y empiece a morir.

A los 18 años, Rodrigo Acevedo pensó que este era un buen plan para reclamarle a la Justicia que había sido encarcelado en el Comcar por una rapiña que no cometió, una práctica que suelen hacer los "presos pato", como se conoce a los reclusos que aseguran ser inocentes pero no tienen a nadie que pelee por su libertad al otro lado de las rejas. Pero este no era su caso. Rodrigo tenía una madre que hacía de muro de contención, y un padre chofer de ómnibus que iba a diario al juzgado para conocer de primera mano los avances en el expediente de su hijo. Lo acusaron de robar una oficina de la empresa de ómnibus Raincoop y el 23 de noviembre de 2011, con el sol recién saliendo, marchó preso. Después de cuatro años encarcelado, una pericia en las imágenes de las cámaras de seguridad mostraron que Rodrigo no era la persona del robo.

De acuerdo al fiscal de Corte, Jorge Díaz, 64% de los presos en Uruguay no tienen condena. Es decir, una persona puede haber ido presa por la llamada "prisión preventiva" –mientras avanza la investigación penal– siendo inocente. El proceso penal actual, por eso mismo, da lugar a algunos casos de prisión indebida.

Entre 2008 y el primer semestre de 2016, 166 personas demandaron al Estado por prisión indebida.
Entre 2008 y el primer semestre de 2016, 166 personas demandaron al Estado por prisión indebida.
Fue también una mañana, el 21 de mayo del 2009, cuando la Policía fue a buscar a Jonathan Farías a su casa en Paso de la Arena. Los efectivos le tiraron la puerta abajo, llegaron hasta la cama donde estaba durmiendo, lo esposaron y se lo llevaron en calzoncillos a la comisaría 23. "Cállese la boca", le contestaban cuando preguntaba por qué lo habían puesto bajo arresto. Después de unas horas, frente al juez y sin abogado defensor a la vista, Jonathan fue acusado y procesado por dos delitos de rapiña, una en un supermercado y otra en el cyber del barrio en donde era cliente. Después de unos días en Cárcel Central, su destino sería el Comcar. "La primera noche me acosté a dormir sobre un colchón tirado en un piso mojado, me quedé dormido y de repente sentí cómo caía el agua del desagüe. Ahí desperté y me quise morir. En ese momento me cayó la ficha de que estaba preso". Cuatro años después, el Tribunal de Apelaciones de 4° Turno determinó que Jonathan no había participado en ninguna de las dos rapiñas y quedó en libertad.

A ese mismo módulo de "bienvenida" fue a parar en noviembre de 2013 Pablo Pecotiello, el "famoso tachero rapiñero", como lo catalogó el guardia del Comcar que lo recibió. "Acá no las vas a pasar bien", le dijo mientras le sacaba las esposas. El 29 de octubre, Pablo estaba durmiendo en su casa después de una madrugada de trabajo en el taxi cuando su esposa Gabriela le avisó que un móvil policial lo había ido a buscar. "Me dijeron para trasladarme hasta Jefatura, que querían hacerme unas preguntas de rutina". En menos de 24 horas, Pablo fue acusado y procesado de robarle a una pasajera que 15 días antes había denunciado haber sido víctima de una rapiña luego de un viaje en taxímetro. Un mes pasó tras las rejas hasta que se lo liberó luego que el GPS interno del taxi mostrara que nunca había pasado por la puerta de la casa de la denunciante.

Richard Peralta, a sus 38 años, también fue procesado y enviado a prisión, un lugar al que conocía bien pero del otro lado del mostrador como subjefe del centro de reclusión departamental de Canelones. El 13 de marzo de 2009, este oficial de carrera, esposo y padre de dos niñas, fue acusado por el Ministerio del Interior de falsificación de documento público, modificando el legajo de algunos presos para reducirles la pena. Una sola pericia caligráfica fue prueba suficiente para que el fiscal y el juez del caso determinaran la implicancia y culpabilidad de este policía. Un mes después, el lunes que siguió al Domingo de Pascuas, sus "colegas" lo fueron a buscar. Dos años estuvo recluido en la chacra-cárcel de Canelones, hasta que los integrantes de la Suprema Corte de Justicia hicieron la revista anual de cárceles y le concedieron la libertad por gracia. Dos análisis caligráficos posteriores determinaron que la letra en los legajos modificados no era de Peralta, y había estado encarcelado siendo inocente.

Rodrigo, Pablo, Jonathan y Richard, cada uno con su historia de cárcel a cuestas, tienen dos cosas en común: los cuatro fueron presos siendo inocentes y le reclaman al Poder Judicial un resarcimiento económico por sus días tras las rejas.

