Después de varios meses de estudio, y tras consultar a diferentes actores, diputados que integran la comisión especial de Innovación, Ciencia y Tecnología consideran que el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo para regular aplicaciones como Uber debe ser precisado, es inadecuado o lo tildan de ser "reaccionario y conservador".
Tras la polémica llegada de la multinacional, y sin normativa para regular a una aplicación que se considera ilegal, el Poder Ejecutivo presentó en marzo a la bancada de diputados del Frente Amplio un proyecto por el que se pretende regular en general la economía digital y por el que se faculta al Banco Central a bloquear cualquier operación desde y hacia las cuentas incumplidoras e impedir "preventivamente la transferencia de fondos".
Sin embargo, consultado por El Observador, el presidente de la comisión que analiza la normativa, el diputado nacionalista Rodrigo Goñi, dijo que la regulación propuesta por el gobierno es "inadecuada y absurda" y "contradice los principios generales que rigen la economía digital". Esto es, afirmó el diputado, porque se pretende regular con normas anteriores y que no se ajustan a la forma de negocio y de prestar servicios de las aplicaciones en internet.
Goñi aseguró, por otra parte, que el proyecto tiene un enfoque "reaccionario". "Las exageradas exigencias impuestas a todos los emprendimientos tecnológicos, generan un grave desestímulo y hasta un freno en la economía digital", indicó.
En ese sentido, luego de presentado el proyecto, las cámaras de Tecnología de la Información y Economía Digital afirmaron que, a su entender, por querer terminar con el problema de falta de controles a la multinacional Uber el gobierno podría perjudicar a otras empresas. Señalaron además que el proyecto tiene contradicciones tanto en las sanciones como sobre a quién está dirigida.
En eso coincide el diputado colorado Adrián Peña, quien afirma que se trata de un proyecto "muy general" y se reunió con el intendente Daniel Martínez para presentarle un proyecto de ley alternativo, que regule solo a Uber, informó El País.
En conjunto con otros legisladores de la oposición, Goñi trabaja en un proyecto alternativo en el que se diferencie a las plataformas teconológicas de los servicios finales, y que siga las directrices de la Union Europea, "que recomienda un control amistoso que promueva la libertad creativa".
"A la mayoría de los legisladores, incluidos los del Frente Amplio, no les convence" el proyecto, afirmó Goñi, quien aseguró que rechaza la propuesta normativa y ha propuesto al gobierno "borrar y empezar de nuevo".
Por su parte, el diputado frenteamplista José Carlos Mahía, dijo a El Observador que si bien se ve necesario legislar, teniendo en cuenta que la multinacional Uber no realiza los aportes tributarios correspondientes y que quienes trabajan con la aplicación ven sus "derechos laborales limitados", se debe tener cuidado y buscar la mayor presición técnica. "Tenemos que tener cuidado a la hora de utilizar una herramienta que sea efectiva para evitar eludir impuestos y que no sea una desestímulo para los avances de la tecnología", señaló.
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