Lecciones de la crisis del Mercosur

Los intereses nacionales, lo jurídico por encima de lo político y la estrategia regional
Los países no tienen amigos permanentes, sino intereses permanentes", dice Disraeli, en una sentencia decimonónica de pasmosa vigencia para la diplomacia moderna. La actual crisis del Mercosur es un buen ejemplo de ello. Si bien en pleno desenlace, algunas enseñanzas como esta ya se pueden extraer del atolladero sin precedentes en que se ha adentrado el bloque regional sobre su presidencia pro témpore.

Todo empezó a mediados de 2012, cuando Brasil y Argentina, entonces gobernados por Dilma
Rousseff y Cristina Kirchner, presionaron a Uruguay para suspender a Paraguay del Mercosur, y de ese modo hacer entrar a Venezuela por la vía rápida. En un principio, el gobierno de José Mujica —poco convencido de que la reciente destitución parlamentaria del presidente paraguayo Fernando Lugo configurara una violación del Protocolo de Ushuaia— resistió los embates de los dos grandes; pero finalmente cedió. Episodio que quedó cifrado en la tarjeta de memoria de los uruguayos con la famosa frase "lo político está por encima de jurídico".

Ahora, como en una versión fallida de la teoría del eterno retorno de Nietzsche, la historia se repite pero al revés. Paraguay se opone al traspaso de la presidencia temporal del bloque a Venezuela, Argentina y Brasil acompañan, y Uruguay —entonces en ejercicio de la presidencia— otra vez queda en el medio.

El gobierno uruguayo se niega al pedido de los otros tres socios fundadores de suspender la transferencia del mando al gobierno de Nicolás Maduro, alegando esta vez —y alegando bien— que "lo jurídico está por encima de lo político".

A nadie escapa la situación de Venezuela, su consabida crisis humanitaria, las violaciones a los derechos humanos, los presos políticos y su preocupante deterioro institucional. Cabría, desde luego, aplicarle la cláusula democrática del Protocolo de Ushuaia, y esta vez por las buenas razones. Pero los gobiernos de Brasil y Argentina no era eso lo que proponían, sino que Uruguay lo hiciera; y que lo hiciera de un modo bastante chapucero: salteándose el Tratado de Asunción y no entregando la conducción del bloque a Maduro. Lo que demuestra que si los gobiernos de Dilma y Cristina tenían poco apego por las normas y los tratados regionales, los actuales de Michel Temer y Mauricio Macri lo tienen en igual medida. Y esa no es forma de conducirse en relaciones internacionales.

Lo que vemos en Brasil y Argentina —antes y ahora— es una constante andadura a los bandazos sobre el tema de Venezuela, y siempre por cuestiones políticas.

La política exterior de los países debe ser una política de Estado, y no mutar en función de afinidades ideológicas u otras consideraciones meramente político-coyunturales. En diplomacia, lo único permanente son los intereses, podría decirse para comprimir en una sola sentencia la citada de Disraeli y la famosa máxima de Heráclito.

Lo que vemos, en cambio, en Brasil y Argentina —antes y ahora— es una constante andadura a los bandazos sobre el tema de Venezuela, y siempre por cuestiones políticas. Apenas en junio pasado, la delegación argentina ante la OEA fue la que movió los hilos para que el Consejo Permanente del organismo echara por tierra el intento del secretario general, Luis Almagro, de aplicar a Venezuela la Carta Democrática Interamericana.

En ese momento para el gobierno de Macri, y sobre todo para su titular de Exteriores, Susana Malcorra, primaron las ambiciones de la canciller de llegar a la Secretaría General de la ONU; esfuerzo para el cual necesitaba del concurso de Venezuela.

Brasil acompañó aquella moción en la OEA. Aunque Paraguay ya estaba firmemente emplazado en su dura postura frente al gobierno de Maduro, y fue de los pocos países que apoyaron el lance de Almagro.

De modo que las señales que se le dieron al gobierno uruguayo en los prolegómenos del traspaso de la presidencia del Mercosur fueron bastante confusas. Y si algo dejaron en evidencia, fueron los escasos reflejos institucionales con que se movieron sus socios —sobre todo Argentina—, amén de una gran improvisación.

Uruguay siempre debe buscar, en la medida de lo posible, la mancuerna con Paraguay.
El reciente entredicho de la Cancillería uruguaya con el gobierno de Brasil (su principal socio comercial) se inscribe en ese clima de escasa seriedad con que se ha tratado un asunto como el de Venezuela, y no solo en el Mercosur. Más allá de las declaraciones poco afortunadas de Nin Novoa en la Comisión de Asuntos Internacionales de Diputados, el ofrecimiento público que vino a hacer el canciller brasileño, José Serra, a Uruguay y que motivó esa declaración, fue bastante torpe y desdoroso.

Luego llegó la reversa aplomada del canciller uruguayo. Y en las redes sociales del Uruguay arreciaron las críticas. La gente cuestiona el manejo diplomático de la Cancillería en torno a Venezuela, pero sobre todo, lo que entienden es una defensa inexplicable del gobierno de Nicolás Maduro, al punto de "poner en riesgo" la relación con Brasil. Y mencionan las posibles motivaciones detrás de ello, desde los negocios de todos estos años con Venezuela hasta las afinidades ideológicas y un eventual temor a las represalias de Maduro, hombre de prosa poco domesticada.

Es posible que todas esas aristas entren en juego a la hora de la toma de decisiones. Pero en estas líneas no podemos darnos al análisis de motivaciones ni de intenciones, sino de hechos. Y los hechos son que los socios del Mercosur no han sido lo bastante congruentes consigo mismos sobre cómo tratar el caso de Venezuela.

Quizá, si alguna lección adicional a la de Disraeli se puede sacar de todo el entuerto venezolano, es que en diplomacia lo jurídico siempre debe estar por encima de lo político. Y la otra sería que Uruguay siempre debe buscar, en la medida de lo posible, la mancuerna con Paraguay. Por una razón estratégica: es la única manera de no quedar a merced de los caprichos y vaivenes ideológicos de los dos grandes del Mercosur.

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