El adolescente que quería ser chofer

Las víctimas del sistema judicial: Rodrigo

A dos meses de haber alcanzado la mayoría de edad, Rodrigo Acevedo fue a parar al Comcar tras ser procesado por el delito de rapiña en una oficina de la empresa Raincoop. Y ese día, su deseo de seguir los pasos de su padre en la empresa Cutcsa se truncó.

Cuando llegó a la cárcel lo raparon a cero, y pasó a habitar una celda con 11 personas más. "En todo momento le dije al juez y al fiscal que era inocente, pero ninguno creyó en mi palabra", contó Rodrigo a El Observador.

El tiempo que pasaría preso no era una incógnita; en el juzgado le advertieron que le darían unos siete años. "Cuando llegué fue todo problema. Por la droga principalmente, ya ni bien entrás, empezás a ver cosas fuera de lo común; gente que se mata por una pitada, por comer algo, por los paquetes. La gente está todo el día tensa esperando por un problema". Asegura que una sola idea le venía a la cabeza a diario: "Yo pensaba 'Mañana me voy, mañana me voy', pero cuando pasó el primer año dije: 'Ya está, voy a tener que hacer la cana de punta a punta'".

Su padre tenía miedo de que volviera a consumir pasta base, adicción por la cual había estado bajo tratamiento siendo menor. "Pero siempre me mentalicé que no podía volver a consumir porque la mitad de los problemas en la cárcel son por eso".

Para descontar días de encierro, Rodrigo empezó a trabajar. Consiguió una comisión en la quinta de la cárcel, después se hizo fajinero; fue ranchero repartiendo la comida de los presos y terminó ordeñando vacas y trabajando con cerdos en una cárcel-chacra cercana al Comcar.

"Era otra cosa la chacra, no había líos, y tu pareja se podía quedar de viernes a domingo a dormir con vos". Fruto de una de esas noches es su hijo Mateo, hoy de 3 años, a quien no tiene pensando contarle cuando crezca en dónde estuvo durante sus primeros años de juventud.
"Si no hubiera tenido a mi familia, no estaba acá, porque me mataban o terminaba en un problema".
Estando en la cárcel, Rodrigo perdió a su abuelo, y un móvil lo trasladó desde el Comcar para que asistiera al velatorio 10 minutos. Pero esta no fue la única pérdida que vivió tras las rejas. Gracias a las salidas transitorias que consiguió, pudo acompañar a su padre en los últimos días de su vida. "Se me murió un mes antes de que me dieran la libertad". Antes de caer enfermo, su padre pagó US$ 7.000 para realizar una pericia técnica en las imágenes que mostraban el momento del robo en Raincoop, en las cuales quedaba claro que él no había participado. "Éramos muy parecidos con el pibe que robó. Pero parecidos no significa que sea. ¿Por parecerse te comés cuatro años preso? Ni el fiscal ni el juez aceptaron esa pericia, hasta que la madre del pibe que había robado reconoció a su hijo en la imagen y lo hizo entregarse".

Hoy, con 23 años y tras pasar 1.254 días preso, Rodrigo pretende que el Estado le pague por los años perdidos. "Los cuatro años no me lo sacan del lomo", asegura. Su abogado, Iván Almeida, presentó una demanda reclamando unos US$ 250 mil. Con lo que cobre, le gustaría comprarse una casa para dejarle a su hijo y abrir un negocio para trabajar, ya que el ingreso a Cutcsa por ahora no es posible. Para él, "no es difícil reinsertarse" en la sociedad tras el paso por la cárcel "si querés hacer las cosas bien en la calle". En lo único que debió "reeducarse" al obtener la libertad fue en su léxico. Las palabras del "idioma tumbero" quedaron atrás y al "marroco", por ejemplo, volvió a decirle pan.

Con la huella de la cárcel en la cara

Las víctimas del sistema judicial: Jonathan Farías

Todas las mañanas cuando Jonathan va al baño y se enfrenta al espejo, en su mejilla derecha ve un tajo largo. Es casi imperceptible para quien lo ve por primera vez, pero para él es la marca que le recuerda a "Saigón", como llama al Comcar. "Me peleé con cuchillo por temas de convivencia, para hacerme respetar, porque si te ven que estás muy quieto en la cárcel te quieren faltar el respeto".

Jonathan nunca había estado preso y debió aprender a "sobrevivir" cuando lo encerraron tras ser procesado por dos rapiñas –en un cyber y en un supermercado– delitos que asegura no haber cometido.

