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Lava Jato: fiscal general de Brasil pide investigar a 83 políticos
La solicitud se basa en el testimonio de ejecutivos de Odebrecht; presión sobre el partido de Temer
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15 de marzo de 2017 a las 05:00
El fiscal general de Brasil, Rodrigo Janot, solicitó ayer la apertura de 83 investigaciones contra políticos con fueros en el marco del escándalo de corrupción en Petrobras, a partir de las confesiones de exejecutivos de Odebrecht.
Janot envió los pedidos al Supremo Tribunal Federal (STF), "con base en los acuerdos de delación premiada firmados con 77 ejecutivos y exejecutivos de las empresas Odebrecht y Braskem", filial petroquímica de la constructora, precisó la Fiscalía en un comunicado.
El organismo no divulgó la identidad de los sospechosos ni los hechos que se les adjudican, porque los expedientes se encuentran bajo secreto de sumario. Pero por tratarse de un pedido al STF, en cada solicitud hay involucrado por lo menos un político con fuero privilegiado, como ministros y legisladores.
También podrían figurar en la misma causa personas sin fueros, pero estrechamente relacionadas con los delitos investigados, indicó una portavoz del Ministerio Público Federal (MPF).
El MPF pidió además abrir otras 211 investigaciones por instancias que tratan de denuncias contra personas sin fueros.
Algunos testimonios filtrados en los últimos meses a la prensa apuntan directamente a integrantes de la cúpula del PMDB, el partido del presidente conservador Michel Temer, quien asumió el poder en 2016 después de que el Congreso destituyera a la mandataria de izquierda Dilma Rousseff.
Con la economía sumergida en la peor recesión de la historia, Temer sostiene que su prioridad es sacar al país de la crisis y crear empleos. Pero las filtraciones de algunas delaciones de Odebrecht lo salpican directamente, junto a varios de sus principales asesores.
Después de aclarar que no pretende "blindar" a ningún miembro de su gobierno de la investigación Lava Jato, el mandatario afirmó recientemente que los ministros mencionados en las investigaciones solo serán suspendidos y que esperará a que sean formalmente inculpados para removerlos de sus cargos. Una etapa del proceso que puede demorar en llegar.
Desde que reemplazó a Rouseff en mayo de 2016, Temer ya perdió a seis ministros por causas vinculadas a la Operación Lava Jato.
Quien determina la apertura de las investigaciones es el juez del STF Edson Fachin, encargado de este caso en la máxima corte del país.
En su pedido del martes, Janot solicitó a la Corte Suprema levantar el secreto de todo el material, para "promover la transparencia y garantizar el interés público".
Unos 116 fiscales tomaron más de 950 declaraciones judiciales a los delatores de la constructora. Las comparecencias fueron filmadas.
El material –que incluye unos 500 GB de archivos digitales– será divulgado cuando lo ordene el juez Fachin.
Hasta que esto ocurra, los testimonios y documentos permanecerán en una "sala-cofre" de la corte, a la que "sólo funcionarios autorizados tienen acceso", informó la asesoría del tribunal.
La Operación Lava Jato (lavadero de autos), lanzada hace tres años, destapó una trama de corrupción en la estatal Petrobras, expoliada por políticos y constructoras para financiar campañas y enriquecer a políticos. Los desvíos de fondos públicos superaron los US$ 2.000 millones.
Las condenas ya dictadas en primera instancia por la Justicia (que juzga a personas sin fuero privilegiado) suman ya más de 1.300 años de cárcel.
La comparecencia del líder de la izquierda ante un juez de Brasilia se produjo en un clima político enrarecido, con el telón de fondo de un pedido de investigaciones contra decenas de ministros y legisladores mencionados en las confesiones de 78 exejecutivos.
"No autoricé ni tuve conocimiento de que esas gestiones, las cuales se hicieron en directa violación de las normas éticas y de control que exigí, se impusieran en la campaña", señaló el mandatario en un video publicado en su cuenta en Twitter.
Visiblemente molesto, Santos pidió "a las autoridades competentes" que "sancionen a los responsables de cualquier acto de corrupción", a la vez que lamentó lo ocurrido.
"Pido excusas a los colombianos por este hecho bochornoso que nunca ha debido suceder y del que me acabo de enterar", agregó.
Momentos antes, Roberto Prieto, ejecutor de recursos en la pugna electoral que llevó a Santos por primera vez a la Presidencia y luego gerente de la campaña para su reelección en 2014, había reconocido que Odebrecht financió propaganda del actual mandatario en los comicios de 2010.
"A mí me dijeron 'Hay que contratar dos millones de afiches' y digo: '¿Quién paga eso?', 'Lo paga Odebrecht, mándele la factura a Odebrecht' y eso fue lo que yo hice", dijo Prieto a Blu Radio.
"Lo tengo que decir honestamente: eso fue una operación irregular y la campaña lo tendrá que aceptar y lo va a aceptar. Y es una operación irregular donde el presidente no tuvo nada, absolutamente nada que ver", precisó.
En reacción a las declaraciones de Prieto, el gerente de la campaña de Santos en 2010, Santiago Rojas, emitió un comunicado en el que también defendió al presidente y aseguró que éste "no tuvo injerencia en el manejo de los recursos de la campaña".
Janot envió los pedidos al Supremo Tribunal Federal (STF), "con base en los acuerdos de delación premiada firmados con 77 ejecutivos y exejecutivos de las empresas Odebrecht y Braskem", filial petroquímica de la constructora, precisó la Fiscalía en un comunicado.
