Las "villas miseria", el escenario de la nueva disputa política

Los vecinos de la Villa 31, la mayor y más célebre de las "villas miseria" de Buenos Aires, están viviendo días atípicos: acostumbrados a que el barrio sólo salga en las noticias por alguna noticia policial, de pronto se transformaron en un botín de disputa política.

Primero, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner lo eligió como lugar desde el cual dar un mensaje político, al volver a la capital para hacer una nueva "gira" por los juzgados.

Como sabe todo buen político en campaña, visitar un barrio pobre ya es un mensaje en sí mismo, más allá de lo que se diga en un discurso. Y para Cristina, la foto junto a los vecinos que le pedían "selfies" y que le prepararon una entrevista en un medio comunitario fue una excusa perfecta para machacar en su tema preferido: el contraste entre la "inclusión social" de su gobierno versus el apego del macrismo por el ajuste.

Días después, el gobierno también jugó su rol protagónico en la villa. Horacio Rodríguez Larreta anunció un ambicioso plan de urbanización que incluye el desvío de la actual traza de la autopista, de manera que se pueda generar un espacio verde donde haya una avenida, viviendas y hasta oficinas del Ministerio de Educación.

Pero, lo más importante, después de años de debate sobre qué hacer con una villa que se ubica en terrenos potencialmente apetecibles para desarrollos inmobiliarios, es que el jefe de gobierno de la Ciudad anunció que los vecinos de la villa tendrán sus títulos de propiedad.

El tema, como siempre, desató un debate instantáneo. Para aquellos que se apasionan por la pelea kirchnerismo-macrismo, fue otra gran oportunidad de confrontar.

Así, los oficialistas asumen este anuncio como una respuesta concreta a un gobierno que, a pesar de su "relato" inclusivo, se fue con más población viviendo en villas respecto de las que había en su inicio. Mientras que los K consideran que es apenas una estratagema publicitaria para mostrar que el macrismo hace algo por cumplir su difícil consigna de "pobreza cero".

Pero hay también otras peleas que trascienden las filiaciones partidarias y que tienen que ver con cuestiones más filosóficas, más de políticas de largo aliento.

Es así que los anuncios giran en torno a si está bien o mal que se entreguen los títulos de propiedad a quienes, técnicamente, son usurpadores de espacios públicos. O que el Estado invierta el equivalente a US$ 400 millones en obras de pavimentación de calles, construcción de edificios, enjardinados y hasta el nuevo trazado de una autopista para un barrio en el cual el 53% de los habitantes son extranjeros, según el último relevamiento del Instituto de la Vivienda de la Ciudad.

En todo caso, lo que el debate sobre la Villa 31 ha puesto sobre el tapete es la necesidad de que se planteen políticas específicas para este tema. Lo que implica, para empezar, asumir una realidad: Buenos Aires, que se espantaba ante fenómenos como las favelas brasileñas, ya tiene el problema de la marginalidad, el hacinamiento y la precariedad habitacional en su propio corazón, a escasos metros del obelisco y de los barrios más cotizados de la ciudad.

Con el agravante, además, del copamiento por parte del narcrotráfico. No muy diferente de lo que ocurre en barrios marginales de cualquier gran ciudad latinoamericana.

Con sus 40.000 habitantes que conviven en 320 hectáreas donde ya hay edificios de cinco pisos, la Villa 31 no puede ser desplazada ni reubicada. Como tampoco lo pueden ser otros grandes barrios marginales, que crecen a una velocidad muy superior a la del promedio de la población, gracias a la alta natalidad de sus habitantes y a la recepción continua de migrantes.

La primera gran señal sobre el crecimiento imparable de las villas ocurrió hace cinco años, cuando una multitud superior a las 13.000 personas invadieron el Parque Indoamericano, una extensa zona verde del barrio de Soldati, e inmediatamente comenzaron a lotearlo, demarcar parcelas e iniciar planes de construcción.

Fueron días violentos, con represión policial y acusaciones cruzadas entre los gobiernos nacional y de la ciudad.

Finalmente, se revirtió la ocupación, en parte por la gestión municipal y en parte por la presión de los irritados vecinos de Soldati, que alegaban que, si se formalizaba una nueva villa frente a sus departamentos, sufrirían una pérdida de 40% del valor de sus propiedades.

Pero aquel incidente tuvo el efecto de blanquear ante el resto de la sociedad algo que hasta entonces estaba oculto: el negocio inmobiliario de la economía negra. La población se asombró al enterarse de que los ocupantes del Parque Indoamericano eran inquilinos de villas que ya no podían pagar los alquileres, tras un ajuste del 50%.

Y no sólo se trataba de alquileres elevados en términos de los ingresos de esas zonas marginales: eran altos incluso comparados con otros barrios.

Al día de hoy, una pequeña pieza en la 31 puede costar 4.000 pesos argentinos (unos $ 8.000 uruguayos) mensuales, un monto perfectamente comparable, si no superior, al de barrios de clase media como Caballito.

La pregunta inevitable es: ¿cómo es posible que se den semejantes niveles de precios en barrios marginales con estos niveles de precariedad?

Un informe de Reporte Inmobiliario reconocía que era en esas zonas marginales donde se obtenían las rentabilidades más altas por alquiler de toda la Argentina.

Para los economistas, la situación es relativamente fácil de explicar: como siempre, la clave reside en la ley de la oferta y la demanda.

Del lado de la demanda, hay una población que crece a una tasa mayor que la cantidad de viviendas disponibles. Como se trata en su casi totalidad de personas que no pueden acceder al mercado formal, por no contar con empleo fijo, ni ingresos regulares, garantías y en muchos casi ni siquiera documentación legal, les resulta vedado buscar alternativas fuera de los asentamientos irregulares.

La prueba más concluyente sobre la situación precaria de estos inquilinos y sobre el poder desigual de negociación con los propietarios está dada por las rentabilidades de alquiler que les queda a estos "propietarios". La estimación de Reporte Inmobiliario es que se puede llegar hasta 50% de ganancia anual sobre el presunto valor del inmueble, un nivel 10 veces superior al de la renta de alquiler en un barrio promedio de Capital.

Con este panorama, la propuesta del gobierno de la ciudad para otorgar títulos cuenta con un punto a favor: contribuye a terminar con una "mafia inmobiliaria" de las villas y a una baja en los precios de alquiler. Es apenas un primer paso que está lejos de terminar con el problema de fondo.