El primer tramo en prisión, entre sus 20 y 22 años, estuvo sin hacer nada. "Las 24 horas del día comiéndome la cabeza", dice. Recién en el tercer año pudo empezar a estudiar y consiguió una comisión de trabajo que lo mantenía ocupado y le permitía ganar algo de dinero. Una noticia cambió sus días dentro de la prisión: iba a ser padre. "Eso fue bueno, me dejó más tranquilo porque al principio estaba hecho una bomba de tiempo, y ahí achiqué cuando me enteré que iba a tener una hija".

Su hermana dio con la abogada Carolina Bautel, que empezó a trabajar para que Jonathan quedara en libertad. "Por suerte, ella siempre me creyó. A mí supuestamente me identificaron por tener ojos claros y un buzo, pero todos (los testigos) decían que yo no era". Luego de cuatro años encarcelado, Jonathan fue liberado. El Tribunal de Apelaciones de 4° Turno determinó que Jonathan no había participado en ninguna de las dos rapiñas: en la del cyber estaba en el lugar como cliente, y cuando ocurrió la del supermercado, a esa hora él estaba trabajando en una feria.

"La cárcel es una escuela del crimen, por más que no quieras, aprendés".

"Ya superé todo y lo dejé atrás. ¿Pero sabés cuántas muertes ves adentro de la cárcel? ¿O cosas
injustas? Muchas. Un botija al que le dan dos o tres puñaladas, al lado tuyo, para sacarle los championes y vos no podés hacer nada. O uno al que le dieron una puñalada en el pecho, y cayó en un charquito y se ahogó en un poquito de agua. No lo superás así nomás", dice. Cuando quedó en libertad, en el Patronato de Liberados le ofrecieron ir al psicólogo. "Me mandaron, pero yo no confío en el psicólogo, no confío en nada". Asegura que las visitas al Patronato tampoco le sirvieron de mucho. "Fui varias veces y fue gastar plata en boletos al pedo. El Estado no me dio ni siquiera un trabajo". Jonathan consiguió empleo en obras de construcción y como delivery en una pizzería, pero se quedó sin trabajo y ahora vive de changas. Y conseguir un puesto "en caja" no le ha sido fácil.

"Es complicado porque te tienen que dar la oportunidad, y no hay mucha gente que te dé la oportunidad. Me pasó una vez que me pidieron la cédula, y a los otros que también estaban por el trabajo los tomaron y a mí no porque había estado preso. Cuando les decís que vos no fuiste, que estuviste preso siendo inocente, no te creen mucho. Se piensan que la Justicia acá es perfecta y que si te procesaron por algo fue; pero acá la Justicia te procesa de onda".

Ahora, Jonathan espera que el Poder Judicial le pague lo que le corresponde por los 1.593 días que estuvo encarcelado siendo inocente, cifra que ronda los US$ 100 mil. Si bien la sentencia fue a su favor, y la Suprema Corte de Justicia debería cubrirla con fondos propios (y no con Rentas Generales como solía ocurrir), todos los pagos están "congelados" hasta que se defina si es o no inconstitucional que se haya modificado de dónde se saca el dinero con el que el Poder Judicial paga.

El tío veterano de la prisión

Las víctimas del sistema judicial: Pablo Pecotiello

A Pablo Pecottiello la vida le cambió la mañana del 29 de octubre de 2013, cuando la Policía fue a buscarlo a su casa con el pretexto de hacerle unas preguntas. Lo llevaron a la Jefatura de Montevideo, lo interrogaron sobre su área de trabajo como taxista, le sacaron unas fotos y lo señalaron de haber robado a una pasajera.

"Me hicieron sacar los championes, el cinto... y ahí me puse a llorar. Les pedía que me explicaran y nadie me decía nada. Me dijeron que iba a pasar la noche y el 30 me llevaron al juez. Con los días me enteré que uno de los policías le dijo en ese momento a mi hermana: 'Consiganle un buen abogado'".

Al taxista de pelo canoso y ojos claros lo habían puesto junto a cuatro jóvenes de tez morocha y pelo oscuro atrás de un espejo para ser identificado. "Yo vi un dedo señalándome, y ahí los muchachos me dijeron: 'Vamo arriba veterano, que no decaiga".

Pablo le insistió a su abogado en que el fiscal o el juez verificaran la información del GPS interno del taxi que manejaba, que registraba minuto a minuto el recorrido del móvil. La tecnología sería su salvación, si alguien se tomaba la molestia en verlo. Sin embargo, esa prueba no se tuvo en cuenta y Pablo fue enviado al Comcar.