El organismo no divulgó la identidad de los sospechosos ni los hechos que se les adjudican, porque los expedientes se encuentran bajo secreto de sumario. Pero por tratarse de un pedido al STF, en cada solicitud hay involucrado por lo menos un político con fuero privilegiado, como ministros y legisladores.
También podrían figurar en la misma causa personas sin fueros, pero estrechamente relacionadas con los delitos investigados, indicó una portavoz del Ministerio Público Federal (MPF).
El MPF pidió además abrir otras 211 investigaciones por instancias que tratan de denuncias contra personas sin fueros.
Algunos testimonios filtrados en los últimos meses a la prensa apuntan directamente a integrantes de la cúpula del PMDB, el partido del presidente conservador Michel Temer, quien asumió el poder en 2016 después de que el Congreso destituyera a la mandataria de izquierda Dilma Rousseff.
Tensión en el Congreso
El poder de daño de la delación genera tensiones en el Congreso, que concentra su atención en distintas iniciativas para amnistiar delitos ligados a la financiación de campañas y relega a segundo lugar las tentativas del gobierno de apurar una espinosa reforma de las jubilaciones.Con la economía sumergida en la peor recesión de la historia, Temer sostiene que su prioridad es sacar al país de la crisis y crear empleos. Pero las filtraciones de algunas delaciones de Odebrecht lo salpican directamente, junto a varios de sus principales asesores.
Después de aclarar que no pretende "blindar" a ningún miembro de su gobierno de la investigación Lava Jato, el mandatario afirmó recientemente que los ministros mencionados en las investigaciones solo serán suspendidos y que esperará a que sean formalmente inculpados para removerlos de sus cargos. Una etapa del proceso que puede demorar en llegar.
Desde que reemplazó a Rouseff en mayo de 2016, Temer ya perdió a seis ministros por causas vinculadas a la Operación Lava Jato.
Quien determina la apertura de las investigaciones es el juez del STF Edson Fachin, encargado de este caso en la máxima corte del país.
Levantar secreto
El STF debe decidir ahora si hay elementos para abrir las investigaciones solicitadas, que pueden conducir a formular las denuncias correspondientes.En su pedido del martes, Janot solicitó a la Corte Suprema levantar el secreto de todo el material, para "promover la transparencia y garantizar el interés público".
Unos 116 fiscales tomaron más de 950 declaraciones judiciales a los delatores de la constructora. Las comparecencias fueron filmadas.
El material –que incluye unos 500 GB de archivos digitales– será divulgado cuando lo ordene el juez Fachin.
Hasta que esto ocurra, los testimonios y documentos permanecerán en una "sala-cofre" de la corte, a la que "sólo funcionarios autorizados tienen acceso", informó la asesoría del tribunal.
La Operación Lava Jato (lavadero de autos), lanzada hace tres años, destapó una trama de corrupción en la estatal Petrobras, expoliada por políticos y constructoras para financiar campañas y enriquecer a políticos. Los desvíos de fondos públicos superaron los US$ 2.000 millones.
Las condenas ya dictadas en primera instancia por la Justicia (que juzga a personas sin fuero privilegiado) suman ya más de 1.300 años de cárcel.
Lula niega obstrucción judicial
El expresidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva negó ayer que hubiera tratado de obstruir las investigaciones del escándalo Petrobras y denunció una "masacre" mediática, que según sus partidarios busca impedir que se presente a las elecciones presidenciales de 2018.La comparecencia del líder de la izquierda ante un juez de Brasilia se produjo en un clima político enrarecido, con el telón de fondo de un pedido de investigaciones contra decenas de ministros y legisladores mencionados en las confesiones de 78 exejecutivos.
Santos y los aportes a su campaña
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, negó ayer conocer un aporte de Odebrecht a su campaña en 2010, luego de que un miembro de su equipo admitiera que la constructora brasileña, implicada en un escándalo internacional de corrupción, financió propaganda para las elecciones de ese año."No autoricé ni tuve conocimiento de que esas gestiones, las cuales se hicieron en directa violación de las normas éticas y de control que exigí, se impusieran en la campaña", señaló el mandatario en un video publicado en su cuenta en Twitter.
Visiblemente molesto, Santos pidió "a las autoridades competentes" que "sancionen a los responsables de cualquier acto de corrupción", a la vez que lamentó lo ocurrido.
"Pido excusas a los colombianos por este hecho bochornoso que nunca ha debido suceder y del que me acabo de enterar", agregó.
Momentos antes, Roberto Prieto, ejecutor de recursos en la pugna electoral que llevó a Santos por primera vez a la Presidencia y luego gerente de la campaña para su reelección en 2014, había reconocido que Odebrecht financió propaganda del actual mandatario en los comicios de 2010.
"A mí me dijeron 'Hay que contratar dos millones de afiches' y digo: '¿Quién paga eso?', 'Lo paga Odebrecht, mándele la factura a Odebrecht' y eso fue lo que yo hice", dijo Prieto a Blu Radio.
"Lo tengo que decir honestamente: eso fue una operación irregular y la campaña lo tendrá que aceptar y lo va a aceptar. Y es una operación irregular donde el presidente no tuvo nada, absolutamente nada que ver", precisó.
En reacción a las declaraciones de Prieto, el gerente de la campaña de Santos en 2010, Santiago Rojas, emitió un comunicado en el que también defendió al presidente y aseguró que éste "no tuvo injerencia en el manejo de los recursos de la campaña".