"Gracias a un muchacho llamado Christian pude llevarla, él me explicaba cómo tenía que comportarme y tratar de pasar lo más desapercibido posible ahí adentro. Pero muchos me venían a hablar, y me pedían consejos. Me decían el tío".

Su caso se hizo público a través del programa periodístico Santo y seña, en el que se mostró que el GPS interno del taxi daba cuenta que Pablo jamás había pasado con el coche que manejaba por la calle en donde vivía la pasajera que había denunciado haber sido robada en la puerta de su casa.

A los pocos días, una nueva instancia judicial determinó la libertad de Pablo. "Para ese momento estaba en el módulo 3, y un preso llamado el Perkin me llevó a la iglesia y me dijo: 'Yo te voy a dar la libertad'. Era un viernes, y ya veía que pasaba otro fin de semana adentro. Pero al rato, escuchando la radio, me entero por el periodista Mariano López que me habían dado la libertad".

"Empapelé Montevideo con mi currículum para conseguir un trabajo, y nunca nadie me llamó".

La salida del Comcar entre aplausos y cámaras de televisión que registraban el momento hizo que el calvario se transformara en fiesta. El regreso a su casa, a la cotidianeidad de tomar mate con su esposa en la vereda, no hizo que olvidara fácilmente la nefasta experiencia tras las rejas. "Estuve bajo tratamiento psiquiátrico casi seis meses, tomando medicación (antidepresivos y pastillas para dormir), pero era caro y estaba sin trabajo, así que llegó un momento en el que me di el alta solo". Él dice que "no estaba loco" sino que lo que necesitaba era desahogarse.

Luego de la cárcel no quiso volver al taxi; agarró una changa como vendedor de fuegos artificiales y fue fletero hasta que el humo de un mediotanque le disparó una idea. "En el barrio no había un carro de chorizos, así que se me ocurrió poner uno. Con mi esposa compramos dos kilos de chorizos, un poco de mayonesa, conseguí unos panes y me puse a vender".

Con 46 años, Pablo está litigando con el Estado para que se le pague por los días en prisión. "Le debo plata a mi familia, que solventó toda la situación, y quisiera devolverla. Lo único que me desmoralizó un poco es que para el Estado, por cada día preso, valés como máximo US$ 80. Espero que con lo que saque me dé para pagar algo".

Con el uniforme en el ropero

"Con 45 años estoy volviendo a empezar, estoy resurgiendo de las cenizas. La carrera me la truncaron". A cinco años de haber salido de la cárcel, tras ser acusado y procesado por falsificación de documentos cuando ocupaba el cargo de subdirector de la cárcel de Canelones, Richard espera que el Poder Judicial le pague por los más de dos años de prisión que debió vivir en una chacra de Canelones siendo inocente, cifra que en su caso ronda los US$ 30 mil.

Dos análisis caligráficos posteriores a su libertad determinaron que la letra en los legajos modificados no era suya. Al igual que Jonathan Farías, este expolicía es rehén de un problema entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. "El Estado ha vulnerado mis derechos y los sigue vulnerando, porque parece que ahora no tienen plata para pagar".

"La Policía se lleva en el corazón, no se lleva en el uniforme".

La prisión además de afectar su vida profesional "destrozó" su vida personal y terminó con su matrimonio. Al salir en libertad debió mudarse a Tacuarembó para tener trabajo, trabajando en la farmacia que le dejó su padre a la familia. "Todos los cursos de la Policía que había hecho en la vida civil no sirven para nada". Con el tiempo logró superar el "que dirán" que lo llevó a guardar en silencio sus años de reclusión. "Por más que des explicaciones, la gente se queda con esa idea. El ser humano por naturaleza piensa mal".


Las causas

Cuando una persona es procesada se inicia el juicio, pero se presume inocente hasta la condena, que puede demorar años. Al momento del procesamiento, algunas personas son enviadas a la cárcel bajo la figura de "prisión preventiva". Con el cambio en el proceso penal, que se aplicará desde julio de 2017, se limitará el uso de la prisión preventiva y se acortarán los plazos para dictar condena o absolución.

¿Qué obliga al Estado a pagar?

En Uruguay, "quien haya sufrido prisión preventiva en un proceso penal sin haber sido en definitiva condenado a pena privativa de libertad por lo menos igual al lapso de prisión preventiva sufrida, tendrá derecho a recibir del Estado la indemnización en dinero de los perjuicios materiales y morales que dicha prisión preventiva –el exceso de ella, en su caso– le hubieren causado", según la ley 15.859. Entre 40 y 80 dólares es lo que paga el Estado por día de prisión indebida, según informó a El Observador la Suprema Corte de Justicia.









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